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Acoso escolar

Cada vez más menores de la Región se graban con el móvil mientras acosan y vejan a otros

La Fiscalía de la Región incoa en un año 34 delitos contra la intimidad en los que los agresores aún no tienen los 18 y nota un repunte del hostigamiento online

Un altar improvisado ante la vivienda de Sandra Peña, en Sevilla.

Un altar improvisado ante la vivienda de Sandra Peña, en Sevilla. / Jose Manuel Vidal (EFE)

Ana Lucas

Ana Lucas

La fiscal delegada de Menores en la Región, Celia Susana Aldaz, pone el acento en que «las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un instrumento cada vez más utilizado por nuestros menores para la comisión de delitos». «Se ha apreciado también el uso de las redes para difundir las agresiones o vejaciones a que se someten en caso de delitos de acoso escolar, siendo la difusión de las imágenes especialmente perjudicial para la víctima», explica al respecto.

El del acoso escolar es un tema de triste actualidad por el caso de Sandra, la adolescente andaluza de 14 años que, según había denunciado su familia, era víctima de bullying, y que se quitó la vida recientemente. La Fiscalía Superior de Andalucía estaba este martes a la espera el atestado policial para saber si las protagonistas del acoso a la joven son imputables.

La Región fue escenario de un caso similar al comienzo de 2017: una menor, Lucía, de 13 años, se suicidó en su domicilio de Aljucer, en Murcia, tras sufrir acoso escolar. Meses después, la jueza dio carpetazo al asunto al considerar que no hubo inacción por parte del instituto en el que estudiaba.

"Tanto en reforma como en protección presentan graves adicciones a redes", indica Susana Aldaz

En la Comunidad murciana, «los menores, que disponen de su propio móvil a edades cada vez más tempranas, emplean estos dispositivos para hostigar, amenazar, insultar y perseguir a sus compañeros», subraya Aldaz. En este sentido, insiste en que «el uso de las nuevas tecnologías, redes sociales y en general aplicaciones se está generalizando cada vez en edades más tempranas». «Los menores, tanto en reforma como en protección presentan graves adicciones a estos medios y redes llevando incluso a la comisión de delitos», destaca la representante del Ministerio Público.

Según se lee en la última Memoria de la Fiscalía, en la Región «el número y naturaleza de las infracciones penales cometidas por menores de entre 14 a 18 años ha aumentado en 20204», puesto que «el número de diligencias preliminares que se incoaron ese año fue 2.188, y el número de expedientes ascendió 1.209». «En los delitos contra la intimidad del artículo 197 del Código Penal (que incluye sexting, y otros cometidos a través de las redes sociales) se han incoado 34 asuntos», concreta.

En este sentido, «hay que mencionar que en los delitos tipificados como acoso escolar, que se castiga como un delito de torturas del artículo 173.1 del Código Penal, en ocasiones ese acoso se realiza no solo de persona a persona sino también a través de redes sociales, pero se engloba en el citado artículo.

«De hecho, se ha observado que el acoso a través de las redes aumenta como mecanismo de acción», destaca la fiscal, que incide en que «es cada vez más habitual que los menores graben las agresiones o vejaciones en general y las suban a las redes o compartan en grupos de WhatsApp o similar».

645 protocolos en un año

Desde la Consejería de Educación de la Región apuntaron que en el curso 2022-2023 este departamento «recibió la comunicación por parte de los centros educativos de 645 protocolos sobre posible situación de acoso escolar».

«En 64 de los casos se concluyó que existían evidencias de acoso escolar, lo que supone un 9,9 por ciento del total de protocolos iniciados. En el resto de casos iniciados, 581, el 90,1 por ciento, concluyeron sin evidencias de acoso escolar, según los últimos datos del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia», detallaron al respecto.

Desde la Consejería aseguraron que «en casos de acoso se activa un protocolo rápido» en el marco del cual «se realizan actuaciones con la víctima, agresor y grupo de clase» y «en casos graves, se comunica el caso a la Fiscalía, Servicios Sociales o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

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