El Gobierno regional arremete contra el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos

El debate sobre el nuevo acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos centró este miércoles buena parte del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia. La sesión estuvo marcada por las críticas del Partido Popular y del Gobierno autonómico, que coincidieron en denunciar el impacto “devastador” que este pacto puede tener sobre el sector agrario murciano y español.

El diputado popular y secretario ejecutivo de Agua y Agricultura, Jesús Cano Molina, fue el encargado de formular la primera pregunta oral al Consejo de Gobierno. En su intervención, advirtió de que el convenio, que entró en vigor de manera provisional el pasado 4 de octubre, “ha generado un auténtico estado de alarma entre agricultores, ganaderos y pescadores” por las graves consecuencias que puede acarrear. “Estamos ante un acuerdo que perjudica y mucho al sector agrícola, aprobado con una falta total de transparencia y de espaldas al sector productor europeo”, denunció.

Cano subrayó que el texto “se cerró en apenas cinco días, del 10 al 15 de septiembre, sin esperar al informe del Parlamento Europeo”, y reprochó que haya contado con “el visto bueno de los 27 Estados miembros, incluido el Gobierno de España”. A su juicio, “no corrige la competencia desleal que sufre el campo español, sino que la agrava todavía más”, afectando de forma directa a productos clave como el tomate, el pepino o el pimiento.

“El Partido Popular se ha opuesto, se opone y se opondrá a cualquier normativa o acuerdo comercial con terceros países que cause perjuicio a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores”, proclamó el diputado, quien defendió la actuación del presidente regional, Fernando López Miras, en Bruselas. “El presidente se fue a Europa a jugar ese partido, a defender a los agricultores donde había que hacerlo. El cariño al campo se demuestra andando y con hechos”, afirmó Cano, que aprovechó su intervención para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “tome nota” y dedique “las energías que gasta en debates estériles, como el del cambio horario, a defender los intereses de los agricultores españoles”.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, recogió el guante y respondió en la misma línea. Rubira advirtió de que el nuevo marco comercial “pone en situación de debilidad a los productores europeos” y “supone un agravio para quienes garantizan la soberanía alimentaria y la cohesión social de las zonas rurales”. En este sentido, exigió al Ejecutivo central que “defienda al campo español” ante Bruselas y reclame la incorporación de cláusulas espejo que obliguen a los países extracomunitarios a cumplir las mismas normas sanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los productores europeos.

Además, pidió la implantación de cláusulas de salvaguarda automáticas que frenen la entrada de productos de terceros países cuando se superen los límites de importación o se produzcan caídas drásticas de precios, y reclamó reforzar los puntos de inspección fronteriza para evitar que lleguen al mercado productos sin las garantías exigidas en la UE.

“La defensa del campo no puede quedarse en discursos, hay que actuar. No podemos perder la soberanía alimentaria ni depender de las importaciones de terceros países, porque eso acabaría hundiendo la rentabilidad y competitividad de nuestros productores”, afirmó Rubira.

La consejera aprovechó su intervención para lanzar una dura crítica al Gobierno central por su gestión de los efectos de la dana Alice, que, recordó, “ha dejado a 100.000 personas sin agua potable durante diez días”. “Todavía hay vecinos de Torre Pacheco y de Murcia sin suministro y nadie ha dado una explicación sobre esta situación tercermundista”, reprochó. “El Gobierno de España tiene que ponerse del lado del campo, no darle la espalda”, concluyó.