Bascuñana, sobre su papel en Novo Carthago: “Tenía y tengo la conciencia muy tranquila”

La segunda jornada del macrojuicio por el caso Novo Carthago arrancó este martes en la Audiencia Provincial de Murcia con el inicio de los interrogatorios a los acusados, tras una primera sesión centrada en las cuestiones previas planteadas por las defensas. En el banquillo se sientan antiguos altos cargos del Gobierno regional y responsables técnicos de Urbanismo y Medio Ambiente, acusados de favorecer la recalificación de terrenos protegidos en torno al Mar Menor para facilitar un proyecto urbanístico de la promotora Hansa Urbana. La sesión se abrió con la declaración de José María Ródenas, subdirector de Urbanismo, y continuó con otros exresponsables políticos como Joaquín Bascuñana.

Bascuñana, consejero entre enero de 2002 y julio de 2007, subrayó que nunca recibió directrices políticas ni instrucciones de favorecer el proyecto, ni de Cartagena ni de la presidencia regional. Según explicó, su contacto con el proyecto se limitó a asistir a presentaciones públicas y reuniones informativas, sin intervenir en aspectos técnicos ni legales.

El exconsejero detalló que no tuvo conocimiento previo de reuniones convocadas por otros consejeros y que los directores generales de la Consejería actuaban con autonomía. Asimismo, no recibió información adicional de técnicos o funcionarios sobre aspectos jurídicos o ambientales, y delegó en la Dirección General de Urbanismo la gestión técnica de los expedientes.

Respecto a la orden de aprobación definitiva de marzo de 2005, Bascuñana afirmó que firmó el expediente con todos los informes técnicos favorables, confiando plenamente en los funcionarios, y sin imponer ninguna decisión ni intervención sobre los técnicos. Subrayó que, en ese momento, su responsabilidad era política, no técnica, y que su actuación estaba conforme a la legalidad.

“Tenía y tengo la conciencia tranquila de que lo que hice era lo correcto”, declaró el exconsejero, insistiendo en que su actuación siempre siguió los informes técnicos y la normativa vigente.

Bascuñana también negó haber mantenido contacto con su sucesor en la Consejería ni con otros consejeros sobre el proyecto, y reiteró que su función política no implicaba manipulación de los informes técnicos.

Por su parte, el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas, admitió haber corregido anotaciones en un informe de marzo de 2004 del arquitecto Carlos Felipe Iracheta, que cuestionaba que la operación pudiera tramitarse como modificación puntual y no como revisión completa del Plan General de Cartagena. El exalto cargo defendió que esa corrección fue necesaria porque el criterio del técnico “rompía con la práctica seguida durante años en decenas de expedientes” y porque el impacto sobre el territorio “apenas alcanzaba el 2 o 3% del suelo municipal”.

Un informe clave para marcar el camino del Ayuntamiento

El acusado explicó que su papel no fue solo corregir, sino también marcar el procedimiento que debía seguir el Ayuntamiento tras la aprobación inicial de la modificación urbanística. “Señalamos las deficiencias detectadas y los pasos que debía dar el consistorio si quería continuar”, dijo, subrayando que su informe fue remitido oficialmente a través del director general y acompañado de observaciones de los servicios jurídicos.

El fiscal llamó la atención que en este caso no apareciera informe alguno de la jefa de servicio de Urbanismo, Margarita Ros. Ródenas justificó esa ausencia alegando que “no era preceptivo” y que fue ratificado por el jefe del servicio jurídico, Antonio Navarro Corchón.

El debate sobre la protección ambiental

Gran parte del interrogatorio giró en torno a la interpretación del artículo 149 de la Ley del Suelo y a la protección del área conocida como Lo Poyo, junto al Mar Menor. El fiscal planteó que, según la normativa de 1992, esa zona ya estaba reconocida como espacio natural protegido. Ródenas replicó que dicha protección era “cautelar y provisional”, a la espera de instrumentos más detallados como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

“El propio plan general de Cartagena establecía protecciones orientativas, pero no acreditaba valores concretos. Hasta que no existiera un PORN definitivo, la posibilidad de reclasificación seguía abierta”, defendió. En su opinión, la declaración ambiental era el instrumento decisivo: “Si el órgano ambiental admitía la transformación, podía reclasificarse”.

El exsubdirector recordó además que, en esos años, la legislación estatal y regional estaba marcada por un espíritu liberalizador del suelo, que permitía ampliar el suelo urbanizable salvo que se acreditaran valores ambientales claros y justificados.

El fiscal, por su parte, insistió en que ya existían estudios científicos financiados por la UE en los noventa que habían identificado valores naturales en el entorno del Mar Menor, e incluso un PORN aprobado inicialmente en 1998. Ródenas respondió que lo que tuvo en sus manos fue un borrador de 2003 y que, en cualquier caso, el procedimiento quedó suspendido a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental.

También declaró Luis Manuel Romera, asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, quien detalló su papel en la revisión y emisión de informes jurídicos relacionados con las modificaciones de suelo que forman parte del macroproyecto urbanístico de Hansa Urbana. Romera aseguró que su labor se limitaba a «recopilar todos los elementos de interés de cada expediente para que, llegado el momento, se pudiera plantear la cuestión», y defendió que su papel fue estrictamente técnico y ajustado a la legalidad.

En relación a la modificación 113 del planeamiento de Cartagena, cuestionada por la acusación al afectar a suelos incluidos en espacios naturales protegidos, el jurista señaló que no existía norma que prohibiera su incorporación al sistema general. «No hay precepto que obligue ni que impida esa clasificación. Si alguien sostiene lo contrario, debe señalar el artículo concreto que lo establece», afirmó.

Según explicó, los espacios naturales protegidos cuentan ya con disposiciones ambientales que «limitan y prohíben» y subrayó que, en todo caso, la potestad clasificatoria recae en el Ayuntamiento y que la Comunidad Autónoma actúa como órgano de control de legalidad en modificaciones estructurales.

Reunión clave en San Esteban

Preguntado por la supuesta contradicción entre los informes de Urbanismo y los de Medio Ambiente, Romera recalcó que su departamento respetaba siempre las condiciones impuestas por los técnicos medioambientales. «Todas las medidas que estableció Medio Ambiente se incorporaron íntegramente a las resoluciones. Si no se cumplen, la resolución pierde validez», señaló. Además, señaló, a preguntas de la acusación particular, que ejerce José Manuel Muñoz en representación de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse), que no tuvo conocimiento de discrepancias internas dentro de Medio Natural. «No sé más de lo que ocurre en la casa de mi primo», ironizó al ser preguntado por posibles conflictos internos en ese departamento.

Por último, a Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Urbanismo, se le preguntó por una reunión clave que abordó el proyecto Novo Carthago celebrada en junio de 2004 en San Esteban. Sin embargo, aseguró no recordar quién lo convocó ni cuál era el propósito concreto del encuentro, indicando que permaneció apartado y sin intervenir.

El exdirector subrayó que confiaba plenamente en los informes jurídicos que recibía y que nunca modificó ninguno de ellos, asumiendo su responsabilidad política pero no técnica en los expedientes.