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Salud

El porcino murciano denuncia la asfixia normativa de la CHS y pide ayudas

Los ganaderos aseguran que las exigencias ambientales multiplican los costes y amenazan la viabilidad de las explotaciones familiares

El censo actual de porcinos supera las dos millones de cabezas, el 7,5 por ciento de la cabaña nacional.  | L.O.

El censo actual de porcinos supera las dos millones de cabezas, el 7,5 por ciento de la cabaña nacional. | L.O.

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

El sector porcino sigue siendo uno de los pilares de la economía agroalimentaria murciana. Según la Consejería de Agricultura, la Región cuenta con más de dos millones de cabezas de porcino, recuperando los niveles de 2021 tras un leve descenso. Este subsector representa el 57,13% de la producción ganadera, el 18,36% de la producción agraria total y aporta entre el 2,2 y el 2,7% del PIB regional, lo que evidencia su peso estratégico.

Sin embargo, tras esas cifras se esconde una realidad compleja. El sector vive un momento de tensiones medioambientales, costes crecientes y una mayor exigencia normativa que, según las organizaciones agrarias, amenaza la viabilidad de muchas explotaciones medianas y pequeñas.

Desde Asaja Murcia, su responsable de ganadería, Alfonso Galera, describe una situación marcada por lo que considera una excesiva presión administrativa. «La presión que tenemos a través de la Confederación Hidrográfica sobre las medidas ambientales es enorme», señala. Los ganaderos, explica, deben realizar inversiones constantes en impermeabilización de balsas, instalación de piezómetros y reducción de plazas ganaderas, medidas que implican «un gasto que siempre corre a cargo del ganadero».

Muchas explotaciones del entorno del Mar Menor —zona de especial sensibilidad ambiental— afrontan normativas más estrictas y mayores costes. Aun así, Galera asegura que la mayoría «están cumpliendo con las normativas» y que «los casos de sanciones o incumplimientos son excepcionales».

Una posible vía de alivio es el desarrollo de plantas de biogás, capaces de transformar los purines en energía y fertilizantes. Galera considera que es «una gran oportunidad» para «dar valor a un residuo y convertirlo en energía limpia».

En municipios como Lorca o Puerto Lumbreras ya se firman convenios entre granjas e instalaciones de biogás. De momento, la retirada de purines se realiza «a coste cero» para los ganaderos, aunque se prevé que en el futuro haya contraprestaciones. «Es una seguridad y una viabilidad para el sector», resume.

Amenaza de la peste porcina africana

Desde otra perspectiva, Teresa López, presidenta del Colegio de Veterinarios y coordinadora de los servicios veterinarios de COAG, destaca que la sanidad animal «es muy buena en la Región», aunque la amenaza de la peste porcina africana obliga a «mantener la vigilancia».

El verdadero problema, sostiene, es medioambiental y de percepción social. «Existe una sociedad mal informada sobre cómo funciona la producción ganadera española» y las mal llamadas ‘macrogranjas’, lamenta. En este sentido, recuerda que, las explotaciones están «perfectamente reguladas por un Real Decreto».

López defiende que los purines pueden «convertirse en materia orgánica útil para repoblar suelos degradados», aunque advierte: «Todo esto está muy bien, muy ecológico, pero no hay economía que lo soporte si el consumidor no paga el sobrecoste».

Ganaderos y veterinarios coinciden: las exigencias medioambientales deberían reflejarse en el precio final de la carne. Sin ese equilibrio, muchas explotaciones familiares podrían desaparecer.

Pese a las dificultades, el porcino murciano mantiene su fortaleza y profesionalización, aunque arrastra un problema de fondo: la falta de relevo generacional. Entre la presión ambiental, social y económica, los ganaderos buscan sostener un sector clave. Como resume Alfonso Galera: «La única manera de seguir adelante es cumplir con todo lo que exige la ley. Pero eso, advierte, tiene un precio que ahora mismo pagamos nosotros».

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