Veinte años de polémica: Novo Carthago frente a la justicia

Durante los primeros años del siglo XXI, cuando la burbuja inmobiliaria en España estaba en pleno apogeo, la Región de Murcia se convirtió en un terreno fértil para proyectos urbanísticos desproporcionados. Entre todos ellos destacó Novo Carthago, una verdadera ciudad turística proyectada a pocos metros del Mar Menor.

El plan, impulsado por la promotora Hansa Urbana, incluía más de 10.000 viviendas, hoteles de lujo, campos de golf y grandes zonas de ocio.

La idea era clara: transformar aquel espacio ‘semirrural’ en un emporio turístico de referencia, capaz de atraer inversiones millonarias y miles de visitantes. Sin embargo, desde el primer momento surgieron voces que alertaron de la incompatibilidad entre ese desarrollo y la protección ambiental de la laguna salada más grande de Europa.

Los terrenos previstos para Novo Carthago, San Ginés de la Jara, lindando con el saladar de Lo Poyo, no eran cualquier suelo. Estaban catalogados como no urbanizables y además formaban parte de la Red Natura 2000, con las figuras de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves). También estaban amparados por otras figuras regionales de Paisaje Protegido y llegaron a tener la categoría de No Urbanizable de Protección del Mar Menor en los planeamientos.

Para ecologistas y buena parte de la ciudadanía, aquellas etiquetas ambientales eran totalmente incompatibles con la construcción de una macrociudad turística. Sin embargo, para la promotora y las autoridades políticas, había margen de maniobra: modificar la normativa.

El camino hacia la viabilidad del proyecto comenzó con la revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), el documento que establece qué usos se permiten en cada zona del espacio protegido. Según la investigación, se introdujeron cambios sin el debido respaldo científico que, en la práctica, reducían las limitaciones sobre los terrenos donde debía levantarse Novo Carthago.

Paralelamente, se promovió una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena, que reclasificaba el suelo y abría la puerta a la urbanización. Estas decisiones fueron firmadas por altos cargos del Gobierno regional, quienes hoy alegan que contaban con informes técnicos favorables.

Lo que para unos era un procedimiento administrativo normal, para otros era el corazón de la irregularidad: la recalificación interesada de un suelo protegido.

Las primeras denuncias

Las primeras críticas no tardaron en llegar. Colectivos ecologistas, como la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), denunciaron que se trataba de un ejemplo de corrupción urbanística y que el gran perjudicado sería el Mar Menor..

Poco después llegarían las investigaciones judiciales. El proyecto Novo Carthago quedó bajo la lupa de los tribunales, junto con los nombres de varios responsables políticos; entre ellos aparecieron los exconsejeros de Medio Ambiente y Obras Públicas, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, pesos pesados del Gobierno popular de Ramón Luis Valcárcel, (quien estuvo presente en la presentación del proyecto en 2003), además de otros directores generales, asesores y técnicos de Urbanismo, Turismo y Medio Ambiente.

La entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, también fue investigada en el Tribunal Supremo debido a su condición de aforada, pero fue finalmente exonerada.

Mientras las diligencias avanzaban lentamente, España experimentó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Muchos macroproyectos quedaron en suspenso, y Novo Carthago nunca llegó a ejecutarse. Las maquetas quedaron guardadas y los terrenos, intactos. Además, el caso resonó fuera del país: la Comisión Europea fue decisiva para impedir que no prosperara Novo Carthago, al detectar su incompatibilidad con la normativa ambiental comunitaria y llegó incluso a amenazar con sanciones a España.

El caso, sin embargo, siguió su curso en los tribunales. Años de informes periciales, recursos y declaraciones alargaron la instrucción hasta rozar las dos décadas. Entre tanto, el ecosistema del Mar Menor, como se temía, entró en una espiral de deterioro ambiental: la presión agrícola, los vertidos y el urbanismo descontrolado fueron degradando un ecosistema cada vez más frágil e y menos resiliente. El proyecto Novo Carthago se convirtió, por derecho propio, en un símbolo, no solo de presunta corrupción, sino de cómo se podían sacrificar valiosísimos enclaves naturales en nombre del desarrollo económico y el interés inmobiliario.

Tras múltiples aplazamientos (algunos por recursos, otros por cuestiones como la huelga de letrados judiciales) el juicio oral fue finalmente fijado para el pasado 29 de septiembre en la Audiencia Provincial de Murcia. Veinte sesiones deberán esclarecer si la recalificación de los terrenos fue un delito o una decisión administrativa ajustada a derecho.

En el banquillo se sientan siete acusados, entre ellos los exconsejeros Cerdá y Bascuñana. La Fiscalía les imputa delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, mientras que en el caso de una exasesora jurídica se añadía blanqueo de capitales.

El arranque del proceso

En la primera jornada, las defensas intentaron frenar el proceso alegando prescripción de los delitos. El tribunal, sin embargo, rechazó la maniobra.

Al día siguiente comenzaron las declaraciones. Bascuñana defendió que había actuado con arreglo a los informes técnicos, que todos eran favorables y que su responsabilidad era política, no técnica. Negó haber ejercido presión alguna. Otros exresponsables coincidieron en ese argumento: los informes avalaban el proyecto, y ellos solo cumplieron con su deber.

El tribunal aceptó algunas modificaciones menores en las acusaciones, como la retirada parcial de cargos contra Hansa Urbana y la rebaja de la imputación de uno de los procesados.

Un símbolo regional

Más allá de lo que decidan los jueces, la historia de Novo Carthago condensa buena parte de las dinámicas que marcaron la Región de Murcia en las últimas décadas: La fiebre del ladrillo que impulsó proyectos desproporcionados en territorios frágiles, el peso de los intereses privados en las decisiones políticas y urbanísticas, la lentitud de la justicia, que tarda casi veinte años en llevar a juicio un caso emblemático o el deterioro del Mar Menor, convertido en una atractiva víctima de ese modelo de desarrollo.

El juicio será el que determine si hubo o no responsabilidad penal en la recalificación de los terrenos, pero en cualquier caso, Novo Carthago quedará siempre en la memoria colectiva de los murcianos como un oscuro ejemplo de hasta dónde podía llegar la insensibilidad ambiental en aquellos primeros años del siglo XXI.