El Gobierno regional presenta un recurso contencioso-administrativo contra el reparto de menores migrantes

El Consejo de Gobierno ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto aprobado por el Gobierno de España el pasado mes de julio para regular el reparto de menores migrantes no acompañados. "Se trata de un decreto que es un auténtico atropello jurídico y político, una norma que invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores", señaló este jueves el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño.

Desde el Palacio de San Esteban consideran que esta norma vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que no asegura la financiación necesaria para garantizar la atención adecuada a estos menores. "Estamos ante un real decreto que quiebra el principio de lealtad institucional, además de ser un procedimiento que se ha impuesto de espaldas a las autonomías, sin consenso, sin diálogo, sin respeto a los órganos de cooperación en materia de protección de menores", explicó el portavoz.

Este real decreto, "improvisado y sin fundamento", pretende que las comunidades autónomas asuman responsabilidades "que son competencia directa del Estado" y que lo hagan "sin recursos, sin coordinación y sin planificación", "y todo ello mientras el ejecutivo de Pedro Sánchez sigue de brazos cruzados ante la inmigración irregular descontrolada que sufre nuestro país", denunció.

Cabe recordar que el Gobierno regional ya interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley del Gobierno de España. Lo que hace ahora es presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

De la misma forma, el Ejecutivo regional estima que la norma vulnera el principio de igualdad y no discriminación. El Real Decreto determina que las autonomías deben remitir al Estado el número de plazas de acogida que disponen para personas menores de edad extranjeras no acompañadas, y aportar la cifra de las que están siendo atendidas por su sistema de protección, pero para la Comunidad, esta petición supone una discriminación directa de los menores migrantes, ya que, según la legislación de protección a la infancia, no pueden ser atendidos de forma distinta en función de su procedencia o nacionalidad.

En la Región de Murcia no hay centros específicos de menores migrantes, puesto que la Comunidad apuesta por la integración de estos menores atendiendo a sus necesidades y circunstancias específicas. No existen recursos específicos en función de la nacionalidad de los menores tutelados.