El Gobierno llevará a la Región ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

El Gobierno de España, a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que llevará al Tribunal Constitucional a la Región de Murcia por la reciente modificación de ley de participación institucional, que elimina las ayudas a patronal y sindicatos por su participación en los órganos asesores y consultivos de la comunidad autónoma.

"Hablan de sindicatos subvencionados como si el Partido Popular no estuviera subvencionado por los españoles y las españolas en nuestro país", ha criticado la titular de Trabajo durante la inauguración de las jornadas confederales de acción sindical '40 años de la ley de libertad sindical: UGT a la vanguardia del cambio'.

Díaz ha denunciado hoy que la extrema derecha en España, "que lidera Feijóo pero que se llama Vox", quiere eliminar dos preceptos que son claves de la ley orgánica de libertad sindical --el artículo 6 y el artículo 7-- para acabar con lo que, según ellos, es el "monopolio de los sindicatos subvencionados".

Como casos concretos, Díaz ha denunciado el desmantelamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en Castilla y León, que ha supuesto acciones judiciales por parte del Ministerio de Trabajo, así como la remisión de una carta por parte del director General de la Organización General del Trabajo (OIT).

"Esto lo está liderando Alberto Núñez Feijóo. Se llame Mañueco en unas partes, se llamen Alfonso Rueda en otras o se llamen como se llamen", ha lamentado la vicepresidenta segunda.

Con todo, Díaz ha pedido a los sindicalistas en el acto presentes que defiendan la democracia. "Yo puedo tener lapsus y ante griteríos imposibles en cualquier lugar del mundo, pero la ciudadanía de este país tiene absolutamente claro lo que pasaría si Abascal fuera vicepresidente de este Gobierno y Feijóo", ha subrayado.

En esta línea, la vicepresidenta ha denunciado que hay una ofensiva que lidera Donald Trump para acabar con el derecho de libertad sindical y de huelga en el mundo. "No es casual que la primera orden ejecutiva que ha dictado Donald Trump sea restringir las libertades sindicales y el derecho de huelga de los trabajadores en Estados Unidos", ha advertido.

Tras esto, Díaz ha recordado que el presidente de Argentina, Javier Milei, "inmediatamente" acogió esta misma norma y empezó a recortar los derechos de huelga y de libertad sindical de los trabajadores en ese país. "Si miráis los programas de toda la extrema derecha del mundo, están haciendo exactamente lo mismo", ha alertado la titular de Trabajo.

Los sindicatos celebran la decisión del Constitucional

CC OO y UGT de la Región de Murcia celebran haber conseguido que se interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Participación Institucional que recortaba las subvenciones a sindicatos y patronal. Una ley autonómica que, según denuncian en un comunicado, "vulnera varios artículos de la Constitución Española, y así lo ha entendido el Ministerio de Trabajo, quien ha interpuesto el recurso".

Las secretarias generales de UGT y CCOO Región de Murcia, Paqui Sánchez, y Teresa Fuentes, aseguran que no van a cejar en su empeño de revertir la reforma de una Ley que "obedece a un impulso antisindical de la extrema derecha que ha arrastrado al gobierno del PP murciano a aceptarla". "No se trata exclusivamente de un recorte de subvenciones: es una agresión frontal al sindicalismo democrático y de clase de este país, un ataque que quiere acabar con décadas de concordia social e institucional. CCOO y UGT recuerdan que el papel de los agentes sociales es clave en la negociación colectiva, el diálogo social y la participación institucional", indican.

Teresa Fuentes ha recordado que "nuestra solvencia económica no depende de las subvenciones, sino de nuestros ingresos propios procedentes de las cuotas que paga nuestra afiliación. Pero sí que vamos a agotar todas las vías legales, jurídicas y administrativas para que se nos restituya un derecho constitucional consolidado durante décadas".

Por su parte, Paqui Sánchez ha indicado que "aunque ha sido el gobierno de la nación quien ha presentado el recurso de inconstitucionalidad a través del Ministerio de Trabajo, ambos sindicatos van a insistir agotando todas las vías alternativas para conseguir que el Tribunal Constitucional tumbe esa modificación de la ley".

Ambos sindicatos se han dirigido también a otras instancias capacitadas para interponer un recurso de inconstitucionalidad: por un lado, el Defensor del Pueblo, y, por otro lado y a través del Partido Socialista de la región de Murcia el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, ya que se necesita un mínimo de 50 diputados para interponer un recurso de inconstitucionalidad en el parlamento nacional.

"Además estamos pendientes de que cuando se aplique la norma, interpondremos los recursos correspondientes por la vía contencioso-administrativa", señalan.

"Lo que está en juego no es la tesorería de los sindicatos, sino los derechos sindicales que se alcanzaron cuando se consolidó la democracia en España, un logro que las derechas quieren tirar abajo llevándonos a épocas más oscuras y más perniciosas para el mundo laboral en su conjunto", concluyen.