El Gobierno regional no da por muerta la Vivienda Asequible y la tramitará como proyecto de ley

El Plan de Vivienda Asequible de la Región de Murcia sigue vivo después de que la Asamblea Regional rechazara tramitar el decreto el pasado viernes. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció en la sesión de control de esta semana la intención de su Gobierno de tramitarlo como proyecto de ley "inmediatamente".

"Pese a la actitud de la oposición, no va a parar este Gobierno. La vivienda es una prioridad", señaló el jefe del Ejecutivo este jueves, quien añadió que, para acelerar su tramitación, acortarán los tiempos y los plazos "en todo lo que permita la ley". De esta forma, además, espera que los partidos de la oposición, que votaron en contra de tramitar el decreto, "tendrán la oportunidad de volver a retratarse".

El jefe del Ejecutivo adelantó que, "para acelerar su tramitación", acortarán los tiempos y los plazos "en todo lo que permita la ley"

"No nos van a frenar. Traeremos el Proyecto de Ley de Vivienda Asequible del Gobierno de la Región de Murcia y ustedes tendrán que retratarse", sentenció.

López Miras defendió su la iniciativa porque "ponía 25.000 viviendas a disposición de las familias y de los jóvenes de la Región de Murcia". Se trataba de una ley "consensuada con la sociedad, dialogada", que "movilizaba suelo, acortaba plazos administrativos, aportaba seguridad jurídica y atraía inversión", explicó.

Responsabilizó a la oposición de que, por su bloqueo, la norma "no va a poder convertir solares en hogares, no va a poder revitalizar nuestros cascos antiguos, no va a poder concluir urbanizaciones inacabadas que podrían ofrecer oportunidades reales de vivienda asequible para miles de familias, especialmente jóvenes".

Gracias a Vox, en la Región de Murcia solo impera la Ley de Vivienda de Bildu, Esquerra Republicana y PSOE

Joaquín Segado

— Portavoz GPP Asamblea

Respondía así el presidente regional a una pregunta del Partido Popular sobre las consecuencias que tendrá en la Región de Murcia la derogación del decreto-ley de vivienda. El portavoz del PP en la Cámara, Joaquín Segado, destacó que "Vox y PSOE se unieron de nuevo para votar 'no'", por lo que la Comunidad volvió a quedarse "únicamente con el marco estatal". Y fue más claro aún cuando dijo que, "gracias a Vox, en la Región de Murcia solo impera la Ley de Vivienda de Bildu, Esquerra Republicana y PSOE".

"Bloquear instrumentos que aportaban suelo, agilizaban licencias y daban seguridad a los proyectos solo puede tener dos efectos: menos oferta y más demora, y como consecuencia los precios suben y los jóvenes no encuentran solución", subrayó.

"Se han eliminado soluciones que acortaban meses de espera y facilitaban proyectos que nuestros ayuntamientos y empresas tenían en cartera", apuntó el portavoz, remarcando que "alcaldes y concejales nos trasladan que estudios de detalle listos para promover vivienda protegida ahora quedan en el aire, y que parcelas municipales que con el decreto permitían promociones viables, hoy vuelven al laberinto de trámites y a la incertidumbre sobre números y plazos".

"Bienvenido ese anuncio"

El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, señaló que el acceso a la vivienda es el principal problema que afecta a toda la ciudadanía, principalmente a nuestros jóvenes, por lo que se necesita "consenso y diálogo" para enfrentarlo.

El PSRM anima al PP a "dialogar" y le tiende la mano para "buscar una solución" al problema

"Lo que no es admisible es lo que hizo la semana pasada el presidente regional, intentar aprobar un decreto-ley de viviendas asequibles con viviendas de 90 metros cuadrados a 180.000 euros. Eso es de todo menos asequible. E intentar aprobar ese decreto sin llamar al principal partido de la posición no es admisible", dijo.

Según él, el presidente tiene que tener la "capacidad de dialogar con las principales fuerzas políticas; por tanto, bienvenido ese anuncio". Adelantó que el PSRM intentará buscar una solución al problema de la vivienda.

La semana pasada, los socialistas pusieron tres condiciones para tramitar el decreto: que "el suelo público que se done siempre sea público"; un mínimo de un 30% de estas viviendas estén destinadas a alquileres asequibles y que se dupliquen los fondos del aval joven. Finalmente, sus peticiones no fueron escuchadas y terminaron por dejar caer la norma.