"Murcia fue una de las regiones que más apostó por la fotovoltaica y hoy sufre las consecuencias"

El presidente de la Asociacion Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, trata algunos de los temas que se expondrán en la mesa de debate, ‘Desarrollo Fotovoltaico. El exceso de oferta frente a la ausencia de electrificación y la necesidad de nuevas redes’, que se celebra en La Opinión y que también contará con la participación de Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Comunidad Autonómico de la Región de Murcia; Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur; Javier Celdrán Lorente, director Región de Murcia en PwC España; y Ángel Pallares, jefe de Zona en Murcia de Iberdrola. La cobertura completa del evento se publicará el próximo 12 de octubre.

¿Qué llevó a miles de familias españolas a apostar por la energía solar en los años 2007-2009, y qué papel tuvo el Estado en promover esas inversiones?

En aquellos años era vital madurar tecnologías de generación de energía que no fueran contaminantes y, para ello era preciso movilizar ingentes cantidades de inversión privada. En el caso de la fotovoltaica el Estado hizo un llamamiento a los particulares ahorradores y acudieron 62.000 familias españolas que, entre lo que tenían ahorrado de toda una vida y con sus hogares como garantía ante la banca, fueron capaces de lanzar la tecnología y la industria fotovoltaica, destinando 25.000 millones de euros en total. Gracias a este esfuerzo contamos con energía tan barata que en no pocas horas del día sale a cero y con ello se ha desplomado el gasto de nuestras familias y de nuestras empresas en sus consumos. Energía que, además, no genera emisiones.

Años después, esas mismas familias sufrieron recortes retroactivos que las dejaron en una situación muy difícil. ¿Cómo describiría hoy el impacto económico y social de esas medidas?

Ese fue nuestro premio por dedicar nuestro esfuerzo personal y económico, incumplir con los retornos previstos con recortes medios de un 30% que, en no pocos casos, llegan hasta el 45%. El daño es económico, como es evidente, y moral, al sentirnos atropellados por nuestro propio Estado que fue quien nos ofreció esta línea de trabajo e inversión.

Anpier propone ampliar la vida retributiva de las plantas solares para reparar el daño a los pequeños inversores

Desde Anpier sostienen que los recortes fueron desproporcionados. ¿En qué se basa esa afirmación y qué consecuencias tuvo sobre la confianza en la política energética española?

Si el Estado en un BOE establece unas condiciones y las cambia a los dos años y en 15 años realiza más de 10 modificaciones retroactivas minorando en todas ellas los ingresos que motivaron nuestro esfuerzo, pues pierdes toda la confianza en tu propio Estado de derecho. Este tipo de inversiones se hizo en toda Europa y en ningún lugar se han realizado ajustes tan desproporcionados e injustos.

¿Qué papel han jugado los tribunales internacionales y por qué algunos inversores extranjeros han conseguido compensaciones mientras las familias españolas siguen esperando una solución?

Esta es ya la parte más perversa. En el mismo marco normativo de nuestras plantas entraron también fondos extranjeros de gran magnitud que invirtieron sobre la base de grandes economías de escala y, por lo tanto, mayor rentabilidad y sin necesidad de financiación. Estos inversores acudieron al Banco Mundial por los recortes que sufrieron, al igual que nosotros, con una diferencia: nuestra justicia a nosotros nos ha defenestrado, mientras que la justicia internacional si les de la razón y obliga a nuestro Estado a restituirles el daño causado.

¿Qué grado de responsabilidad atribuye a los distintos gobiernos que han gestionado esta crisis durante más de una década?

Como han sido gobiernos de uno y otro signo, y ninguno ha querido resolver esta situación, no puedo decir otra cosa que no sea que me parecen, a estos efectos, exactamente igual de irresponsables y de insensibles con estas 62.000 familias pioneras de la fotovoltaica en España.

«62.000 familias lanzaron la fotovoltaica y fueron castigadas por el Estado»

El actual Ejecutivo incluyó en su programa el compromiso de reparar los daños a los pequeños inversores. ¿Se ha avanzado realmente en esa promesa?

Efectivamente, en la primera Legislatura de Sánchez, pero no hemos avanzado absolutamente nada.

Anpier propone una solución que pasa por ampliar la vida retributiva de las instalaciones durante unos años más. ¿Por qué considera que esta medida sería justa y viable?

Justo es restaurar el daño económico y moral causado por el Estado a este colectivo, sobre todo si ya lo tienen que reparar por sentencias internacionales a los foráneos. Viable porque extender la vida retributiva no supone un quebranto al sistema eléctrico, que en ese momento estará totalmente saneado gracias, precisamente, a la penetración de la energía fotovoltaica, cuyos padres han sido los damnificados por tanto vaivén y tanto recorte.

¿Cómo está afectando esta situación al caso concreto de la Región de Murcia y qué papel juega la Comunidad dentro del movimiento que lidera Anpier?

Murcia es una de las CCAA con mayor número de familias fotovoltaicas, puesto que la mayoría de los productores son agricultores que destinaron sus ahorros para tener después, tras diez años de amortización teóricos, un complemento a sus reducidas pensiones agrarias; sin embargo, ya van por 18 años de producción sin amortizar aun sus plantas por los recortes. Murcia, por su sol y por su tejido agro rural fue una de las tierras que más hizo por la fotovoltaica en España y en Europa, este sacrificio no debe ser recompensado con olvido y castigo.