Los regantes piden blindar por decreto el uso del agua subterránea para evitar su recorte

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) ofrecieron este viernes una rueda de prensa conjunta para analizar la situación actual y futura del Trasvase Tajo-Segura. Ambas organizaciones mostraron su preocupación por las repercusiones que la planificación hidrológica vigente y las medidas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pueden tener sobre la agricultura del Levante español.

Durante el encuentro, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, advirtió de que el sector agrario vive un momento de “enorme incertidumbre” ante los recortes previstos tanto en el trasvase como en el uso de aguas subterráneas. Según explicó, el Real Decreto de planificación hidrológica “supondría el cese de la explotación de prácticamente el 50% del agua subterránea que se utiliza en la Cuenca del Segura”. Jiménez recordó que el sindicato lleva años alertando sobre este riesgo, que podría agravarse en los próximos años.

El presidente del Scrats se refirió también a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Tajo-Segura y al “silencio” del Ministerio tras su publicación. A su juicio, la situación es “preocupante”, ya que “no sabemos qué está ocurriendo con las reglas de explotación” y el sector “está expectante ante la falta de explicaciones”.

Jiménez criticó además el retraso en las inversiones prometidas por el Gobierno central para compensar los recortes en el trasvase. “De los 1.300 millones de euros anunciados, no creemos que se llegue ni a 80 o 90 millones”, afirmó. “Lo que tranquilizaría al sector sería una norma de igual rango que la que aprobó el recorte (un real decreto ley), que dejara claro que ese cierre en 2027 del uso de aguas subterráneas no se va a producir”.

Según los cálculos del Scrats, la Cuenca del Segura perdería 318 hectómetros cúbicos de recursos hídricos en el horizonte de 2027 (entre el recorte del trasvase y el de las aguas subterráneas), mientras que la generación prevista de agua desalada apenas alcanzaría los 34 hm³. “A poco que sepamos de matemáticas, esas cifras no cuadran”, ironizó Jiménez, quien advirtió que “ni de lejos” la desalación podrá sustituir al agua del trasvase.

El dirigente insistió en que las nuevas reglas de explotación “responden al recorte” y podrían suponer “el fin del regadío del trasvase a poco que tengamos dos o tres años malos de aportaciones”. A su juicio, el cambio impulsado por el Ministerio es “injusto y puramente político”. “La decisión de 2023 fue legal, según el Supremo, pero no justa, porque no respondía a una necesidad real, sino a una decisión política”, sostuvo.

Jiménez anunció también la celebración de una Asamblea abierta el próximo 11 de noviembre en Lorca, donde se abordará la problemática de las aguas subterráneas y se coordinarán acciones conjuntas del sector. El Scrats espera que el encuentro sea “multitudinario” y sirva para “trasladar a la sociedad la gravedad de la situación”.

Por su parte, el presidente de Proexport, Mariano Zapata destacó que la falta de agua “pone en riesgo la supervivencia del sector agroalimentario” y, con ello, “la economía y el empleo de toda la Región de Murcia”. Recordó que el Trasvase Tajo-Segura “ha sido una infraestructura esencial durante 50 años, que ha generado riqueza y trabajo no solo para la agricultura, sino para toda la sociedad murciana”.

Desde la organización de productores lamentaron que “el Ministerio no haga más que dar largas” y denunciaron la “politización de un problema que debería abordarse con visión técnica y de Estado”. “Sin agua, no podremos seguir produciendo”, advirtieron. Proexport expresó su “total apoyo” al Scrats y confirmó su participación en la asamblea de Lorca, subrayando que “el agua es el principal arma para poder producir”.

Ambas organizaciones coincidieron en que el recorte del trasvase y las restricciones al uso de aguas subterráneas representan una amenaza directa para el futuro del regadío y la agricultura del Levante español, e instaron al Gobierno a ofrecer soluciones reales y urgentes para garantizar la sostenibilidad hídrica del sureste peninsular.