Anse asegura que una condena en el Novo Carthago sería "una llamada de atención para el futuro"

El director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García, calificó de «agridulce» la apertura del juicio por el caso Novo Carthago, una causa que, según él, «lleva más de treinta años de historia» y en la que, desde hace décadas, su organización ha jugado un papel protagonista.

García recordó que este proceso judicial llega tras una larga lucha para evitar «que grandes desarrollos urbanísticos transformaran la franja litoral sin urbanizar, provocando un colapso irreversible de espacios emblemáticos». En sus palabras, «esto tiene una importancia que va mucho más allá de la conservación de la naturaleza; se ha conseguido algo que podríamos llamar un hito histórico».

No obstante, el dirigente ambiental expresó también sentimientos contradictorios. Por un lado, destacó la satisfacción por ver el juicio iniciarse; por otro, lamentó la lentitud del proceso y el escepticismo ciudadano: «La justicia tiene ese tópico de llegar tan tarde… mucha gente siente que, al final, terminará habiendo un pacto o que todo quedará en nada».

Queremos que haya algún tipo de condena. Estamos convencidos de que hay causa

Pedro García

— Director de Anse

Para García, aquel periodo histórico fue especialmente duro para el movimiento ecologista. Recordó declaraciones de altos cargos autonómicos, entre otros del consejero Antonio Cerdá, expresando desprecio hacia las reivindicaciones ecologistas y denunció que se eliminaron entonces las ayudas a proyectos de conservación: «En la Región de Murcia desde entonces no hay convocatorias de ayudas para proyectos de conservación de la naturaleza», aseguró Pedro García.

En ese contexto, destacó el papel político de determinadas figuras como la diputada socialista Teresa Rosique o el del líder de IU, José Antonio Pujante, que apoyaron la causa, y se opusieron a un proyecto urbanístico que estaba respaldado públicamente por el entonces presidente Ramón Luis Valcárcel. García subrayó que este proyecto, junto con otros paralelos en la misma zona, habría supuesto la construcción de entre 18.000 y 20.000 viviendas junto al Mar Menor, un desarrollo que hubiera «colapsado el entorno de la laguna salada».

En cuanto al final deseado para este largo proceso, García expresó que «queremos que haya algún tipo de condena. Estamos convencidos de que hay causa» y subrayó el papel clave que tuvo la Fiscalía en avanzar el caso: «Sin ese trabajo no hubiéramos llegado a donde hemos llegado». Añadió que un veredicto condenatorio sería una «llamada de atención para el futuro» y evitaría que «se vuelvan a burlar de ciertas leyes» proteccionistas.

Finalmente, abogó por que, además de la sentencia, se promueva la restauración ambiental: «Sería razonable que los bancos propietarios quisieran ceder los terrenos a las administraciones para proceder a una naturalización de la mayor superficie posible… aunque conservar parte de la agricultura también tendría sentido».

La defensa no termina de explicar por qué lo protegido se quedó sin protección

José Manuel Muñoz

— Acusación particular

Para García, cerrar la historia de Novo Carthago con una sentencia condenatoria no solo sería un broche de oro para Anse, sino también la confirmación de que «lo que planteamos en su momento no era una locura» y una señal de respeto hacia la naturaleza, especialmente en un entorno tan vulnerable como el Mar Menor.

Uno de los temores con respecto a este juicio, que comparte el director de Anse y el abogado que representa los intereses de esta organización en el juicio, como acusación particular, José Manuel Muñoz, es que las posibles penas, en caso de que las hayan, se reduzcan por las dilaciones indebidas.

Según Muñoz, existe un riesgo real de que se aplique la figura jurídica de la dilación indebida, lo que supondría una atenuación de las penas para los acusados. Muñoz explicó que este concepto es complejo y siempre implica una reducción de la pena, ya que «se divide la pena en tres partes» y se «reduce en un grado». Muñoz subrayó que la duración de los procedimientos puede verse afectada por «el cambio de jueces o funcionarios», como ha ocurrido en este caso o por la falta de diligencia administrativa.

Muñoz confirmó que asumirá la representación de Anse durante todo el juicio, sustituyendo a Ginés Ruiz Maciá. Además, valoró las primeras sesiones del proceso como previsibles, ya que «todos los acusados pertenecen al área de urbanismo» y comparten «una justificación de lo que hicieron». Sin embargo, recalcó que esa defensa no termina de explicar «por qué lo protegido se quedó sin protección».

En cuanto a la provisionalidad de la protección ambiental que se argumentó por parte de algunos acusados, Muñoz lamentó que se puedan beneficiar de la falta de diligencia de los organismos competentes. En este sentido hizo referencia a la falta de desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que no contaba entonces con una aprobación definitiva. n