Ultimátum de Page: o nuevas reglas del Tajo-Segura en septiembre o batalla judicial

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a poner en la diana al sureste español. El presidente de Castilla-La Mancha amenaza ahora con llevar al Gobierno a los tribunales si no endurece las reglas del Trasvase Tajo-Segura antes de que acabe septiembre. En declaraciones a Castilla-La Mancha Media, recogidas por Europa Press, ha advertido que, si dentro de una semana no han entrado en vigor las nuevas reglas de explotación del trasvase, su Ejecutivo y él personalmente no dudarán en emprender acciones procesales para forzar su cumplimiento.

García-Page recordó que existen cinco sentencias del Tribunal Supremo que avalan la necesidad de establecer caudales ecológicos mínimos en el Tajo, en consonancia con lo que marcan diversas directivas europeas en materia de agua y medio ambiente, que obligan a garantizar la sostenibilidad de los ríos y los derechos de las cuencas cedentes frente a la sobreexplotación.

“Si termina septiembre y no se ha hecho, no solo tendrá que denunciarse públicamente, sino que estaré dispuesto a acciones procesales para que se cumplan”, insistió el presidente autonómico, que considera que la falta de aplicación de dichas normas supondría un “incumplimiento flagrante” de sentencias judiciales firmes.

Cabe recordar que las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura, que en un principio se iban a aplicar progresivamente hasta 2027, implican una reducción significativa en el volumen de agua trasvasada al Levante. Actualmente, la media anual de trasvases es de aproximadamente 320 hectómetros cúbicos (hm³). Con las nuevas normas, este volumen se reducirá a 248 hm³ en 2026 y a 193 hm³ en 2027, lo que representa una disminución de hasta el 40% general respecto a los niveles actuales y de un 50% para el agua destinada a regadío. Desde Castilla-La Mancha defienden además que esa aplicación progresiva ha quedado anulada por una sentencia del Supremo, por lo que consideran que el hachazo debe ejecutarse ya en toda su magnitud.

Recuerda que fue un compromiso del Gobierno

García-Page subrayó que lo deseable sería que el Gobierno de España actuara con previsión y respeto a los plazos, evitando situarse “a la zaga de los acontecimientos”. A su juicio, la entrada en vigor de las nuevas reglas no es solo un compromiso político, sino también una obligación jurídica derivada de resoluciones judiciales y del marco normativo europeo.

Pese a sus advertencias, el presidente manchego dijo confiar en la “voluntad” del Ejecutivo central de cumplir con lo prometido, recordando que fue el propio Gobierno quien se comprometió a aprobar la nueva regulación antes de que finalizara el mes de septiembre.

El Trasvase Tajo-Segura, que desde hace décadas genera tensiones entre las regiones del sureste peninsular —destinatarias del agua— y las cuencas de origen, es uno de los asuntos más sensibles en la política hídrica española. Castilla-La Mancha reclama que se garantice el caudal ecológico del Tajo, mientras que comunidades como Murcia, Valencia y Andalucía insisten en la necesidad de estas transferencias para mantener su agricultura de regadío y abastecimiento urbano.