El Cinturón Verde, la gran obra que no llega a tiempo para el Mar Menor

El llamado Cinturón Verde del Mar Menor, concebido como la gran infraestructura ecológica para proteger la laguna salada, sigue siendo un proyecto en el papel. La iniciativa, incluida en el Marco de Actuaciones Prioritarias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), pretendía crear una barrera natural de humedales y zonas de filtrado que impidiera la entrada de agua cargada de nutrientes. Sin embargo, su ejecución se encuentra aún en fases preliminares, muy lejos de convertirse en realidad.

El objetivo era transformar más de 1.100 hectáreas en espacios de retención y depuración natural, capaces de frenar la llegada anual de unas 900 toneladas de sedimentos y nitratos. Con un presupuesto de 108 millones de euros, financiado en buena parte por fondos europeos Next Generation, el proyecto debía estar finalizado antes de diciembre de 2026. Pero a falta de poco más de un año para esa fecha límite, no hay ninguna obra en marcha.

El Gobierno central apenas ha ejecutado el 15% del conjunto del plan para el Mar Menor, y tanto el Cinturón Verde como las actuaciones de restauración ambiental en antiguas zonas mineras siguen sin avanzar. Las promesas se acumulan: la exministra Teresa Ribera aseguró en abril de 2024 que la tramitación ambiental estaba en su fase final y que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se aprobaría ese mismo mayo. Un año después, su sucesora, Sara Aagesen, anunció que las licitaciones se lanzarían «a lo largo de 2025».

La realidad es bien distinta. Los proyectos permanecen en fase de redacción, expropiación o tramitación ambiental. En los humedales seminaturales de San Pedro del Pinatar y Bocarrambla, con una superficie de 63 hectáreas y un presupuesto de 7,4 millones, se ha avanzado apenas en la publicación de la DIA y en los primeros pasos de las expropiaciones. Los filtros verdes —243 hectáreas y 60 millones de inversión— continúan pendientes de evaluación ambiental, sin fecha para su conclusión. Las áreas de renaturalización, que deberían recuperar 740 hectáreas entre Los Nietos, Mar de Cristal y El Carmolí, disponen de proyectos redactados, pero siguen bloqueadas por la falta de terrenos disponibles.

Las obras de restauración de las instalaciones mineras del Mar Menor, declaradas de interés general en 2021, avanzan con lentitud. De las nueve actuaciones previstas, solo tres se han puesto en marcha y la cuarta apenas inicia trámites. A diferencia de otras comunidades, el Estado asumió directamente la ejecución de estos proyectos con más de 40 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

La lentitud administrativa contrasta con la urgencia ambiental. La reciente dana Alice volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del Mar Menor y de los municipios cercanos. Los especialistas coinciden en que, de haberse construido los humedales y filtros previstos, las aguas de escorrentía se habrían retenido y depurado antes de alcanzar la laguna, reduciendo el riesgo de inundaciones y la carga de nutrientes que degrada su ecosistema.

Mientras tanto, los vecinos de localidades como Los Alcázares o Torre Pacheco siguen padeciendo las consecuencias de cada episodio de lluvias torrenciales. La sensación general es de frustración: se acumulan los anuncios y los trámites, pero no las soluciones tangibles.

A día de hoy, las obras que debían actuar como ‘cinturón’ protector del Mar Menor no existen más allá de los papeles. Cada retraso supone una oportunidad perdida para la recuperación ambiental y un riesgo añadido de perder la financiación europea.