Ninguno de los acusados en el juicio por Novo Carthago pisará la cárcel

En la última sesión del juicio por el caso Novo Carthago, el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano elevó a definitivas sus conclusiones, manteniendo la acusación contra varios exaltos cargos de la Comunidad Autónoma por delitos de falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales. Lozano, en sus conclusiones definitivas, aumentó en un grado las dilaciones indebidas, lo que redujo las penas solicitadas, siendo la máxima ahora un año de prisión, cuando en un principio se solicitó 3 años y 6 meses de prisión para varios acusados, entre ellos el exconsejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y su asesora jurídica, María Antonieta Fernández.

El fiscal sostuvo que los responsables públicos implicados aplicaron de forma selectiva la normativa ambiental con el fin de favorecer la aprobación del proyecto urbanístico, en detrimento de la protección del espacio natural protegido (ENP) que estaban obligados a salvaguardar. Según expuso, esa “aplicación intencionadamente parcial” de los preceptos legales evidenciaba un ánimo arbitrario y no un simple error de interpretación.

Entre los funcionarios señalados, Lozano mencionó a los exdirectores generales y asesores Antonio Alvarado, José Antonio Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis Romera, a quienes atribuyó haber informado de manera irregular o haber asumido informes supuestamente ilícitos que allanaron el camino a la aprobación del proyecto Novo Carthago.

El Ministerio Fiscal también consideró coautores del delito de falsedad en documento público oficial al exconsejero Antonio Cerdá, y María Antonieta Fernández Cano (por aquel entonces su asesora jurídica eventual), por la presunta manipulación del contenido normativo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2003. Además, atribuyó a Fernández Cano un delito de blanqueo de capitales por el que solicitó penas adicionales de prisión, multa y decomiso de 125.000 euros.

En su escrito, el fiscal pidió para Cerdá una pena de un año de prisión, dos meses de multa y nueve meses de inhabilitación especial para cargo público, mientras que para Fernández Cano solicitó una pena similar por falsedad y prevaricación, además de tres meses más de prisión y multa de 125.000 euros por el delito de blanqueo.

Para el exconsejero Joaquín Bascuñana, acusado como autor de un delito de prevaricación, el fiscal requirió tres años de inhabilitación para empleo o cargo público. La misma pena de inhabilitación fue propuesta para el resto de funcionarios implicados en el expediente de la Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena, entre ellos Alvarado, Ródenas, Guerrero y Romera.

Además, el fiscal solicitó que se diera traslado de su escrito de acusación a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Cartagena, ante la petición de nulidad del PORN de 2003 y de la Modificación Puntual nº 113 del PGOU, con el fin de que ambas instituciones puedan comparecer en el juicio y ejercer su derecho de defensa.

También reclamó la aportación de diversa documentación complementaria, entre ella los informes técnicos y jurídicos emitidos en el proceso de aprobación del plan, así como el acta de la Comisión de Coordinación de Política Territorial de septiembre de 2004, ante las supuestas lagunas detectadas en el expediente administrativo.

Aunque el fiscal solicitó penas de prisión para algunos acusados, probablemente ninguno de ellos llegue a ingresar en la cárcel, dado que las condenas son inferiores a dos años y el sistema penal español contempla la suspensión de pena para delitos no violentos, siempre que los condenados no tengan antecedentes y cumplan ciertos requisitos. Por el contrario, la inhabilitación para empleo o cargo público y las multas sí serían efectivas.

Con la elevación de las conclusiones a definitivas, el juicio por Novo Carthago entra en su fase final, a la espera de los informes de las defensas y de la posterior sentencia.