El Consejo de Ministros aprueba llevar a la Región ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Región de Murcia que condiciona las ayudas públicas a los sindicatos y organizaciones patronales en la Comunidad, anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el pasado 23 de octubre.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que este recurso se presenta después de que el ejecutivo autonómico haya rechazado el procedimiento negociado impulsado por el Estado para que modificara el texto legal objeto de controversia.

Según Alegría, la modificación de esa ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más significativas, aprobada en junio por el PP y Vox, "pretende eliminar, entre otros, la obligación de financiación a estas organizaciones".

La modificación de la citada ley, en concreto de su artículo 6, tiene su origen en una propuesta de Vox admitida por el PP y supone que las ayudas que hasta la fecha recibían por este concepto patronal y sindicatos quedarán abiertas a concurrencia competitiva.

En aquel momento, el PP defendió en el parlamento autonómico que sindicatos y patronales "funcionaran con las aportaciones de sus afiliados y la solidez de sus proyectos" subvencionables; Vox dijo que la Constitución no concede a estas organizaciones "vivir como mantenidos" y el PSOE advirtió de que comenzaba a "materializarse el chantaje de Vox al PP" para "retroceder en derechos y libertades".

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado también un requerimiento de incompetencia, en este caso a la Generalitat Valenciana, por haber admitido a trámite la declaración de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), como núcleo con especial valor etnológico, lo que implica la protección de determinadas viviendas afectadas por la ley de costas.

Pilar Alegría ha explicado al respecto que esta declaración tiene entre sus efectos la paralización de la demolición de las viviendas construídas junto al mar, lo que "choca" con la aplicación de la ley de costas y, "sobre todo", ha incidido, con el cumplimiento de varias sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.