Juan Fernández Hernández: "Tenemos muy poca esperanza de que este Gobierno atienda las justas reivindicaciones de los guardias civiles"

Juan Fernández, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), repasa los actuales retos del cuerpo ante su visita este jueves a la Región para conocer de primera mano la situación de las dependencias del instituto armado.

Lleva varios años al frente de la AUGC. De cara a una próxima candidatura, ¿cuál considera su principal logro y cuál su mayor asignatura pendiente?

Recientemente hemos conseguido algo histórico: el reingreso de los guardias civiles que fueron expulsados en los años 90 por reclamar lo que está a punto de suceder los días 28 y 29 de octubre, que los guardias civiles puedan votar en unas elecciones democráticas para elegir a sus representantes. En el plano profesional, sin duda el acuerdo de equiparación salarial ha sido un paso muy importante, aunque todavía quedan cláusulas por cumplir. También hay una reivindicación clave que el Gobierno nos sigue negando: la declaración de la Guardia Civil y la Policía como profesiones de riesgo. Ese reconocimiento permitiría la aplicación de índices correctores para la jubilación anticipada, tal y como ocurre con otros cuerpos policiales y profesiones en España.

¿Cómo describiría hoy la situación general del cuerpo en cuanto a medios, derechos y motivación?

Hay un evidente cambio generacional y a la institución le cuesta adaptarse. Además de la declaración de profesión de riesgo, llevamos tiempo reclamando la implantación de turnos de trabajo. Esa atención al ciudadano muchas veces se hace sacrificando la vida personal y familiar. Cualquier trabajador tiene reconocidos turnos, también la Policía Nacional o las policías locales.

En Cartagena se ha paralizado la construcción del nuevo cuartel. ¿Qué información manejan y cómo afecta a los agentes destinados allí?

Será mi primera visita a la Región de Murcia. Lo ocurrido en Cartagena es, a nuestro entender, una chapuza de difícil justificación. El antiguo cuartel fue demolido en 2023 al declararse en ruina y, en 2025, el solar sigue vacío. Las familias fueron desalojadas de sus viviendas y no hay instalaciones para el trabajo diario. Vamos a trasladar el asunto al ministro del Interior para exigir una solución.

¿A qué atribuyen esta paralización? ¿Falta de presupuesto o de planificación?

Se ha dicho que hay otros proyectos más urgentes en el territorio nacional. Para nosotros es una excusa. Existía un proyecto y una demolición urgente, por tanto, el nuevo acuartelamiento debía ser prioritario. Esa decisión de pasar de urgente a ordinario no tiene justificación. Seguiremos presionando para que se retome con carácter urgente y comiencen las obras.

También se reclama una ampliación de plantilla en la Región de Murcia. ¿Es necesaria?

Es una demanda que se repite en toda España. La Guardia Civil cubre el 80% del territorio, pero las plantillas y la distribución hacen que una sola pareja tenga que atender extensiones enormes, especialmente en turnos nocturnos. Esto genera riesgos psicosociales y una gran sobrecarga. Mientras en otros cuerpos ante una incidencia acuden tres patrullas, nosotros con una sola tenemos que atender esa y otras más. Es necesario reorganizar el despliegue territorial y garantizar un mínimo de 30 efectivos reales por acuartelamiento. No puede haber puestos con cinco, siete o nueve guardias civiles.

La equiparación salarial con otros cuerpos policiales ha sido una de las grandes reivindicaciones. ¿En qué punto está y confían en que se cumpla el compromiso del tercer tramo?

Tenemos muy poca esperanza de que este Gobierno atienda las justas reivindicaciones de los guardias civiles. El acuerdo se cumplió en su parte económica, pero quedan cláusulas pendientes. Una es la reincorporación de guardias civiles en reserva sin destino, que podrían volver a prestar servicio en áreas como la atención a la violencia de género. Es fundamental, porque mientras Mossos d’Esquadra o Ertzaintza siguen mejorando sus condiciones, nosotros estamos atascados. Y, lamentablemente, el ministro Marlaska no nos recibe.

Otro debate histórico es el derecho de sindicación plena. ¿Por qué sigue siendo un tabú en la Guardia Civil?

Nos toca romper barreras, igual que hicimos al lograr el reingreso de quienes fueron expulsados por intentar tener representantes. Ese fue el paso de la alegalidad a la plena legalidad. Ahora estamos en el siguiente escalón: ejercer el derecho de sindicación y la negociación colectiva, como ya ocurre en la Policía Nacional y otros cuerpos. Tenemos recurrido este asunto ante Europa a través de la Carta Social Europea y esperamos que se pronuncie pronto.

También han criticado la aplicación de la justicia militar en casos de servicio ordinario. ¿Qué proponen para acabar con esa situación?

Es una anomalía anacrónica. En pleno siglo XXI, un guardia civil puede acabar en prisión militar por una simple falta administrativa. Eso debe terminar. Esta semana se ha presentado una proposición de ley en el Congreso y esperamos que sea el primer paso para una reforma definitiva. Cuando un guardia civil vive una situación así, los daños personales y familiares son muchas veces irreparables. Es hora de normalizarlo y quitarse complejos.

Es necesaria una reorganización; no puede haber puestos con cinco o siete guardias civiles

En cuanto al despliegue territorial, ¿cómo debería abordarse esa modernización?

La reorganización no significa cerrar los actuales. Los puestos existentes pueden seguir abiertos para atención ciudadana y recogida de denuncias, y mantener las viviendas del parque residencial. Lo que proponemos es concentrar las unidades burocráticas y operativas en acuartelamientos con personal suficiente para garantizar un servicio eficaz.

Después de tantos años al frente de la asociación, ¿qué le motiva a seguir en esta lucha sindical dentro de un cuerpo tan jerarquizado?

Me motiva el relevo generacional que está llegando al cuerpo, guardias civiles que entran en una institución distinta a la que conocimos y por la que tanto luchamos. Me impulsa ser correa de transmisión para hacer ver que, si no estamos unidos y organizados, los avances no llegan. Por ejemplo, la declaración de profesión de riesgo para una jubilación anticipada es fundamental: un guardia civil puede perder hasta mil euros mensuales al jubilarse. Si nadie lo traslada como prioridad, esos avances no llegarán. Falta cerrar el círculo entre equiparación salarial, jubilación anticipada y jornada laboral.

Si pudiera lanzar un mensaje al Gobierno, a los guardias civiles y a la ciudadanía, ¿cuál sería?

Al Gobierno le diría que muestre más cariño por los guardias civiles, porque nos sentimos abandonados. No tenemos interlocución con el Ministerio del Interior, y hay cuestiones urgentes que siguen sin atenderse. No es de recibo que el ministro siga escondido en su despacho mientras nuestras reivindicaciones son ignoradas. A la ciudadanía, agradecerles el cariño que nos demuestran. Nosotros seguimos ahí, atendiendo a la gente cada día. El valor humano de los guardias civiles que prestan servicio es enorme, y ese reconocimiento social nos da fuerza para continuar.