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Reivindicación

La pesca mediterránea pide socorro a la Unión Europea

Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Región de Murcia reclaman "salvar a los pescadores" antes de que sea "demasiado tarde"

Redes y pescadores en el muelle de Puerto de Santa Lucía, en Cartagena.

Redes y pescadores en el muelle de Puerto de Santa Lucía, en Cartagena. / IVÁN URQUÍZAR

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Los presidentes de cinco regiones del Mediterráneo noroccidental han enviado una carta conjunta a Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reclamando «una acción contundente e inmediata» para proteger al sector pesquero local, amenazado por restricciones que, según denuncian, ponen en riesgo su viabilidad económica y social. Entre los firmantes se encuentra el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto a sus homólogos de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, quienes destacan la gravedad de la situación y la necesidad de soluciones rápidas que permitan a los pescadores seguir faenando en las costas mediterráneas.

En la misiva, los responsables regionales subrayan que sus comunidades marítimas dependen de una flota costera-litoral formada por microempresas familiares, que operan en jornadas inferiores a 12 horas y comercializan pescado fresco en los mercados locales. Señalan que, a pesar de su contribución a la sostenibilidad ambiental, la Política Pesquera Común (PPC) los trata como si fueran flota industrial, sin atender a las particularidades del Mediterráneo.

«El diálogo sobre la política pesquera europea es necesario, pero ahora lo que nuestros pescadores necesitan es salir a faenar las costas de la Región», declara López Miras. El presidente regional insiste en que los profesionales del sector llevan varios años soportando limitaciones que están «llevándolos al límite» y que la carta busca precisamente «soluciones a corto plazo para garantizar la supervivencia del mismo».

Los presidentes destacan que, durante los cinco años de aplicación del Reglamento North-Western Mediterranean Demersal Fisheries Multiannual Plan (MAP), se han impuesto reducciones constantes de oportunidades de pesca sin evaluar el impacto social y económico en las cofradías de pescadores, en los trabajadores del mar ni en la economía azul regional. Actualmente, la flota solo puede faenar un máximo de 130 días al año, lo que supone «una viabilidad económica limitada», según los firmantes, y amenaza la continuidad de las microempresas que sostienen la actividad pesquera mediterránea.

«Este año nuestros pescadores han realizado inversiones para poder llegar a los 130 días de trabajo, cumpliendo con las paradas obligatorias y medidas de preservación de los caladeros», explica López Miras. «Es fundamental que empiecen a ver que todo ese esfuerzo tiene alguna recompensa, y seguiremos demandando una flexibilización de las medidas».

La carta resalta además que, aunque el objetivo de la PPC es garantizar la sostenibilidad ambiental, también debe velar por la sostenibilidad económica y social del sector, un aspecto que en los últimos años ha quedado supeditado a los objetivos medioambientales.

Los firmantes subrayan que la actual situación ha provocado pérdida de empresas y trabajadores, precariedad laboral y un impacto negativo en la oferta de productos pesqueros locales, generando una creciente desconfianza en las instituciones europeas.

López Miras advierte sobre la necesidad de una política pesquera adaptada al Mediterráneo: «Es necesario que el Mar Mediterráneo tenga una política propia, que contemple no solo los aspectos biológicos, sino también los sociales, económicos y geopolíticos. No es justo que nuestros pescadores cumplan con tallas mínimas y realicen paradas, mientras entra pescado de terceros países que no se rige por las mismas normas».

En su carta, los presidentes recuerdan que la UE ha demostrado capacidad de respuesta ante crisis, habilitando fondos extraordinarios como el Next Generation EU tras la pandemia, el Fondo Europeo para la Paz ante la guerra en Ucrania o el Fondo de Solidaridad frente a catástrofes naturales. Asimismo, recuerdan que el sector pesquero ha recibido apoyo excepcional en momentos críticos, como la flexibilización del FEMP durante la pandemia o la activación del artículo 26 del FEMPA ante la crisis del combustible. Por ello, solicitan ahora medidas urgentes y excepcionales que garanticen la supervivencia económica y social de la flota mediterránea mientras se revisan los marcos normativos a largo plazo.

El documento concluye con un firme compromiso de colaboración con la Comisión Europea y los Estados miembros para lograr la sostenibilidad ambiental, económica y social de la pesca. «A finales de año se volverá a negociar la política pesquera, y es necesario que no se sigan reduciendo los días de faena», advierte López Miras, subrayando que «la Política Común de Pesca tiene que poner al pescador en el centro» de cualquier decisión.

Con esta iniciativa, los presidentes regionales buscan que la UE reconozca la singularidad del Mediterráneo y proteja a las flotas costeras que constituyen el sustento económico y social de sus comunidades marítimas, asegurando así el futuro de la pesca local, de los pescadores y de los mercados que dependen de su actividad.

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