El juicio de Novo Carthago arranca sin que prospere ninguna de las objeciones de las defensas

La Audiencia Provincial de Murcia acogió este lunes la primera sesión del juicio por el caso Novo Carthago, en el que se juzga a ocho acusados, entre ellos los exconsejeros regionales Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, por un presunto entramado de corrupción urbanística en torno a un macroproyecto turístico en Cartagena. El procedimiento, que se prolongará hasta noviembre con un total de veinte sesiones programadas, tiene también como acusado a la empresa promotora Hansa Urbana, responsable del plan urbanístico que proyectaba la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf en suelos protegidos junto al Mar Menor.

Junto a los exconsejeros también están acusados en este proceso María Antonieta Fernández, asesora jurídica de Medio Ambiente; José María Ródenas, subdirector de Urbanismo; Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Administración Local; y Luis Manuel Romera, asesor jurídico de la misma consejería. El escrito de acusación del fiscal señala que todos ellos participaron, presuntamente, en actuaciones ilegales dirigidas a hacer viable ese proyecto mediante la modificación de la normativa urbanística que lo impedía. Así, añade, llevaron a cabo, supuestamente, las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena y del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para tratar de conseguir su objetivo, que de otra forma no habían logrado por la protección medioambiental que tenían los terrenos afectados.

Cuestiones previas y alegatos iniciales

La sesión inaugural estuvo dedicada al debate de las cuestiones previas planteadas por las defensas, que reclamaron la prescripción de los delitos, la inexistencia de acusación por falsedad documental, la cosa juzgada respecto a resoluciones anteriores y la falta de tipicidad penal de los actos administrativos cuestionados.

El magistrado Álvaro Castaño Penalva, presidente de la Sala, señaló que la mayoría de esas cuestiones afectan al fondo del proceso y no pueden resolverse en este momento, salvo en casos de claridad absoluta. También pospuso a la sesión del martes el análisis de la documentación aportada por Hansa Urbana, que podría condicionar el alcance del procedimiento.

La respuesta del fiscal

El fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano intervino para desmontar los argumentos de las defensas. Recordó que la denuncia que dio origen al caso se presentó hace casi dos décadas e incluía ya delitos de prevaricación, tráfico de influencias y también el de falsedad en documento público. Sobre la supuesta falta de imputación por falsedad, explicó que la manipulación de textos normativos y la introducción de datos mendaces es el núcleo de la acusación por este delito y ha estado presente desde el inicio, como recoge el propio Tribunal Supremo en su auto de 2015, señaló Lozano.

Frente a la alegación de prescripción, sostuvo que la actuación atribuida al exconsejero Antonio Cerdá se prolongó de 2002 a 2004, incluyendo reuniones en las que —según el fiscal— se presionó a técnicos para que informaran favorablemente a la promotora. Por tanto, no se trataría de un hecho aislado, sino de una secuencia continuada de decisiones y órdenes.

También rechazó la existencia de cosa juzgada, al subrayar que las resoluciones previas se referían exclusivamente al ámbito municipal y no a las actuaciones de la Comunidad Autónoma. En cuanto a la alegada “pérdida de objeto” del procedimiento por la desclasificación posterior de los suelos, recordó que el proceso penal no queda anulado por decisiones administrativas posteriores.

Finalmente, defendió que los instrumentos de planeamiento urbanístico sí pueden ser constitutivos de delito, recordando que ya antes de la reforma de 2010 podían encuadrarse como prevaricación ordinaria: “Si un alcalde recalifica con un plan la parcela de su hermano para permitirle construir diez pisos, eso es un delito de prevaricación. No cabe sostener que por ser un instrumento normativo quede fuera del alcance penal”, argumentó.

La defensa no logra su objetivo

Los letrados de la defensa del caso explicaron que la vista oral debía concluir con esta primera sesión, al no ser los hechos imputados a sus defendidos constitutivos de delito alguno. En este sentido, Mariano Aurelio Llanes, letrado del exconsejero Antonio Cerdá, expuso que las resoluciones dictadas por su cliente fueron de puro trámite, no definitivas ni decisorias, por lo que nunca pudo incurrir en el delito de prevaricación ni en el de falsedad que le atribuyen las acusaciones. Además, recalcó que el delito de prevaricación no sería continuado, como aseguran las acusaciones, por lo que los hechos estarían prescritos. El resto de defensas argumentaron en la misma línea al señalar que las conductas atribuidas a sus clientes eran atípicas y, por tanto, no punibles.

Los acusados aplazan sus declaraciones

Aunque estaba previsto que los interrogatorios de los acusados comenzaran en esta primera jornada, las defensas solicitaron que sus clientes demorasen su declaración una opción que el tribunal aceptó pese a considerar más útil que las declaraciones se produjeran al inicio.

De este modo, parte de los acusados (Bascuñana, Ródenas, Guerrero y Romera,) no comparecerán ante el tribunal hasta previsiblemente este miércoles, una vez se resuelva la documentación pendiente relativa a la promotora.

El juicio por Novo Carthago debía haberse celebrado inicialmente en marzo de 2023, pero tuvo que suspenderse entonces por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Más de una década después de que se destapara el caso, la Audiencia Provincial abre ahora el proceso para esclarecer si hubo prevaricación y corrupción urbanística en la tramitación de este macroproyecto en suelo protegido del Mar Menor.