El Gobierno regional ofrecerá asistencia jurídica a las afectadas por los fallos de las pulseras antimaltrato

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha anunciado este martes que el Gobierno regional ofrecerá asistencia jurídica a las afectadas por los fallos de las pulseras antimaltrato en la Región de Murcia, aunque aún se desconoce su número.

Ruiz participa en el debate de la aprobación y elevación al Pleno de la moción del Partido Popular sobre la defensa de la dignidad de las mujeres y el incremento de las agresiones sexuales en España, que se celebra en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Allí, adelantó que la Región de Murcia no se va a quedar "de brazos cruzados" y por eso se ha solicitado información al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno.

"Estamos contactando a través de nuestra red autonómica de centros de atención a víctimas de violencia de género con las usuarias para detectar posibles riesgos ante estas pulseras fallidas y ofrecerles asistencia jurídica especializada", explicó la titular de Igualdad. "Ante la inacción del Gobierno de España, la protección del Gobierno del presidente Fernando López Miras", sentenció.

Un error informático provocó en 2024 absoluciones y sobreseimientos provisionales de agresores, pero el Ministerio asegura que "las víctimas han estado protegidas en todo momento"

Cabe recordar que, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, un error informático provocó en 2024 una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales de agresores, los cuales transgredieron las órdenes de alejamiento para amedrentar a sus víctimas sin que su comportamiento obtuviera reproche penal porque los juzgados, de forma temporal, no dispusieron de la información.

No obstante, desde el Ministerio de Igualdad aseguran que "las víctimas han estado protegidas en todo momento" porque "las incidencias afectaron a los procesos judiciales, no a la seguridad de las mujeres". Reconocen que entre 2023 y 2024 hubo una migración de datos históricos de Telefónica a Vodafone/Securitas y algunos datos no llegaron a los juzgados en plazo; sin embargo, afirman que, al recuperarse, se reabrieron los procedimientos.

Para la consejera, el "escándalo" de las pulseras es "consecuencia directa de un Gobierno que no funciona"

Pese a las explicaciones del Gobierno de España, la responsable del ramo murciana no escondió su escepticismo. "Durante más de ocho meses miles de mujeres han sido desprotegidas, mujeres que viven con miedo ante el riesgo real de encontrarse con su agresor", denunció, tildando como "vergonzosa" la respuesta del Ejecutivo central ante el "escándalo": "Niega el fallo, lo califica de incidencia puntual y asegura que ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada".

Desde la Consejería de Igualdad de la Región de Murcia mantienen que "este fallo ha tenido consecuencias gravísimas", como son "archivos de causas, sentencias absolutorias y víctimas que creían estar protegidas cuando, en realidad, no lo estaban". Para Ruiz, esto es la "consecuencia directa de un Gobierno que no funciona".

Reclama más recursos

La moción que defiende el Grupo Parlamentario Popular en el Senado pretende acelerar la aprobación de una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos y dotar a las comunidades de recursos necesarios para seguir impulsando planes de prevención y detección de los delitos de trata, entre otros objetivos, que pasan también por reconocer las "nefastas consecuencias" de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

Conchita Ruiz cargó contra la izquierda por "utilizar la igualdad, el feminismo y la lucha contra la violencia de género como banderas partidistas". Para la consejera "no es casualidad" que coexistan los "preocupantes datos de violencia sexual en menores" tras "años en los que el peso de las pancartas del falso feminismo no se traducen en peso de esfuerzos reales del Estado para avanzar en igualdad".

El Ministerio de Igualdad "no ha aportado ni un solo euro" para el funcionamiento de los centros de crisis de la Región, cuyo coste supera los 500.000 euros

"Faltan recursos humanos y materiales, la lentitud en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la saturación de los juzgados especializados" son tres de las quejas que el Gobierno regional llevó este martes a la Cámara Alta. "Cada vez que este Gobierno anuncia medidas a bombo y platillo, no las acompaña de medios suficientes ni de una planificación seria".

Ruiz denunció que el Estado "ha sustituido la gestión por la propaganda y las redes sociales", abandonando a las víctimas en situación de riesgo. Este Gobierno, añadió, "será recordado como el menos feminista de la historia".

Como ejemplo, habló de los centros de crisis, cuyo mantenimiento anual supera los 500.000 euros. Este coste lo "asume íntegramente la Comunidad", puesto que "el Ministerio de Igualdad, a día de hoy, no ha aportado ni un solo euro para su funcionamiento", señaló Ruiz.