Agua
Las cifras del Trasvase: esto es lo que aporta a la economía nacional
El estudio, con datos de 2024, analiza por primera el peso de las aguas subterráneas para el regadío del Trasvase: 583 millones de euros de producción agrícola y 31.428 empleos en 2024
El presidente regional, Fernando López Miras, junto al presidente del Scrats, y los directores y coordinadores del informe de PwC. / L.O.
El director de PwC en la Región de Murcia, Javier Celdrán, alertó este miércoles en la presentación del estudio Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España (2024) de que el sureste peninsular se enfrenta a un escenario “objetivamente crítico” si se materializan las restricciones previstas tanto en el trasvase como en el uso de aguas subterráneas.
Celdrán recordó que PwC ha venido midiendo el impacto del acueducto en los últimos años. En 2013, el primer estudio cifró la aportación del trasvase en 2.334 millones de euros al PIB y más de 100.000 empleos. En 2020, esas cifras ascendieron a 3.013 millones y 106.000 puestos de trabajo. “Confirmamos entonces que el trasvase era un motor económico y social”, señaló. Celdrá, que destacó el peso extraordinario de las exportaciones de frutas y hortalizas desde Murcia, Alicante y Almería: el 71% a nivel nacional.
La actualización presentada ahora eleva la contribución de las actividades agrícolas vinculadas al acueducto hasta los 3.912 millones de euros en 2024, lo que representa el 0,25% del PIB nacional, y genera más de 102.894 empleos equivalentes a tiempo completo, el 0,48% del total en España. Por cadenas de valor, la agricultura aporta cerca de 1.900 millones de euros y 71.000 empleos, la transformación 1.480 millones y 24.000 empleos, y la comercialización 556 millones y 8.000 empleos.
El informe incorpora por primera vez un análisis del papel de las aguas subterráneas, cuyo uso en la cuenca del Segura aporta 583 millones de euros de producción agrícola (323 en la Región de Murcia) lo que se traduce en 668 millones al PIB y 31.428 empleos. Este dato cobra relevancia, según PwC, ante el anuncio del Gobierno de España de aplicar restricciones en la planificación hidrológica de 2027.
El presidente del Scrats, Lucas Jimémez, este miércoles en la presentación del informe de la consultora PwC. / L.O.
En concreto Celdrán citó la previsión de reducir en un 40% el agua trasvasada en 2027 (según las nuevas normas de explotación), y el recorte de las aguas subterráneas (213 hectómetros cúbicos menos para el mismo año), que representan un 30% de los recursos hídricos agrarios actualmente. De cumplirse ambos escenarios, el sureste perdería la mitad de sus recursos de riego actuales, lo que generaría un déficit hídrico total de 391 hectómetros cúbicos anuales en la cuenca del Segura.
Celdrán advirtió de que estas limitaciones, si alternativas claras a corto y medio plazo, pondrían en riesgo 132.723 hectáreas de cultivos, 44 millones de árboles frutales y más de 100.000 empleos, además de comprometer una aportación de casi 4.000 millones de euros al PIB nacional. Subrayó también el impacto medioambiental: “Estos árboles capturan 1,2 millones de toneladas de CO₂ al año, el equivalente a 615.000 vehículos, la mitad del parque de turismos de la Región de Murcia”, explicó.
El directivo insistió en que el estudio no responde a intereses territoriales ni empresariales. “Este informe no lo ha elaborado ningún organismo público sujeto a tensiones ni un lobby. Lo hemos realizado en PwC, una firma global con un principio innegociable de independencia, imparcialidad y rigor”, afirmó.
Finalmente, reclamó medidas urgentes y estructurales que aporten soluciones reales: “Sin agua no hay agricultura, y sin ella España pierde uno de los motores económicos, sociales y exportadores más potentes”.
López Miras: «No veo alPaís Vasco renunciando a su industria»
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que clausuró el acto de presentación del informe de PwC , defendió la importancia económica de una infraestructura que es parte de la «identidad regional». López Miras pidió al Gobierno central que asuma sus competencias con un plan nacional que garantice igualdad de acceso al agua en todo el país. Sin embargo, lamentó, está permitiendo el enfrentamiento entre comunidades autónomas.
El presidente también destacó el «rigor y objetividad» del estudio encargado por el Sindicato Central de Regantes, subrayando que aporta datos técnicos frente a debates políticos o ideológicos.
Además, resaltó que los 4.000 millones de euros anuales al PIB y los más de 100.000 empleos vinculados al trasvase no son solo una cuestión local, sino un asunto nacional: «El problema no sólo lo tienen los agricultores, lo tiene España entera».
El presidente regional defendió que el trasvase es una cuestión de supervivencia: «No veo al País Vasco renunciando a su industria ni a Galicia a la pesca. Nosotros tampoco podemos renunciar a la agricultura».
Sobre futuras sentencias del Tribunal Supremo(los regantes y la Comunidad esperan respuesta a sus recursos contra el plan del Tajo), López Miras aclaró que solo determinarán la competencia legal para adoptar recortes, no su conveniencia. Afirmó que el Gobierno «se lava las manos» y advirtió que limitar el trasvase perjudicaría a miles de ciudadanos, poniendo en riesgo la economía y el futuro agrícola del sureste.
Lucas Jiménez pide «unidad y firmeza» para impedir los recortes
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, advirtió durante la presentación del informe de PwC que los recortes al trasvase no son un escenario hipotético, sino una consecuencia directa de las normas en vigor. Recordó que el Real Decreto de planificación hidrológica aprobado en 2023 establece ya una reducción del 50% en los volúmenes de agua trasvasables, mientras que el Plan de Cuenca del Segura contempla restricciones adicionales en las extracciones subterráneas. «Dividir esos datos por la mitad refleja el impacto de la legislación actual. No estamos hablando de intenciones del Ministerio, estamos hablando de legislación española», afirmó.
Jiménez reprochó al Ministerio para la Transición Ecológica su «silencio preocupante» tras las sentencias que cuestionaron el escalonamiento de los caudales ecológicos. Según recordó, ninguna resolución obligaba a elevar dichos caudales, por lo que considera falsas las interpretaciones que sostienen lo contrario: «Quien diga lo contrario falta a la verdad en Toledo, en Madrid, en Murcia o en Alicante».
También denunció la falta de inversiones prometidas en el Alto Tajo para ahorrar 100 hectómetros al año, cifradas en más de 68 millones de euros, y subrayó que «la única promesa que parece cumplirse es la del recorte al trasvase». Para Jiménez, este escenario exige unidad y firmeza de toda la sociedad del sureste. «No podemos permitir que decisiones políticas pongan en riesgo nuestro futuro común».
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