La Región de Murcia, bajo la lupa ecologista por la falta de planes ambientales

La Región de Murcia atraviesa un momento decisivo en materia de protección ambiental. La gestión de sus espacios naturales, la planificación territorial y la seguridad jurídica se encuentran de nuevo bajo el foco público y la lupa ecologista. En apenas unos meses, Ecologistas en Acción ha formulado dos denuncias contra la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, alertando de lo que consideran una vulneración sistemática de la legislación estatal y autonómica sobre conservación de la naturaleza.

Las actuaciones judiciales paralelas, especialmente el juicio por el caso Novo Carthago, han vuelto a poner sobre la mesa los riesgos de actuar sin una planificación clara. Este proceso, centrado en la recalificación de suelos protegidos junto al Mar Menor para un macrocomplejo urbanístico, ha dejado al descubierto cómo la falta de instrumentos legales sólidos puede abrir la puerta a irregularidades y generar conflictos entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

Las denuncias ecologistas, junto con las lecciones derivadas del caso judicial, reflejan una misma preocupación: la debilidad del marco jurídico que protege los espacios naturales en la Región de Murcia.

Carrascoy y El Valle

El primero de los casos se centra en el Proyecto de Decreto con el que la Consejería pretende declarar la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Carrascoy y El Valle y aprobar su Plan de Gestión Integral, que abarca también las sierras de Altaona y Escalona.

El pasado 11 de junio, Ecologistas en Acción presentó un extenso escrito de alegaciones en el que advierte que dicho proyecto incumple la legislación ambiental vigente, tanto la estatal como la autonómica. En opinión de la asociación, la Administración regional ha optado por un instrumento «paralelo» —un plan de gestión— en lugar de culminar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), cuya tramitación se inició hace más de dos décadas y quedó detenida en 2005.

El colectivo recuerda que la Ley 6/2012 de la Región de Murcia y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad establecen la necesidad de integrar en un único documento los distintos regímenes de protección cuando coinciden en un mismo territorio. Sin embargo, el nuevo plan no lo hace, lo que, según los ecologistas, lo convierte en un instrumento «contrario a derecho».

El texto de alegaciones sostiene que la situación de inseguridad jurídica que afecta al parque no se debe a un vacío legal, sino al incumplimiento de las obligaciones de la Administración regional, que nunca finalizó la aprobación del PORN. Además, el colectivo recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), en una sentencia de 2015, confirmó la vigencia cautelar del PORN iniciado en 2005, rechazando la solicitud de caducidad presentada por los propietarios de la Sierra de Carrascoy.

Pese a ello, el nuevo plan de gestión no solo ignora esa vigencia, sino que reduce el ámbito del parque, dejando fuera cerca del 30% del territorio —unas 4.852 hectáreas—. Según Ecologistas en Acción, esta exclusión priva a una parte significativa del espacio natural de cobertura legal y podría responder a intereses urbanísticos vinculados a una empresa con presencia en la zona.

La organización recuerda que no es la primera vez que se intenta modificar los límites o la protección de Carrascoy-El Valle. Menciona antecedentes como la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2005, anulada por el Tribunal Constitucional en 2012, o la sentencia del TSJ de Murcia de 2017 que invalidó el Plan Especial del complejo turístico ‘Paramount’ por su incompatibilidad con la conservación del entorno.

Además, el nuevo plan introduce normas con efecto urbanístico, lo que los ecologistas califican de «inconcebible». Por ejemplo, permitiría construir almacenes de aperos de hasta 40 metros cuadrados en explotaciones agrícolas situadas dentro del parque, algo que no contempla el Plan General de Murcia. Para la asociación, esta disposición podría favorecer la diseminación de edificaciones en suelo protegido y abrir la puerta a futuras viviendas ilegales.

Ecologistas en Acción considera imprescindible que el documento sea sometido a una evaluación ambiental estratégica y reclama que se retome la tramitación completa del PORN, se amplíen los límites del parque y se apruebe de manera simultánea el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

En su escrito, la organización recuerda que el artículo 45 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a proteger y restaurar el medio ambiente y a velar por la utilización racional de los recursos naturales. Por ello, concluye que la planificación ambiental «no es una elección, sino una obligación legal y constitucional».

