El debate de las quemas agrícolas vuelve al Congreso

El Congreso de los Diputados revisará en los próximos días una iniciativa que propone autorizar la quema «controlada y responsable» de residuos vegetales en áreas rurales durante los periodos de bajo riesgo de incendios. La medida, presentada por Junts, se debatirá en unos días como una proposición no de ley en la Comisión de Agricultura y pretende simplificar la gestión de residuos agrícolas y forestales y aliviar la carga administrativa y económica de agricultores y pequeños municipios.

Desde Junts, se argumenta que la actual legislación —la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en 2022 bajo el mandato de Teresa Ribera— impone «restricciones significativas» a las quemas de restos vegetales. Aunque reconocen que la norma tiene un fin ambiental positivo, sostienen que ha generado efectos adversos en el ámbito rural, aumentando los costes de gestión y la burocracia.

Según la formación catalana, esta situación «pone en peligro la viabilidad de las explotaciones» y, además, la acumulación de biomasa puede incrementar el riesgo de incendios forestales.

En la Región de Murcia, el debate ha suscitado diferentes puntos de vista entre las organizaciones agrarias. El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, se mostró favorable a la iniciativa. Considera que facilitar la quema controlada ayudaría a «eliminar burocracia y simplificar la gestión de los agricultores». Recordó que se trata de «una práctica ancestral muy necesaria para la erradicación de plagas y enfermedades, así como de especies vegetales invasoras, como los salicornios». Aunque señaló que la mayoría de los agricultores ya trituran los restos de poda para mejorar la fertilidad del suelo, Gálvez subrayó que «en ocasiones son necesarias las quemas para aniquilar las plagas». En su opinión, «con una buena gestión que evite molestias por el humo, deben permitirse y aliviar la carga administrativa y los costes económicos».

Más prudente se mostró el secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, quien considera que el sistema actual ya ofrece suficientes garantías. A su juicio, la Región de Murcia «tiene muy bien reguladas las quemas agrícolas», tanto para explotaciones grandes como pequeñas. Explicó que los agricultores murcianos pueden realizar quemas con una simple comunicación previa, «siempre dentro del periodo autorizado y con las medidas de control necesarias». Por ello, cree que la iniciativa de Junts «no aportaría grandes cambios», ya que «lo que ellos piden es lo que nosotros ya tenemos hoy en día».

Moreno también apuntó que el control de las quemas corresponde a las comunidades autónomas. En su opinión, el problema que plantea Junts «responde más a una falta de desarrollo normativo en Cataluña que a un fallo de la ley estatal».

Mientras el Congreso se prepara para debatir la propuesta, el campo murciano observa con atención una medida que reabre un debate constante entre la simplificación administrativa y la protección ambiental.