Barreiro dice no recordar casi nada sobre Novo Carthago en el juicio

La exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, declaró ayer como testigo en el juicio por el caso Novo Carthago, la operación urbanística que pretendía construir unas 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf en terrenos protegidos junto al Mar Menor.

Durante su comparecencia ante el tribunal, Barreiro —que dirigió el Ayuntamiento entre 1995 y 2015— insistió en que «siempre hice lo que la ley decía que había que hacer» al tramitar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que habría permitido el desarrollo del proyecto. «El alcalde hace los actos reglados que establece la ley, y así lo hice», subrayó, en respuesta a las preguntas del Ministerio Fiscal.

La exregidora reconoció que conocía el proyecto, aunque dijo no recordar con precisión cuándo tuvo noticia por primera vez de él. «Se hicieron muchos proyectos y exactamente el momento no lo recuerdo», señaló, añadiendo que sí acudió a una presentación pública de Novo Carthago a la que asistió «muchísima gente».

Preguntada por si el Ayuntamiento asumió políticamente la iniciativa de Hansa Urbana, Barreiro replicó que el Consistorio «siguió el procedimiento legal» sin tomar partido personal. «No se trata de una cuestión de voluntad política, sino de cumplir los trámites que marca la ley», insistió.

Durante su interrogatorio por parte del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la exalcaldesa respondió con un reiterado «no lo recuerdo» a la mayoría de las preguntas sobre el origen y la tramitación del proyecto. Sus continuas evasivas llevaron incluso al juez Álvaro Castaño Penalva a comentar que, por sus respuestas, podría parecer que estaba "a la defensiva".

Barreiro explicó que conoció el proyecto en su presentación pública en un hotel de La Manga del Mar Menor en julio de 2003, y reconoció que lo consideró «una gran inversión y de interés para Cartagena», siempre que se ajustara a la legalidad.

Preguntada sobre si había hablado con el entonces consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, para promover el desarrollo o resolver sus problemas ambientales, fue tajante: «Nunca hablé con el consejero de eso», insistió.

La exalcaldesa también dijo desconocer si su concejal de Urbanismo acudió a alguna reunión con la Dirección General del Medio Natural para analizar la viabilidad ambiental del proyecto, y aseguró que no recordaba los obstáculos planteados años después por la Comisión Europea, que acabaría cuestionando la compatibilidad del plan con la normativa medioambiental.

En la misma sesión declaró también como testigo el exconcejal de Urbanismo Agustín Guillén, quien manifestó que no conoció el informe de la Unión Europea que tumbó el proyecto por su impacto ambiental y defendió que la ley permitía la modificación puntual del PGOU tramitada por el Ayuntamiento. Afirmó además que nunca recibió presiones ni influyó sobre nadie para apoyar la iniciativa.

Otros testigos, funcionarios de la Administración regional que en su día emitieron informes técnicos desfavorables, coincidieron en que advirtieron la necesidad de adoptar estrictas medidas correctoras y compensatorias para proteger los espacios naturales afectados. Uno de ellos, exjefe de servicio en la Dirección General del Medio Natural, subrayó que lo que más le preocupó fue el incremento de visitantes al Mar Menor que podría derivarse del plan urbanístico.

También llamó la atención la declaración del jefe de servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales, quien afirmó que tras visitar en su día parte de los espacios protegidos, los regadíos de Miramar, llegó a la conclusión de que «los regadíos intensivos son mucho más contaminantes que un campo de golf, porque emplean pesticidas y otros productos que contaminan las aguas y por infiltración el Mar Menor».

La vista continuará el próximo martes 14 de octubre con la declaración de otros seis testigos, entre ellos, el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cartagena, José Fidel Saura. También se tomará declaración a otros dos funcionarios del Consistorio cartagenero, y a tres técnicos y responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental.