El Estatuto del Becario sigue levantando recelos: las dudas que llevan a la Región a rechazarlo

Sigue a medio gas y consideran que, tal y como está planteado ahora mismo, acabará en papel mojado. El Estatuto del Becario, que recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los universitarios en prácticas, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas, fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros, pero sigue lejos de convencer tanto a las universidades, a los sectores afectados y al Gobierno regional.

A pesar de que el Ejecutivo le diese luz verde ayer considerando que se trata de "la reforma laboral para las nuevas generaciones" y tras más de dos años de negociación y elaboración, todo apunta a que no va a tener el mismo resultado satisfactorio una vez que sea llevado al Congreso para su votación -se debe hacer al tener rango de ley- por parte de los grupos parlamentarios.

Mientras que el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, recordaba que el documento nacía con la «falta de consenso, acuerdo y diálogo», las universidades recordaban las «preocupaciones» que han surgido a raíz de que el documento plantee cuestiones como reducir las horas de prácticas extracurrículares y que las empresas se mostrasen reticentes a la hora de tener que compensar gastos como los del transporte a los estudiantes que están desarrollando las prácticas curriculares obligatorias para obtener el título.

"Publicar y llevar al Congreso de los Diputados una norma sin llegar a un acuerdo con las comunidades y los sectores no es positivo"

Juan María Vázquez

— Consejero de Universidad en la Región

«Publicar y llevar al Congreso de los Diputados una norma sin llegar a un acuerdo con las comunidades y los sectores no es positivo», sostenía este martes el consejero Vázquez ante los medios de comunicación antes de su asistencia al foro ‘La Industria del futuro: Retos y alianzas’, organizado por La Opinión y la Fundación Isaac Peral.

Por parte de la Universidad de Murcia (UMU), la vicerrectora de Estudiantes y responsable del grupo de empleo de la sectorial de Estudiantes en la Conferencia de Rectores, Alicia Rubio, recordaba a este periódico que el estatuto sí que cumple con el fin principal: que las prácticas sean de calidad y no haya fraude en la contratación de estudiantes.

Pero, entre otras contras, explicaba, el documento no definía «cómo objetivar y calcular» lo que habría que pagarle a cada estudiante de forma específica y detallada en cuanto a los gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento que necesitase.

En cuanto a la reducción de las horas de prácticas extracurriculares, Rubio apunta que la UMU ha pasado de 750 a 430 horas al año en sus titulaciones. La Universidad de Murcia cuenta ahora mismo con unos 10.000 estudiantes que realizan prácticas curriculares y otros 1.500 que hacen extracurriculares, según las estimaciones de la vicerrectora.

En el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), apuntan a que en estos momentos son más de 140 estudiantes los que están en estos momentos con prácticas en curso y las mismas fuentes añaden que "hay casi un centenar más que están ofertadas en proceso de selección y que empezarán probablemente para finales de año".

Una visión más optimista

Respecto al Consejo de Estudiantes de la UMU (CEUM), su presidenta, Lucía Serna, mostró su satisfacción porque con su aprobación "se podría blindar" que el realizar unas prácticas académicas externas no supongan un gasto para el estudiantado.

No obstante, se mostró cauta a la hora de comprobar cómo ha quedado el borrador definitivo después de las propuestas que presentan desde el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, sobre todo las referidas a «la conciliación del estudiantado o los límites en los periodos de prácticas».

"Necesitamos que se apruebe esta ley para garantizar la compensación de gastos y que haya igualdad de oportunidad"

Miguel Lajarín

— Secretario de Juventud de UGT en la Región

En cuanto a UGT Murcia, el secretario de Juventud, Miguel Lajarín, aplaudía que el estatuto diese un paso más con su aprobación en el Consejo de Ministros: «Necesitamos que se apruebe esta ley para garantizar la compensación de gastos y que haya igualdad de oportunidad y poder también limitar que centros privados de formación donde se ofrecen prácticas sin derechos se le ponga también coto».

Destacó que la norma debería incluir «la prevención de riesgos laborales y un régimen sancionador para aquellas empresas que discriminen o que incluso interrumpan las prácticas por descubrir la afiliación sindical de un estudiante, su orientación sexual o su situación de tener una discapacidad reconocida».