Política
La Asamblea fracasa en su intento de modificar los decretos de Simplificación y VTC del Gobierno regional
Las normas que salieron del Palacio de San Esteban se mantienen intactas después de que los grupos no se hayan puesto de acuerdo para aprobar ninguna enmienda ni dictamen
La consejera de Empresa, Marisa López Aragón, escucha a la oposición durante el pleno de la Asamblea de este miércoles. / Iván J. Urquízar
Los decretos ley de Simplificación Administrativa y VTC aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado mes de junio y septiembre, respectivamente, se mantienen intactos, sin ningún tipo de modificación, después de que este miércoles hayan sido rechazados los proyectos de ley en el Pleno de la Asamblea Regional, ya que solo contaron con el apoyo de Vox. La tramitación de estas dos iniciativas han sido las causantes de que el período extraordinario se alargara tanto, bloqueando así el comienzo de la actividad ordinaria durante mes y medio. Un tiempo perdido tras no haberse aprobado ninguna.
Sobre la simplificación administrativa, el Partido Popular celebró que se haya "impedido que la pinza PSOE-Vox distorsione" la legislación. La diputada María Casajús subrayó "la coherencia del PP, que, frente a los pactos en los despachos entre PSOE y Vox, ha defendido siempre el decreto del Gobierno regional, pactado con las organizaciones empresariales y que pone la agilidad, la eficacia y la libertad económica en el centro".
Alfonso Martínez Baños, durante su intervención. / Iván J. Urquízar
El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños señaló que "es la séptima vez que el Partido Popular se equivoca" con la ley de Simplificación Administrativa "porque se niega a escuchar a la mayoría de la población y no intenta llegar a un acuerdo".
"No se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, presidida por el propio Partido Popular, y tampoco han tenido en cuenta las recomendaciones de la economía social y los sindicatos. Este problema se tiene que resolver con diálogo y consenso", señaló.
El PSOE se abstuvo en la votación del dictamen del proyecto de ley de Simplificación Administrativa con el fin de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo que atienda las necesidades del tejido empresarial y a la vez garantice la protección del medio ambiente.
"Con una llamada, los López, López Miras y López Abad, decidirán si un proyecto es estratégico por encima de ayuntamientos y vecinos"
La diputada de Vox Virginia Martínez, por su parte, acusó al PP de "colar por la puerta de atrás la destrucción del sector primario", ya que, aunque impulsaron una enmienda para que cualquier proyecto que beneficie al sector primario se considere estratégico, finalmente no se aplicará al no haber sido aprobado el proyecto de ley.
La portavoz de Podemos-IU en la Cámara, María Marín, lamentó que con el decreto que no se modifica, "con una llamada, los López, López Miras y López Abad, presidente de la patronal, decidirán si un proyecto es estratégico por encima de ayuntamientos y vecinos". De esta forma, se crea una "barra libre a las macroplantas de biogás y a los pelotazos inmobiliarios". Marín considera "lamentable" que la ley no solo haya sido aprobada por PP y Vox, en referencia a la abstención del PSOE: "Esto solo quiere decir que al PSOE también le da exactamente igual lo que pase con los municipios que están luchando contra las macroplantas de biogás".
"Respaldo" a la Croem
Para la patronal, el mantenimiento del texto original "supone un respaldo al sector empresarial, que participó activamente en su redacción junto a distintas organizaciones sectoriales" y cuyas aportaciones resultaron "decisivas para reflejar las necesidades reales del tejido productivo y configurar una norma moderna y ajustada a la actividad económica". Considera que el decreto ley aprobado "unifica tres normas previas, elimina trámites innecesarios, reduce plazos y moderniza la relación entre las empresas y la Administración, reforzando la agilidad y la eficiencia en los procedimientos". La confederación de empresarios trabaja ahora para asegurar la correcta aplicación de la norma y garantizar que todas las empresas puedan beneficiarse de sus medidas. Con este propósito, el pasado lunes se inició en Murcia un ciclo de jornadas informativas que también se celebrarán en Cartagena, Caravaca de la Cruz, Yecla y Lorca.
Sector del taxi
Antonio Landáburu, del PP, celebró que no hubiera salido aprobada la reforma de la ley que regula el sector del taxi y los VTC. "Frente al intervencionismo del PSOE y el caos de Vox, el decreto del Gobierno garantiza una convivencia armónica de los VTC con el sector del taxi y mejora y enriquece el servicio".
Antonio Landáburu y María Casajús (d), diputados del PP. / Iván J. Urquízar
"No podíamos permitir que las VTC operen sin control en todos los municipios de la Región de la mano de Vox, lo que rompería el equilibrio ya conseguido en el sector, ni tampoco podemos apoyar lo que propone el PSOE, ya que restaría autonomía a los ayuntamientos y llenarían la ley de estudios, informes y fórmulas burocráticas que solo ralentizarían la gestión", añadió.
El diputado regional socialista Miguel Ortega pareció sentirse aliviado tras el rechazo de la Cámara al proyecto de ley, asegurando que el PSOE había "revertido el disparate de enmienda que aprobó el PP que daba barra libre a los VTC para trabajar en todos los municipios".
"El decreto elaborado por el Gobierno de López Miras es una auténtica chapuza normativa que viene a destruir el sector de las VTC
"Si desde el Grupo Parlamentario Socialista no llegamos a avisar a los taxistas de la enmienda que acababa de apoyar el PP, hoy aquí estarían votando a favor del dictamen de esta enmienda. Si no les llegamos a descubrir el juego de trileros en el que estaban inmersos, el PP estaría como Vox, al lado de las multinacionales y con los VTC", dijo
Vox se quedó solo votando a favor del proyecto de ley. Según Ignacio Arcas, "el decreto elaborado por el Gobierno de López Miras es una auténtica chapuza normativa que viene a destruir el sector de las VTC y a generar inseguridad en el sector del taxi".
El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, denunció que, "mientras el taxi cumple con tarifas controladas y servicio garantizado, las VTC podrán duplicar precios, sin control ni transparencia, y seguir precarizando a quienes trabajan al volante".
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