El foco del juicio Novo Carthago apunta a la asesora de Cerdá

El juicio por el caso Novo Carthago, que analiza la recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor para un macroproyecto urbanístico de Hansa Urbana, celebró este miércoles su segunda jornada con la declaración de varios técnicos de la Dirección General del Medio Natural. Los testigos participaron en la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor de 1998 y en los informes técnicos y jurídicos que definieron el nivel de protección ambiental de la zona, sustituido en 2003 por un nuevo plan que abrió la puerta a la urbanización en terrenos hasta entonces protegidos.

Entre los comparecientes destacó Francisca Baraza, coautora del PORN de 1998 y actualmente comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas para el Ministerio para la Transición Ecológica. Junto a ella declararon Emilio Aledo, Pedro Martínez, Miguel Ángel Martínez-Aedo, Francisco Espín e Ignacio Rojo, todos ellos jefes o técnicos de la antigua Dirección General del Medio Natural.

Las declaraciones giraron en torno a los criterios que sustentaron el plan de 1998 y al proceso que desembocó en su modificación, eje central de la causa que investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística, tráfico de influencias y falsedad documental.

Baraza defendió ante el tribunal que el PORN de 1998 se elaboró sobre una base “técnica y científica muy exhaustiva” y que establecía una protección clara frente a cualquier intento de urbanización. “El objetivo era conservar los últimos vestigios sin urbanizar de la ribera del Mar Menor”, afirmó, aludiendo a zonas como Los Triolas o Lo Poyo, de alto valor ambiental y paisajístico.

Respecto a las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Cartagena, explicó que se propusieron usos recreativos o deportivos en terrenos agrícolas, pero que el equipo técnico rechazó la compatibilidad de esos proyectos con la figura de protección: “No había posibilidad de compatibilidad. Debía preservarse su carácter agrario”, sostuvo.

Baraza relató además que, tiempo después, participó en una reunión en la sede de la Dirección General del Medio Natural con representantes de Hansa Urbana, promotora del proyecto Novo Carthago. “Fue una reunión amplia, con técnicos de fauna, flora y medio forestal”, dijo, aunque aseguró no recordar quiénes asistieron por parte de la empresa. Según su testimonio, la promotora defendía que un campo de golf podía ser compatible con el entorno protegido, algo que ella rechazó frontalmente: “Planteé las dificultades de poder desarrollar un proyecto así dentro del espacio protegido. El PORN ya establecía un nivel de protección muy claro”.

La bióloga subrayó que el área se encontraba además en trámite para su inclusión en la Red Natura 2000, lo que reforzaba su nivel de conservación. “Con mayor motivo, el foco de protección sería todavía más estricto”, señaló.

En su testimonio, Baraza mostró su sorpresa ante las modificaciones del nuevo PORN de 2003, que calificó de “contradictorias e incoherentes”. Según explicó, aquel texto permitía usos recreativos y deportivos en zonas agrícolas, lo que “rompía la coherencia interna del documento” respecto a su propia justificación ambiental.

Pero fue la declaración de Miguel Ángel Martínez-Aedo, jefe de Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, la que centró el interés de la sesión. El funcionario reveló que aquella reunión con Hansa Urbana fue convocada por María Antonieta Fernández Cano, asesora jurídica eventual del entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y una de las acusadas en el proceso.

Según su relato, a la cita asistieron “cuatro o cinco personas” vinculadas a la promotora y se habló expresamente de la necesidad de modificar el PORN para facilitar el desarrollo urbanístico. Martínez-Aedo recordó que fue la propia asesora quien manifestó que “había que cambiar el PORN”, aunque él no pudo precisar si actuaba por iniciativa propia o siguiendo instrucciones del consejero.

A preguntas del fiscal, aclaró que nunca trató el asunto directamente con Cerdá y que Fernández Cano, como personal eventual, “no tenía competencias técnicas ni administrativas” en materia de medio ambiente.

El técnico también manifestó su sorpresa al ver publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la orden que reiniciaba el procedimiento del PORN en 2003, ya que ni él ni su servicio habían participado en su redacción. “El texto no fue elaborado por la unidad competente —la mía—”, aseguró.

Martínez-Aedo explicó que, cuando finalmente conoció el nuevo documento, observó un cambio sustancial en la zona de regadíos de Miramar, donde se modificaba la calificación de suelo agrícola para permitir “usos compatibles” como instalaciones deportivas. Afirmó desconocer si existía algún informe técnico que justificara la modificación: “Hasta donde sé, no había ninguno”, concluyó.

Las declaraciones de los técnicos dejan así un punto común en el relato: el impulso para cambiar el PORN no vino de los servicios técnicos, sino del entorno político del entonces consejero Cerdá, con la asesora Fernández Cano en el centro de una reunión que, dos décadas después, se ha convertido en uno de los episodios clave del caso Novo Carthago.