Los ayuntamientos preparan reclamaciones millonarias por la dana

Los ayuntamientos más afectados por la dana Alice —San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Murcia— redoblan la presión sobre las administraciones públicas para que asuman los gastos extraordinarios derivados de las lluvias torrenciales, los arrastres y los cortes de agua que han sufrido durante las últimas semanas. Con el paso del tiempo y ante la falta de respuestas y soluciones, los regidores locales reconocen y advierten que la paciencia se agota.

En San Javier, el alcalde José Miguel Luengo ha mostrado públicamente el estado de las playas de Santiago de la Ribera casi dos semanas después del temporal. Es una imagen desoladora, casi como una zona de guerra, con la línea de playa retranqueada, arenales destrozados y múltiples desperfectos. Según explicó, los daños superan los 3,7 millones de euros solo en el litoral, y en total alcanzan los 5,5 millones si se incluyen caminos, carreteras, parques y alumbrado.

El Ayuntamiento ha denunciado la inacción del Gobierno central, al que atribuye la competencia sobre la recuperación de las playas. «Estas no son labores de limpieza, que son competencia municipal. Es una obra que tiene que hacer el Estado», subrayó Luengo, recordando que en 2019 el Ejecutivo sí actuó tras un episodio similar. «Han pasado 14 días desde las inundaciones y nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento», denunció.

Fuentes municipales han confirmado que el Consistorio solicitará formalmente la declaración de zona catastrófica y también la devolución de los gastos ocasionados por el corte de suministro de agua potable, que afectó a vecinos, empresarios y servicios públicos.

Ante la emergencia, el Ayuntamiento se vio obligado a distribuir agua mediante cubas y depósitos, además de proveer aseos químicos y agua embotellada a centros educativos, sanitarios y sociales.

Asimismo, el Ayuntamiento de San Javier volverá a insistir al Ministerio para la Transición Ecológica en la necesidad de ejecutar las obras de contención previstas en la rambla de Cobatillas, que llevan años pendientes de licitación. «Son obras necesarias para defender a vecinos, infraestructuras y al Mar Menor», ha reiterado Luengo.

En Los Alcázares, el alcalde Mario Pérez Cervera mostró ayer, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Mar Menor, su frustración ante la falta de avances. Según el regidor, las obras prometidas por la Confederación Hidrográfica del Segura y el Gobierno central «no se ejecutan», lo que deja al municipio en una situación de vulnerabilidad constante. «Mientras no se actúe, los vecinos siguen sufriendo por sus bienes y por su seguridad», advirtió Pérez Cervera, quien reclamó mayor implicación de todas las administraciones, tanto estatal como regional, para trabajar «codo con codo» en la protección de la cuenca vertiente del Mar Menor.

Según el alcalde, se trata de una situación de «emergencia», y eso requiere decisiones urgentes. «Todo el tiempo perdido son años que ya no se van a recuperar», dejó caer.

San Pedro del Pinatar, por su parte, continúa evaluando los daños. Fuentes municipales han indicado que la concesionaria del agua, Aqualia, está elaborando un informe económico al que se añadirán los costes de personal, los servicios de cubas y aseos en colegios, y las quejas vecinales, que ya superan las 180. La estimación de la concesionaria hasta ahora se acerca a los 200.000 euros. En cualquier caso, el Ayuntamiento ha dado una semana adicional para recoger incidencias antes de cerrar la estimación total de pérdidas.

En Murcia, el Consistorio también ha exigido responsabilidades a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por los cortes de agua que todavía afectan a varias pedanías casi dos semanas después del inicio de la crisis. Los daños municipales se valoran inicialmente en más de 325.000 euros, aunque el perjuicio a vecinos y empresarios es mucho mayor. El concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro, denunció la «falta de información inicial» por parte del organismo estatal y la ausencia de alternativas para los afectados. Además, reclamó inversiones en nuevas infraestructuras que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El Ayuntamiento murciano exige que la Mancomunidad asuma el coste municipal generado por la emergencia y que se indemnice a los vecinos afectados de Sucina, Gea y Truyols, Avileses, Baños y Mendigo y Lobosillo, donde los cortes intermitentes siguen siendo una realidad.

Mientras tanto, en Torre Pacheco, el alcalde Pedro Ángel Roca ha adelantado que la próxima semana dispondrán de una estimación concreta de los gastos ocasionados, que —según adelantó— serán «bastante más que en Murcia». El motivo: el suministro alternativo con cubas ha tenido que garantizar agua potable a unos 20.000 vecinos durante más de quince días. «No entiendo que la MCT nos tenga medio mes sin agua potable en pueblos de Torre Pacheco», lamentó.

A falta de respuestas del Gobierno central y de compromisos concretos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad, los municipios del Mar Menor siguen acumulando gastos y frustración.