La tortuga mora pone en alerta al campo murciano

La Región de Murcia se enfrenta estos días a un intenso debate entre la conservación ambiental y el futuro del campo, en torno al proyecto de decreto de aprobación del Plan de Conservación de la Tortuga Mora (Testudo graeca), actualmente en periodo de información pública y audiencia hasta el 1 de noviembre.

El plan busca garantizar la supervivencia de esta especie protegida, cuyo hábitat coincide con zonas de alto valor agrícola en el sureste murciano, y cumplir con obligaciones legales europeas y nacionales. Sin embargo, despierta recelo entre agricultores, comunidades de regantes y organizaciones agrarias, que temen posibles restricciones en el uso del suelo, limitaciones a la modernización de cultivos o complicaciones administrativas que comprometan la rentabilidad de explotaciones consolidadas.

El sector agrario ha manifestado su inquietud ante el borrador de decreto. Tanto la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) advierten de posibles limitaciones a la actividad agrícola y ganadera en un amplio territorio, sin que se concreten compensaciones económicas ni plazos claros de tramitación.

Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia, expresó el «temor» de agricultores y ganaderos al revisar los límites geográficos de las zonas protegidas, que se extienden «desde la zona alta de Lorca hasta la costa». Señaló que el plan establece un régimen de limitaciones y sanciones que preocupa al sector, además de prever corredores ecológicos y actuaciones sin presupuesto suficiente para los agricultores.

La Consejería asegura que el plan no limita la actividad agrícola ni supondrá más carga burocrática

Gálvez destacó que los agricultores murcianos están comprometidos con la conservación, pero insistió en que «no queremos que suponga una limitación a la actividad o que se establezcan prohibiciones» sobre labores habituales como roturar terrenos, instalar infraestructuras o mejorar fincas. Asaja solicita además compensaciones económicas si se obligara a adoptar prácticas específicas o se vieran afectadas explotaciones por corredores para la fauna. «No hay datos de que la actividad agrícola esté afectando negativamente a esta especie protegida», subrayó.

En términos similares, Carlos Esparcia, vicesecretario general de UPA Murcia, criticó la falta de diálogo previo con el sector, lo que genera incertidumbre al utilizar el plan «una terminología genérica» que podría dar pie a interpretaciones restrictivas. Advirtió que el plan introduce nuevos trámites administrativos para modificar explotaciones o implantar cultivos, generando más plazos y complicaciones. También reclamó una evaluación económica del impacto del plan sobre explotaciones consolidadas y futuras inversiones, así como una evaluación ambiental detallada.

La Consejería responde

Desde la Consejería de Medio Ambiente aclaran que el plan no prohíbe la actividad agrícola ni impone restricciones y que las medidas se centran en zonas concretas de hábitat óptimo, principalmente terrenos forestales de matorrales y cultivos de secano, y en áreas de conexión entre subpoblaciones, «donde se promueven prácticas compatibles como el secano tradicional y los cultivos leñosos de baja densidad».

La Consejería subraya que no se obligará a revertir hábitat ni a cambiar cultivos intensivos por extensivos, y se excluyen expresamente áreas altamente transformadas, como zonas urbanas, industriales o regadíos intensivos. Solo en determinadas «zonas sensibles» se requiere una evaluación técnica previa, aplicada con criterios científicos y acompañada de acciones de asesoramiento y formación.

Vox exige la exclusión total de los terrenos agrícolas en el ámbito de plan

Asimismo, el plan no prohíbe el uso de maquinaria ni de productos agrícolas, aunque se fomenta, según estas fuentes, un uso responsable mediante la elaboración de una guía de buenas prácticas. Tampoco contempla expropiaciones ni pérdida de superficie cultivable; la compra de fincas estratégicas o convenios de custodia se realizará de «manera voluntaria» junto a los propietarios, aclaran.

Sobre la carga administrativa, estas fuentes indican que las actuaciones que requieren evaluación ambiental ya están reguladas por la normativa vigente, y que el plan no introduce una mayor carga administrativa. Solo se exigirá informe favorable en casos de cambios significativos del uso del suelo que afecten a terrenos forestales mayores de una hectárea.

El plan también incluye medidas de apoyo al sector agrícola, como la mejora del hábitat en mosaicos agrícolas y la promoción del turismo sostenible. Además, desde la Consejería destacan que se trata de una obligación legal derivada de la normativa estatal y europea, y que la participación pública se ha garantizado mediante tres meses de exposición pública y tras consultas previas en el mes de julio del año pasado y de este 2025.

Tras finalizar el periodo de información pública, la Comunidad elaborará un informe de respuesta a las alegaciones, solicitará dictamen al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA) y remitirá la documentación al Consejo Económico y Social (CES) antes de su aprobación final por el Consejo de Gobierno.

Con respecto a si este plan requiere o no una evaluación ambiental estratégica, estas fuentes explican que el propio proyecto de decreto declara expresamente que no, al no estar incluido en el ámbito del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. «El plan tiene un carácter estrictamente conservacionista, contiene medidas de protección y conservación, y no fija parámetros habilitantes para la autorización de proyectos futuros», señalan.

Vox, en estado de alerta

El partido que más se ha movilizado contra el plan de conservación de la tortuga mora, al menos tal y como está planteado ahora, ha sido Vox. De hecho esta formación logró el pasado mes de agosto un acuerdo plenario en el Ayuntamiento de Águilas.

La moción, a la que se sumaron los grupos municipales de PP y PSOE, respalda formalmente las alegaciones de agricultores y organizaciones agrarias, y exige, entre otras cosas, la exclusión de los terrenos agrícolas del municipio del ámbito del plan, junto con la supresión de restricciones que, a juicio de los firmantes, carecen de base técnica y jurídica.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Juan María Vázquez y que se reitera en sus aclaraciones, advierte que, en cualquier caso, convertir este proceso público del proyecto de conservación en un instrumento de confrontación política «desvirtúa su finalidad y perjudica el interés general». Según estas fuentes, «la protección de la biodiversidad no debe ser un campo de batalla partidista, sino un espacio de consenso y responsabilidad compartida, donde todas las fuerzas políticas y sectores puedan participar».