Solo el 6% de los menores migrantes derivados a la Región de Murcia son realmente adultos

Solo el 6% de los menores extranjeros no acompañados llegados a la Región de Murcia procedentes de Canarias resultan ser mayores de edad tras hacerles pruebas periciales para determinar su edad, aseguró este miércoles el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la sesión de control de la Asamblea Regional.

Explicó que, de los adultos que han llegado al Hospital Naval de Cartagena desde Canarias, 350 resultaron ser menores "y los tiene que asumir la Comunidad". Del mismo modo, 97 menores resultaron ser adultos. "Suponen el 6% de los menores llegados, no la mayoría, como usted ha dicho", replicó al presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, que le preguntaba por las pruebas periciales a los niños, niñas y adolescentes migrantes.

Momentos antes, y tras asegurar el presidente del Ejecutivo autonómico que dichas pruebas "ya se están realizando", Antelo replicaba que, si están haciendo las pruebas, "sabrán perfectamente que la inmensa mayoría no son menores de edad y se están beneficiando de un absurdo beneficio que han creado el PSOE y el PP, que sin duda alguna son los grandes responsables de lo que vemos en nuestras calles".

"El Gobierno de la Región está cumpliendo la ley: aquel político que no la cumple se convierte en un político ilegal y aquí no somos políticos ilegales"

Fernando López Miras

— Presidente regional

López Miras le explicó que, según la Ley de Extranjería, "el único documento legal que determina la edad es el decreto de la Fiscalía y que el Ministerio Fiscal solo admite pruebas periciales del Instituto de Medicina Legal". En este sentido, le trasladó que cuando algún servicio de la Comunidad detecta un "posible fraude" se pone en conocimiento del Ministerio Público. Este sistema "está funcionando", sentenció.

Concluyó recordándole que "política migratoria y Ley de Extranjería son competencia del Gobierno de España". Asimismo, aseguró que "el Gobierno de la Región de Murcia está cumpliendo la ley", dejando claro que "aquel político que no cumple la ley se convierte en un político ilegal y aquí no somos políticos ilegales".

Además, le aseguró que "en la Región de Murcia no hay ni un solo centro de inmigración ilegal a cargo de la Comunidad".

"Los consejeros tienen hasta el 31 de diciembre para cumplir todo el acuerdo presupuestario o no se comerán el turrón"

José Ángel Antelo

— Presidente provincial de Vox

Durante su turno de pregunta, José Ángel Antelo responsabilizó a PP y PSOE "de cada machetazo y de cada barbaridad que se está viendo" y les acusó de financiar la inmigración ilegal "y a determinadas oenegés mientras las asociaciones de discapacidad denuncian que no han cobrado por parte de la Consejería de Política Social".

Antelo adelantó que Vox solucionará el problema cerrando "todos los centros de inmigrantes ilegales dependientes de la Comunidad" (aunque el presidente le dijo que no hay "ni uno solo") y advirtió al Gobierno regional que "los consejeros tienen hasta el 31 de diciembre para cumplir todo el acuerdo presupuestario o no se comerán el turrón".

Precio de vivienda asequible

La diputada de Podemos, María Marín, preguntó al Gobierno regional si le parece "asequible" que el metro cuadrado de las viviendas asequibles que impulsa la Comunidad estén a un precio de 1.840 euros cuando la media en la Región apenas supera los 1.500. Para la portavoz morada, el plan de López Miras para solucionar el problema de acceso a la vivienda "solo sirve a los promotores y constructores, a los que se les regala un 40% y un 50% de edificabilidad".

López Miras respondió que este precio por metro cuadrado, que se traduce en que un inmueble tipo de 90 metros costará entre 160.000 y 170.000 euros, "es bastante más asequible que el precio al que se han puesto muchas viviendas" después de que el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos "aprobó una ley con Bildu", en referencia a la de Vivienda.

El PSOE interviene desde la calle

La portavoz socialista, Carmina Fernández, se quedó esta sesión de control sin preguntar por no haber registrado su pregunta en el plazo establecido por culpa, según afirman desde el PSRM, de un "problema informático" por el cual "no se culminó el proceso".

De todas formas, antes del Pleno, la diputada convocó a los medios para denunciar que "hay 1.500 mujeres que están esperando para realizarse una mamografía, de las cuales solo 111 tienen una cita dentro del plazo de los 30 días que estipula la ley y, además, hay 1.223 mujeres que no tienen cita". Sobre este asunto quería preguntar al presidente de la Comunidad en la sesión de control.

Para ella, "esto es un problema de gestión al que el Partido Popular no es capaz de dar respuesta y es un problema de opacidad porque ocultan los datos".

En este sentido, adelantó que ya tienen presentadas iniciativas "pidiendo la información que ocultan de 2023 y 2024, pidiendo que se amplíe la edad de cribado de cáncer de mama y pidiendo que se haga un plan de choque para que todas las mujeres de esta región puedan ser citadas para una mamografía dentro del plazo que estipula la ley".