A vueltas con el aborto: blindarlo en la Constitución, ¿refuerza o limita las libertades de la mujer?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que llevará a cabo una reforma de la Constitución para blindar el aborto frente a la «ola reaccionaria» que, considera, se está produciendo en España. La fórmula aprobada en el Consejo de Ministros incluye un nuevo apartado en el artículo 43.4 de la Carta Magna que reconoce «el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo».

Cuatro juristas de la Región analizan la propuesta del Ejecutivo central, que también indica que el citado derecho a abortar «será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva».

«Como mujer y como jurista, no veo mal la reforma», apunta Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho y profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia (UMU). En su opinión, diferentes testimonios demuestran que «de facto, las mujeres no tienen un verdadero derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no ya solo por el enjuiciamiento moral que se realiza a estas personas, que esto ya entra dentro del ámbito de cada uno».

"Quien lo desee hacer, tiene una odisea por delante y a veces, no siempre, conlleva un sufrimiento"

Rocío Arregui Montoya

— Doctora en Derecho y profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia

En este sentido, alude a las escenas que se producen en las puertas de clínicas, donde se ve, por parte de activistas provida, «un supuesto acoso tanto a las personas que quieren interrumpir su embarazo como al personal que trabaja en esas clínicas de interrupción del embarazo». El hostigamiento a las clínicas de interrupción del embarazo es un delito por sí mismo en España y lleva aparejadas penas de hasta un año de prisión.

Abortar no es obligatorio

La profesora sostiene que las mujeres que quieren abortar padecen «muchas trabas, tanto por los plazos que hay como por los objetores de conciencia». Y se puede dar el caso de que aparezcan «ecografías en la semana 12 o en la semana 20, donde se puedan constatar anomalías patológicas o defectos orgánicos graves en el feto» y la mujer tenga que emprender «una carrera» con poco margen, con la dificultad de que «no encuentran centros públicos y profesionales que lo quieran hacer». «Acaban derivadas a centros privados o en condiciones que no son las mejores», lamenta.

Rebajaría el derecho, tendría la misma exigibilidad que, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna

Elena Mendoza Candela

— Abogada

«Quien lo desee hacer, sin entrar en sus motivos, tiene una verdadera odisea por delante», tiene claro Arregui Montoya, que manifiesta que «además, a veces, si no siempre, conlleva un sufrimiento de la gestante por tener que haber tomado esa decisión».

La experta considera positiva la reforma de la Constitución y recuerda que abortar no es obligatorio, «no es algo todo el mundo tenga que hacer en cualquier momento». La idea es «reforzar un sistema de protección que ya está recogido en la legislación vigente», manifiesta.

Hay alarmantes disparidades en el acceso al aborto seguro y legal entre las distintas comunidades

Miguel Rivera

— Magistrado, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia en la Región

Desde Juezas y Jueces para Democracia, su portavoz en la Región, el magistrado Miguel Rivera, recuerda que «ya en 2013, desde la asociación criticamos severamente la reforma de la legislación del aborto proyectada por el Gobierno de entonces, que pretendía imponer la moralidad propia de una confesión religiosa al conjunto de la sociedad, suprimiendo el llamado sistema de plazos».

«Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha declarado no solo que la regulación del aborto, de acuerdo con el llamado sistema de plazos, es constitucional, sino que la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo se encuentra amparada en el artículo 10 de la Constitución, que consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, y en el 15, que garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral; sin perjuicio de los límites impuestos por la colisión con otros bienes constitucionales, como la protección de la vida prenatal», recalca al respecto.

Para este juez, «las iniciativas políticas tendentes a garantizar el núcleo esencial de ese derecho a la libre decisión de la mujer merecen una valoración positiva, en la medida en que puedan servir de freno a posibles intentos de reforma que pretendan transitar la misma senda reaccionaria que ya criticábamos hace más de una década».

«Cuestión distinta es la técnica que haya de emplearse para el blindaje de ese derecho, que, como ha destacado el Tribunal Constitucional, tiene el rango de derecho fundamental», asevera.

Rivera apostilla que «al margen de lo anterior, resultan preocupantes las deficiencias advertidas en la efectiva implementación de la Ley Orgánica sobre interrupción voluntaria del embarazo (positivamente reformada en 2023), con alarmantes disparidades en el acceso al aborto seguro y legal entre las distintas comunidades autónomas, con imposición, en algunos casos, de obstáculos que dificultan el acceso al servicio; sobre todo cuando se trata de colectivos especialmente vulnerables».

Otra mujer jurista, la abogada María Jesús Ruiz de Castañeda, recuerda que «los derechos reconocidos en un texto constitucional no son concesiones circunstanciales ni privilegios transitorios», sino «el resultado de procesos jurídicos, sociales y democráticos complejos en los que confluyen la evolución de la conciencia social, el reconocimiento de la dignidad humana y la consolidación de garantías que protegen a las personas frente a posibles arbitrariedades».

"Un piso, no un techo"

«Cuando un ordenamiento constitucional reconoce un derecho, se establece un piso de protección, no un techo. A partir de ahí, el desarrollo legislativo podrá concretar su alcance, pero no debería concebirse la posibilidad de retroceder en su reconocimiento, pues ello supondría alterar las bases mismas del pacto constitucional y de la confianza legítima que la ciudadanía deposita en sus instituciones», desgrana.

Retroceder en reconocer un derecho supondría alterar las bases mismas del pacto constitucional

María Jesús Ruiz de Castañeda

— Abogada

La letrada incide en que «la historia jurídica demuestra que la pérdida de derechos previamente reconocidos genera no solo inseguridad jurídica, sino también fracturas profundas en el tejido democrático», a lo que añade que «la regresión en materia de derechos fundamentales no es neutra: supone debilitar la arquitectura constitucional y enviar el mensaje de que lo que hoy es un derecho mañana puede dejar de serlo por vaivenes coyunturales».

Ruiz de Castañeda recalca que «más allá de la posición personal que cada ciudadano pueda tener sobre cuestiones concretas, la defensa del marco constitucional exige preservar los derechos conquistados, evitando retrocesos que comprometan principios básicos como la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica», puesto que «los derechos no deben entenderse como conquistas reversibles, sino como garantías que, una vez reconocidas, forman parte del núcleo duro de la protección constitucional y de la evolución democrática de un país».

"Rebajarlo a un principio rector"

Por su parte, la también abogada Elena Mendoza Candela subraya que «existen herramientas legales que garanticen que las comunidades cumplan la ley en el ejercicio de sus competencias sanitarias, confeccionen listas de ginecólogos objetores de conciencia y, por ende, proporcionen a las españolas el servicio público libre y gratuito al aborto consagrado como derecho fundamental», remarca.

Elena Mendoza Candela considera que «el Estado debe interponer acciones por la vía administrativa previa y judicial planteando los contenciosos necesarios que permita conocer el número de personal médico objetor de conciencia de nuestros hospitales públicos, y así, luchar para que los jueces velen por el cumplimiento de nuestro derecho».

Sin embargo, avisan de que la modificación anunciada por el Gobierno rebajaría la protección del aborto y en ningún caso ofrecería mayor protección que las últimas sentencias del Constitucional. «La reforma planteada por el Gobierno supondría técnicamente rebajar el derecho al aborto a un principio rector de la política social y económica de la Constitución, teniendo la misma exigibilidad que, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna», deja claro.

Así, «las consecuencias, en la práctica, irían desde que el aborto sólo necesitaría una mayoría simple del legislador para ser regulado y modificar la ley actual hasta que no se podría recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional para su defensa», detalla.