Los abogados de los regantes: "El Supremo actúa como si el Trasvase Tajo-Segura no existiera"

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) afronta estos días sus dos últimas oportunidades judiciales para evitar el recorte de 105 hectómetros cúbicos anuales en los envíos del Trasvase, previsto por el Ministerio para la Transición Ecológica a partir de 2027. Tras el reciente rechazo del Tribunal Supremo al recurso presentado por la Comunidad, las esperanzas de los regantes se concentran en dos procesos aún pendientes de resolución: el del propio Scrats y el de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

La abogada Isabel Caro-Patón, especialista en materia de aguas, quien representa los intereses del Scrats, considera que la sentencia del Supremo que desestimó el recurso del Gobierno regional «incurre en una evidente falta de motivación» y que su razonamiento jurídico «es arbitrario». En su opinión, el tribunal «actúa como si el Trasvase no existiera y como si no generara derechos reconocidos por ley», lo que califica de «gravísimo».

Caro-Patón asegura que el fallo del Supremo valida sin reservas la postura del Ministerio al no exigir que se compatibilicen los caudales ecológicos del Tajo con las demandas del Trasvase. «Ni siquiera se ha intentado compatibilizar», lamenta. «Y para el tribunal, que la administración no lo haya intentado está bien. Eso es una barbaridad y una arbitrariedad, porque el Sindicato Central de Regantes tiene estudios que demuestran que el caudal ecológico del Tajo y las demandas del Trasvase son perfectamente compatibles».

Según la abogada, el núcleo del problema está en que se «ha dado por hecho que ambos intereses son incompatibles simplemente porque así lo afirma el Ministerio», sin someterlo a contraste técnico. «La administración tendría que haber buscado esa compatibilidad; si no la hubiera encontrado, podría justificarse el recorte, pero al menos tenía la obligación de intentarlo».

El recurso del Scrats cuestiona además los criterios técnicos empleados por el Ministerio para fijar los nuevos caudales ecológicos. Los informes periciales aportados por los letrados —elaborados por el biólogo Antoni Palau y el ingeniero Luis Garrote, dos de los principales expertos en gestión hídrica del país— denuncian errores metodológicos en los modelos de cálculo, como haber tomado tramos demasiado cortos del río o haber optado sistemáticamente por los valores más altos dentro de las horquillas posibles. Todo ello, sostiene, «hincha artificialmente las demandas ambientales del Tajo».

Caro-Patón también critica que el tribunal haya limitado las posibilidades de defensa del Scrats al impedir la celebración de vista y la exposición oral de los informes técnicos. «Nos han dejado presentar documentos, sí, pero no explicarlos», explica. «Si luego el tribunal dice que no hemos demostrado la arbitrariedad del plan, será algo muy grave, porque no se nos ha permitido probarla».

Pese a las dificultades, la letrada mantiene una actitud combativa. «Como abogada siempre tengo que ser optimista», afirma. «Creemos en nuestro trabajo y en la justicia. Si pensáramos que el pleito está perdido, habríamos renunciado ya, y no lo vamos a hacer».

El recurso se encuentra en la fase de conclusiones escritas, que el Scrats prevé presentar a mediados de noviembre. Después, la Administración General del Estado dispondrá de un nuevo plazo para responder, de modo que es probable que la resolución judicial no llegue antes de final de año.

Caro-Patón reconoce que, en caso de un nuevo rechazo, el margen de maniobra es ya reducido, aunque aún quedarían vías extraordinarias ante instancias europeas o internacionales. «Existen caminos, aunque sean difíciles», señala.

Preguntada por el retraso del Ministerio en la modificación de las normas de explotación del Trasvase —el último paso para aplicar plenamente el nuevo marco—, Caro-Patón considera que no existe obligación jurídica de esperar a los fallos judiciales. «La administración podría haberlo hecho ya; si no lo ha hecho, es porque no quiere o no sabe cómo hacerlo», apunta.

La letrada sostiene además que la actitud del Supremo responde, en parte, al temor de los tribunales a parecer contrarios a la protección ambiental. «A los jueces no les gusta rebajar estándares ambientales fijados por la administración», dice. «Prefieren no entrar en el fondo y dar por buena su posición, aunque eso suponga ignorar la ley del Trasvase y la obligación de compatibilizar intereses».

Para Caro-Patón, esa renuncia judicial tiene consecuencias profundas. «Es intolerable que se ignore una ley vigente, la del Trasvase Tajo-Segura, que reconoce derechos y obligaciones claras», afirma. «Estamos ante una situación contraria a la Ley de Aguas, al Plan Hidrológico Nacional y al principio de equilibrio territorial». En cualquier caso, la letrada concluye: «No damos un pleito por perdido hasta que no se dicte sentencia».