Los fallos en las pulseras afectaron a unas 200 mujeres de la Región

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dijo ayer que en la Región de Murcia unas 200 mujeres víctimas de violencia de género podrían haber «estado en peligro» o sufrido «un riesgo cierto» debido a los fallos registrados en las pulseras antimaltrato.

A preguntas de los periodistas durante un acto, López Miras calificó la situación de «vergonzosa» y señaló que el Gobierno central, al que la Comunidad ha solicitado datos «exactos» sobre el alcance de los fallos en el caso de la Región de Murcia, ha actuado de forma «incompetente».

El dirigente regional criticó la actitud de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien acusó de intentar «esconder y tapar» los problemas con estos dispositivos de protección a pesar de que durante toda la semana mujeres afectadas, jueces y profesionales han denunciado el asunto en los medios de comunicación.

«No podemos permitirnos una sociedad en la que se esté desprotegiendo a las víctimas de violencia de género y además se les quite veracidad a sus testimonios y se esté tapando», manifestó López Miras, que anunció, como hizo el día anterior la consejera de Política Social, que el Gobierno regional pone a disposición de las mujeres víctimas «todos los recursos jurídicos» de la Comunidad «para poder ayudarlas si se han visto menoscabadas también en sus derechos procesales durante todo este tiempo».

Arroyo pide verse con Redondo

Por otra parte, la alcaldesa de Cartagena y presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Noelia Arroyo, convocará a los regidores integrantes de la comisión para analizar la situación de las pulseras antimaltrato y la FEMP solicitará una reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para tratar «directamente» las incidencias de este dispositivo.

Arroyo pidió un informe al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer con todas las advertencias y datos disponibles del sistema para estudiarlos en la comisión. La alcaldesa quiere que los municipios tengan «un papel activo» en la búsqueda de soluciones y recordó que los ayuntamientos son la primera instancia de apoyo a las víctimas, gestionan servicios como casas de acogida y coordinan la aplicación de medidas judiciales.

Por ello, consideró «necesario» que el Gobierno central explique por qué se adjudicó el servicio a una oferta «tan mal evaluada» y «por qué no se atendieron las advertencias» de jueces y de órganos institucionales. En este sentido, destacó que instituciones como el Defensor del Pueblo, Audiencias Provinciales y el propio centro de control Cometa denunciaron problemas de geolocalización, baterías y manipulación.

La alcaldesa de Cartagena también pidió a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género que el Observatorio que facilite toda la documentación disponible para que los alcaldes puedan evaluar las incidencias en su ámbito y consensuar propuestas en la comisión de la FEMP.