Podemos acusa a la Comunidad de inacción ante los arrastres al Mar Menor

El Mar Menor volvió a centrar el debate político este miércoles en la Asamblea Regional durante la sesión de control al Gobierno. La diputada de Podemos, María Marín, lanzó duras críticas al Ejecutivo murciano por la ausencia de medidas de ordenación territorial que eviten el arrastre de sedimentos hacia la laguna salada cada vez que se producen lluvias torrenciales.

Según datos del Instituto Español de Oceanografía, la dana Alice provocó el vertido de 25.000 toneladas de barro, nitratos y fósforo al Mar Menor. Marín calificó esta cifra de “una bomba de relojería ecológica” y exigió “actuar de una vez por todas para frenar esta sangría ambiental”. “No lo vamos a normalizar —advirtió—. No es normal que cada vez que llueve baje del Campo de Cartagena una riada de lodo y basura hacia el Mar Menor”, denunció desde la tribuna.

La parlamentaria subrayó que la última dana “ni siquiera fue especialmente intensa, no superó los 200 milímetros”, y, sin embargo, los daños fueron similares a los de 2019. “Ha llovido cinco veces menos, pero el barro y los residuos han llegado igual. ¿Sabe por qué, señor consejero? Porque las grandes fincas del norte de Los Alcázares y San Javier han modificado la orografía del terreno a su antojo”, reprochó.

Marín acusó al Gobierno regional de “mirar hacia otro lado” mientras “las multinacionales del agronegocio tienen barra libre” para encementar motas, canalizar el agua y dirigirla directamente hacia los pueblos ribereños. “En la Región de Murcia la ordenación del territorio no existe”, sentenció, recordando que seis años después de la dana de 2019 no se ha aprobado el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundaciones.

También reprochó que, cinco años después de la Ley del Mar Menor, sigue sin ver la luz el plan de ordenación de su vertiente. “¿A qué esperan? Usted, señor Montoro, es el máximo responsable de que cada vez que llueva los pueblos del Mar Menor se inunden”, afirmó entre aplausos de su grupo.

"El control de cauces y ramblas depende del Estado"

Por su parte, el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, replicó que la ordenación territorial “ya existe y está regulada por la legislación estatal”, tanto en la Ley de Aguas como en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. “Lo que hay que hacer es cumplirla, pero sobre todo dotarse de las infraestructuras hidráulicas estatales necesarias para afrontar estos fenómenos”, señaló.

Montoro recordó que, más allá de los efectos sobre el Mar Menor, “100.000 personas han estado sin agua potable durante diez días” por los daños de la última dana. “Ese es el verdadero problema, y nadie ha dado explicaciones”, lamentó.

El titular de Fomento defendió que el control de los cauces y ramblas corresponde “exclusivamente al Estado” a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y reprochó al Ministerio para la Transición Ecológica su falta de acción. “Las consecuencias de esta dana podrían haberse evitado si la ministra Teresa Ribera hubiera ejecutado el cinturón verde y descargado el acuífero del Campo de Cartagena”, afirmó.

Montoro reivindicó que el Gobierno regional ha hecho su parte, ejecutando tanques de tormenta y medidas para proteger tanto a la población como al ecosistema del Mar Menor, pero insistió en que “las infraestructuras de interés general, las que realmente evitan catástrofes, son competencia exclusiva del Estado”.

“Es tiempo de actuar, y la responsabilidad directa es del Estado —concluyó—. Nuestra obligación es seguir exigiendo esas obras que la Región de Murcia necesita para no seguir pagando las consecuencias cada vez que llueve.”