La Región aún tiene que retirar más de 200 vestigios franquistas

La Región de Murcia aún tiene que retirar más de 200 vestigios franquistas de sus calles para cumplir con la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos hace ya más de tres años.

Esta semana, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, el presidente, Pedro Sánchez, anunció que desde Moncloa se publicará el próximo mes de noviembre el catálogo de símbolos franquistas que contemplaba esta normativa para su retirada «de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles». Respondía así a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sobre cómo van a actuar para «acabar con la exaltación del fascismo».

El catálogo se publicará en BOE y, según ha podido conocer esta Redacción, en lo que respecta a la Región de Murcia, contendrá aquellos vestigios franquistas señalados desde hace tiempo por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM): un total de 196 reclamados a las distintas corporaciones municipales; otro reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica; siete nombres de instituciones educativas y un elemento franquista que afecta a la Consejería de Educación, otro un vestigio en terreno privado de gran visibilidad pública y otros cinco en dominios de la Iglesia Católica. En total, 211.

El más conocido, sin duda, es el monumento de siete metros de altura en homenaje al falangista Manuel Bruquetas, fusilado en 1936. Para la FAMHRM, este es el elemento «más provocativo e insultante», puesto que se encuentra situado en la autovía A-30, en pleno Puerto de la Cadena, por donde pasan miles de conductores al día. En dominio privado del Grupo Fuertes, se trata de un ángel apoyado en un gran yugo con sus flechas, «como muestra palmaria de quien trajo la victoria a España, que no así la paz», denuncian.

La Iglesia Católica también es responsable de no haber retirado otros tantos símbolos antidemocráticos. El más conocido se encuentra en plena Catedral de Murcia. «José Antonio Primo de Rivera, ¡presente!» es la inscripción grabada en las piedras de una torre que se empezó a levantar en el siglo XVI. Ya en 2019, la Federación convocó una concentración bajo aquellas palabras en las que exigían al obispo, en balde, que retirara el mensaje.

En el Cementerio de San Javier se alza un monumento a Calvo Sotelo, General Sanjurjo, General Mola, Primo de Rivera y a los Caídos por Dios y por España, mientras que en el de San Clemente, en Lorca, hay una cruz por los caídos del bando sublevado, «víctimas y victimarios de su propia sublevación», denuncian.

Asimismo, en la iglesia de San Pablo, en Abarán, hay una placa de los Gloriosos Caídos por Dios y por España en uno de sus muros exteriores; así como en la iglesia del Salvador de Jumilla, en la que se mantiene una placa falangista. También es responsabilidad de la Iglesia que la cofradía California de Cartagena no le haya retirado a Francisco Franco la distinción de Hermano Mayor.

Los centros educativos señalados por los colectivos de memoria son el C.P. José Antonio, en Fuente Álamo; el IES José Ibáñez Martín, en Lorca; el C.P. Nicolás de las Peñas, el IES Ingeniero de la Cierva y el CEIP Juan de la Cierva, los tres en el municipio de Murcia; el IES Juan de la Cierva y Codorniú, en Totana; y el IES Ruiz de Alda, en San Javier. Además, piden la retirada de la placa franquista del IES Arzobispo Lozano, en Jumilla.

Por otra parte, desde la FAMHRM señalan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por no haber cambiado el nombre del parque Rafael de la Cerda de Cartagena, en dominios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que consideran que también incumple la Ley 20/2022.

A los municipios afectan un total de 196 vestigios, en su mayoría denominaciones de calles que hacen referencia al almirante Carrero Blanco (o general), almirante Cervera, almirante Nieto Antúnez, almirante Núñez Rodríguez, almirante Ruíz González, Belchite, Cabanellas (general), Calvo Sotelo, capitán Cortés, Crucero Baleares, Crucero Canarias, García Morato (general), general Alcubillas, general Bastarreche, general Fernández Capalleja, general Mola, general Moscardó, general Sanjurjo, general Varela, Jose Antonio (o Primo de Rivera), José Solís, Juan de la Cierva, Héroes del Alcázar, Héroes del Baleares, Mártires, Matías Montero, Millán Astray, Onésimo Redondo, Pemán, Pío XII, Pla y Deniel, Primero de Octubre, Queipo de Llano, Ruiz de Alda, Silva Muñoz, Vallejo Nájera, Víctor Pradera y la Victoria.

En el ámbito local, se recogen 29 nombres, entre los que destacan los 17 enclavados en el barrio de Vistabella de Murcia, construido, explica la Federación, para las familias más próximas al régimen: funcionarios, policías y militares.

«Junto a esta relación existen una serie de placas correspondientes a grupos de viviendas con los símbolos de Falange y de la Delegación Nacional de Sindicatos verticales, adosadas o empotradas en fachadas de ocho edificios», añaden las asociaciones de Memoria Histórica. Asimismo, también hay «miles de placas correspondientes al INV (Instituto Nacional de la Vivienda), con clara visibilidad pública, que atentan a la sensibilidad democrática», afirman.

Contra la exaltación de la sublevación militar y de la dictadura

La ley especifica que se considerarán elementos contrarios a la memoria democrática las «edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública» que haga exaltación de manera personal o colectiva de «la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

A renglón seguido, la ley detalla que «las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos». Así, se deberán eliminar este tipo de símbolos de edificios de carácter público, tanto del exterior como del interior. Y lo mismo en el caso de los edificaciones privadas o religiosas pero «con proyección a un espacio o uso público».

No obstante, se exceptuarán aquellos elementos que sean de «estricto recuero privado» o cuando concurran «razones artísticas o arquitectónicas».