Los ayuntamientos del Mar Menor estallan contra la Mancomunidad

Los municipios del Mar Menor viven desde hace días una situación de hartazgo e incertidumbre por el corte del suministro de agua potable provocado por los daños que la dana Alice causó en uno de los canales de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT). Más de 100.000 vecinos continúan afectados, con restricciones que se prolongan desde hace casi una semana. Los consistorios denuncian la falta de comunicación, previsión y alternativas por parte del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha sido uno de los más contundentes. El regidor remitió ayer un requerimiento formal a la MCT en el que exige la creación de un fondo de compensación y la devolución de los gastos extraordinarios asumidos por el consistorio «para garantizar el abastecimiento de emergencia». En el escrito, el Ayuntamiento detalla que la Mancomunidad comunicó el corte «con apenas diez minutos de antelación», lo que impidió adoptar medidas preventivas y organizar una respuesta adecuada.

«No pedimos privilegios, pedimos justicia y respeto para nuestra gente. Los vecinos y empresarios de Los Alcázares no deben pagar las consecuencias», subrayó Pérez Cervera, que reprocha además la «mala praxis» en la gestión del corte. Aunque considera que la MCT «no tiene responsabilidad directa en el origen del problema», sí cree que «falló la comunicación y la coordinación». «Podría haber retrasado el corte una hora para que los vecinos se abastecieran. Nos obligaron a reaccionar sin tiempo y el primer día fue un auténtico caos», lamentó el regidor.

Desde el Ayuntamiento alcazareño se han habilitado cuatro camiones cuba de agua potable que funcionan de manera ininterrumpida desde las nueve de la mañana hasta la tarde, además de un servicio de reparto a domicilio gestionado por Protección Civil para personas dependientes. También se han instalado tres puntos de ducha pública, después de que los vecinos tuvieran que desplazarse inicialmente hasta Cartagena.

Pérez Cervera insiste en que el origen del problema no está en la Mancomunidad, sino en la «falta de ordenación del territorio en la cuenca vertiente del Mar Menor», que ha permitido modificar el terreno «hasta el punto de afectar uno de los servicios básicos de la población». «No ha llovido tanto como para dejar sin agua a más de 100.000 personas. Esto demuestra que alguien no ha hecho lo que debía», denuncia.

También en Torre Pacheco el malestar es evidente. Su alcalde, Pedro Ángel Roca, exige a la MCT que «asuma la responsabilidad por los daños ocasionados a vecinos, comercios y empresas». El regidor asegura que la Mancomunidad «se equivocó al valorar la magnitud del problema y no tomó las previsiones adecuadas», lo que ha derivado en una situación que «se les ha ido de las manos».

Roca informó que las pedanías de San Cayetano, El Jimenado, Roldán y el polígono GMI de Balsicas lleven más de seis días sin suministro alguno. Aunque en otras zonas, como Balsicas o Santa Rosalía ha llegado agua no potable, «su turbidez sigue siendo tan alta que no se puede distribuir por la red».

El Gobierno de la Región de Murcia autorizó a última hora del jueves que la desaladora de Escombreras pueda suministrar agua para abastecer a pedanías de Torre Pacheco afectadas por el corte del suministro por parte de la Macomunidad.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha habilitado también puntos de reparto de agua potable mediante cubas y depósitos y mantiene un servicio especial para empresas críticas, como las del sector cárnico. No obstante, Roca avanza que los municipios afectados reclamarán formalmente a la Mancomunidad indemnizaciones por los perjuicios económicos causados: «Negocios cerrados, pérdidas en hostelería y gastos extraordinarios que deben ser compensados», enumera el alcalde de Torre Pacheco.

En San Javier, el Ayuntamiento solicitará al Estado la declaración de zona catastrófica, tras valorar en 5,5 millones de euros los daños ocasionados por la dana y el colapso del sistema de abastecimiento. Los principales daños se han centrado en las 30 kilómetros de playas que tiene el municipio, por un valor de 3,7 millones, seguido de caminos y carreteras municipales con daños valorados en 1,3 millones euros y en parques y alumbrado por un total de 532.000 euros.

El Consistorio sanjaviereño también reclamará al Ministerio para la Transición Ecológica la ejecución urgente de los diques de contención en la rambla de Cobatillas, una obra propuesta hace años y que, según el alcalde, «resulta imprescindible para proteger a los vecinos, las infraestructuras y el propio Mar Menor».

PP y Vox preparan la maquinaria para exigir responsabilidades

El Partido Popular y Vox intensificaron ayer sus críticas hacia la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) y el Gobierno de España tras los cortes de agua que afectan desde el pasado sábado a cerca de 100.000 vecinos del litoral del Mar Menor. A través de una moción en la Asamblea Regional, el PP ha urgido al Ejecutivo central a «reforzar los medios materiales, técnicos y humanos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, para que no vuelvan a repetirse una situación parecida», según explicó Carlos Albaladejo, promotor de la iniciativa. El diputado del PP sostiene que esta situación se ha producido por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a ejecutar las obras de defensa contra inundaciones que llevan años reclamando tanto los ayuntamientos más vulnerables como el Gobierno regional.

Asimismo, criticó la falta de comunicación previa de la Mancomunidad, que cortó el suministro a municipios como Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar y San Javier, así como a zonas de Murcia y Cartagena, «sin ningún tipo de aviso previo, lo que dificultó la planificación de los ayuntamientos para poner en marcha alternativas para abastecer a la población», lamentó el diputado popular. Albaladejo destacó que el corte afectó a hogares, comercios, hospitales, centros de salud, personas dependientes y colegios. Por su parte, Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno regional y consejero de Emergencias, responsabilizó directamente a la Mancomunidad y al Ministerio para la Transición Ecológica del prolongado corte de agua. «Esto ya pasó hace nueve años», señaló, lamentando que desde entonces no se hayan ejecutado las obras necesarias para garantizar el abastecimiento del agua potable. Ortuño reclamó explicaciones al Gobierno central y pidió que «deje de echar balones fuera y asuma su responsabilidad», criticando que el Ejecutivo se haya convertido en «el Gobierno de los apagones y de los cortes en el suministro de agua». Por otra parte, recordó la larga lista de infraestructuras contra inundaciones que siguen pendientes de licitación por parte de la CHS, obras que, en su opinión, habrían evitado en buena medida el caos generado por la dana.

Vox también ha alzado la voz. Su presidente regional, José Ángel Antelo, visitó ayer San Javier acompañado de concejales de varios municipios y anunció la solicitud de comparecencia en la Asamblea Regional del presidente de la MCT, Juan Cascales, «para que dé explicaciones de cómo puede ser que en 2025 haya miles de personas sin abastecimiento de agua corriente». Antelo calificó la situación de «kafkiana» y se preguntó cómo es posible que los vecinos afectados estén pagando «un tasazo por las basuras, un canon por el agua, y, aun así, lleven varios días sin poder abrir el grifo». Tanto PP como Vox coinciden en reivindicar una mayor coordinación y transparencia por parte de la Mancomunidad, así como protocolos de respuesta que eviten que se repitan cortes masivos de suministro de agua potable. n