Reclaman actuar en origen y no centrar el debate del Mar Menor en el acuífero

Ecologistas en Acción ha acusado al Gobierno regional de eludir su responsabilidad en el deterioro del Mar Menor tras los efectos de la dana Alice. La organización denuncia que el Ejecutivo vuelve a centrar la atención en el acuífero, ignorando las causas reales del problema: la contaminación procedente de las escorrentías agrícolas y el mal estado previo de la laguna. Según los ecologistas, las lluvias solo evidencian que el origen del deterioro está «tierra adentro», por lo que las soluciones deben actuar sobre la fuente de la contaminación.

La entidad critica el empeño del Gobierno murciano en justificar el proyecto del colector norte y una red de pozos públicos, al que califican como «una iniciativa agroindustrial, no ambiental».

Sostienen que, bajo el pretexto de reducir la contaminación, ese proyecto buscaba garantizar agua de calidad para regadíos intensivos, perpetuando «un modelo insostenible». Además, alertan de que trasladar los nitratos del acuífero al Mediterráneo solo cambia el problema de lugar, sin resolverlo, y supone un gasto público elevado e ineficaz.

Ecologistas en Acción recuerda que los principales factores de degradación del Mar Menor son el desarrollo del regadío intensivo y la expansión urbanística vinculada al turismo residencial. La sustitución del secano por cultivos de regadío —impulsada por el Trasvase Tajo-Segura— eliminó terrazas, vegetación y desniveles naturales, facilitando la escorrentía y la pérdida de suelo fértil. A ello se suma la urbanización de zonas próximas a ramblas y humedales, que antes actuaban como filtros naturales, lo que agrava la contaminación y aumenta el riesgo de inundaciones.

La organización responsabiliza a la Administración regional y las locales de permitir estas transformaciones sin control ni evaluación ambiental, y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por su inacción en la conservación de las ramblas y cauces.

Como alternativa, reclaman destinar los fondos públicos a medidas «en origen y basadas en la naturaleza», que han demostrado ser más eficaces. Entre ellas destacan: la reducción de nitratos, el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, la conservación de suelos, la restauración hidrológico-forestal y la recuperación de vías pecuarias. Concluyen que las políticas deben evaluarse por su coste-beneficio ambiental, advirtiendo que proyectos como el colector norte del Mar Menor «benefician más al sector agroindustrial que al ecosistema».