Cabo Cope-Calnegre

El segundo conflicto planteado por esta organización ecologista en la Región se refiere al Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, declarado en 1992 de forma excepcional sin el preceptivo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Treinta años después, ese instrumento sigue sin aprobarse.

El pasado 9 de octubre, Ecologistas en Acción registró una reclamación formal ante la Consejería de Medio Ambiente exigiendo la aprobación inmediata del PORN. En su documento, firmado también por la presidenta Ana María García Albertos, la entidad sostiene que la inactividad de la Comunidad Autónoma constituye una «flagrante y premeditada vulneración» de la legislación ambiental.

La asociación recuerda que tanto la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad como la Ley 4/1992 regional establecen la obligatoriedad de elaborar y aprobar estos planes antes de declarar un parque natural, salvo en casos excepcionales, fijando un plazo máximo de un año para su tramitación. Ese plazo, subraya el colectivo, «ha sido ampliamente rebasado».

Según Ecologistas en Acción, la tramitación del PORN de Cabo Cope-Calnegre se inició en 1993 y fue reactivada en 2020 por la Dirección General de Medio Natural. En 2021, el documento fue examinado por el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, pero el proceso volvió a detenerse. El colectivo acusa a la Consejería de haber excluido el parque del Plan de Gestión Integral de la Costa Occidental, pese a que la legislación autonómica exige la planificación integrada de los espacios con figuras de protección superpuestas como LIC, ZEPA o Parque Regional.

La falta de este plan no solo impide aplicar medidas de conservación, sino que también debilita el régimen sancionador y las medidas cautelares previstas por la ley. De acuerdo con Ecologistas en Acción, esta carencia «pone en entredicho» la efectividad de la protección legal y genera incertidumbre tanto para la conservación ambiental como para los propietarios de terrenos.

Ante esta situación, la organización se acoge al artículo 29.1 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para requerir oficialmente a la Consejería la aprobación del plan. Si la inactividad persiste durante tres meses, advierte que podría acudir a los tribunales por «inactividad de la Administración».

Los casos de Carrascoy-El Valle y Cabo Cope-Calnegre ilustran una misma realidad: la fragilidad del sistema de planificación ambiental en la Región de Murcia y la falta de continuidad administrativa en la gestión de sus espacios protegidos. La reiteración de conflictos jurídicos, las omisiones en la tramitación de los PORN y la tendencia a sustituir instrumentos legales por soluciones parciales evidencian un déficit estructural que trasciende los gobiernos de turno. Más allá de las denuncias y los procedimientos, el reto pendiente es dotar a la región de una política ambiental coherente, estable y respaldada por una verdadera voluntad institucional de cumplimiento normativo. Solo así podrá garantizarse la conservación efectiva de su patrimonio natural y la credibilidad de su modelo de desarrollo sostenible.

La Comunidad «avanza» con los PORN de la Región

La Administración regional continúa trabajando en la elaboración de los distintos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aseguran a La Opinión fuentes de la Consejería de Medio Ambiente como respuesta a las críticas ecologistas. Según explican, actualmente se están analizando las etapas necesarias para la implementación de una tramitación armonizada de los PORN junto con los Planes de Gestión.

Este avance, destacan, se ha puesto de relieve en la Junta Rectora del Parque Regional de Carrascoy y El Valle, celebrada el pasado jueves, donde las autoridades autonómicas detallaron los pasos seguidos para garantizar la correcta planificación y protección del medio natural.

En el caso concreto del PORN de Calnegre y Cabo Cope, que incluye dentro de su ámbito territorial el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, fuentes de la Consejería recuerdan que la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático elaboró el documento previo necesario para la redacción del plan.

Este documento fue remitido al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, que emitió un informe favorable, constituyendo así la base para la elaboración del PORN definitivo, conforme a la normativa de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia.

Desde el departamento que dirige Juan María Vázquez aseguran que, con estos pasos, la Consejería sigue avanzando en la tramitación de los instrumentos de planificación ambiental, cumpliendo con los informes preceptivos y los procedimientos legales establecidos, lo que permitirá formalizar finalmente los planes de protección y gestión de los parques regionales pendientes.