La Fremm gana el pulso a la Inspección de Trabajo con los profesores de cursos formativos

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) ha ganado el pulso a la Inspección de Trabajo tras cuatro años de batalla judicial respecto a los profesores que ofrecían cursos de formación y talleres en la patronal.

La justicia le da de forma definitiva la razón a la patronal regional: estos profesionales deben actuar como autónomos y no como trabajadores asalariados por cuenta ajena, tal y como se venía haciendo hasta que en 2021 la Tesorería General de la Seguridad Social decidía apuntar sobre la forma de contratación que venía realizando la Fremm.

Los profesores organizaban sus clases con plena autonomía, dice la última sentencia

Así lo estima la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia en una sentencia firme a la que ha tenido acceso La Opinión y que se suma al espaldarazo judicial que ya le dio en febrero de 2024 el Juzgado de lo Social Número 8 de Murcia.

El fallo reafirma que el modelo de contratación de estos profesionales que venía haciendo la Fremm desde hace ahora más de tres décadas era legal porque así estaba contemplado en la ley que regula la Formación para el Empleo.

La Inspección de Trabajo no se conformó con la sentencia dictada el pasado año y decidió continuar con el litigio por el que podría haber puesto en vilo la viabilidad de la Fremm en caso de que su denuncia efectuada en 2021 prosperase.

Podría haber reclamado la regularización con la Seguridad Social de todos los profesores que habían pasado por el centro de la patronal en los cuatro años anteriores a 2021, lo que habría dado lugar a su desaparición y poner en peligro la supervivencia de muchas de las instituciones que participaban en los programas de Formación Profesional para el Empleo si tenía que asumir el coste de esta regularización.

Razones de peso

Ahora, la última sentencia, dictada por el juez Rodríguez Gómez, destaca que los docentes contratados por la Fremm «no forman parte del organigrama» de la patronal del metal, no reciben órdenes ni instrucciones y gozan de plena libertad de cátedra; no se someten a una jornada laboral, sino que fijan su disponibilidad y pueden sustituirse por otros profesionales en caso de ausencia y asumen el riesgo económico de la actividad, ya que solo cobran si la entidad recibe la subvención correspondiente al curso; en muchos casos aportaban sus propios medios y materiales y la Fremm no adquiría la propiedad del material didáctico elaborado por los docentes.

La resolución pone fin a un litigio iniciado en 2021 y que puso en vilo a 825 centros

Asimismo el texto expone, entre otros motivos para darle la razón a la Fremm, que estos trabajadores no participan en reuniones internas de la empresa, no realizan para la Fremm ninguna tarea distinta de la que constituye el curso de formación, carecen de un periodo vacacional retribuido y no tienen exclusividad en el trabajo.

En definitiva, el tribunal concluye que la relación entre patronal y estos profesores era mercantil y no laboral.

La demanda, de la que dio cuenta La Opinión en noviembre de 2021, hizo saltar las alarmas en 13.400 centros de formación de todo el país, 825 de ellos en la Región que, como la Fremm, llevaban décadas contratando a este tipo de trabajadores como autónomos porque así estaba contemplado en la ley que regula la formación destinada a los trabajadores y desempleados.

Fuentes de la patronal del metal que dirige Alfonso Hernández Zapata venían defendiendo durante todo este tiempo que la fórmula utilizada hasta ahora para la incorporación del profesorado como trabajadores autónomos permitía contar con «los profesionales más preparados en cada especialidad» y, en consecuencia, «ofrecer una mayor calidad en la formación para el empleo».

Asimismo, la patronal ha insistido durante el proceso que el tiempo que llevaba impartiendo este tipo de formación había aplicado «la ley vigente, en la que todas las fases del proceso formativo, que estaban sometidas cada año a una evaluación permanente por parte de las administraciones y que venía superando con éxito en cada ejercicio, siendo ratificados sus resultados y calidad en los controles».

El TSJ avala así el modelo de colaboración que la Fremm ha venido aplicando años atrás para la contratación de docentes en sus programas formativos.

La sentencia, dictada a mediados de julio, abría la puerta a que la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social presentase un recurso de casación ante el Tribunal Supremo a los diez días siguientes de conocerse el fallo, pero adquiere firmeza porque no se ha elevado al Supremo.