Joaquín Zapata: "Respaldaremos la desobediencia civil en Portmán"

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, se mostró muy crítico con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por la falta de respuesta a las alegaciones presentadas contra el proyecto de sellado de la Bahía de Portmán. Según señaló, no espera “gran cosa del Ministerio”, pese a que se han presentado informes de distinta índole que apuntan todos en la misma dirección: la regeneración frente al sellado de la zona.

Zapata recordó que se entregaron al menos tres escritos de alegaciones: uno desde el propio Ayuntamiento, en el que se ponía el acento en factores “sociológicos, de población, económicos y turísticos”; otro técnico, elaborado por la Consejería de Fomento; y un tercero de carácter científico, firmado por profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Murcia. A ellos se sumaron aportaciones de asociaciones vecinales y colectivos ecologistas. “Todos ellos concluyen que la mejor alternativa para la seguridad, la salud y la economía de la Bahía de Portmán es regenerarla”, insistió. No obstante, el regidor recordó que el propio secretario de Estado dejó claro en la Comisión de Seguimiento de octubre de 2023 que la decisión final correspondía únicamente al Ministerio.

Ante esta posición, el alcalde señaló que el Partido Popular en el municipio trabajará para “cambiar el Gobierno central" si no se protege a los ciudadanos de La Unión y de la Sierra Minera. “Nosotros no vamos a cejar en el empeño”, remarcó.

El mensaje más contundente, sin embargo, llegó al referirse a la reacción de los vecinos de Portmán, que ya han mostrado su disposición a impedir físicamente la entrada de la maquinaria que pretenda ejecutar el sellado de la bahía. “Nos lo dicen todos los vecinos de Portmán y nosotros respaldaremos esa desobediencia civil porque entendemos que, una vez se selle la bahía, el proceso no tendrá posibilidad de ser revertido”, advirtió Zapata.

De esta forma, el conflicto en torno al futuro de la bahía suma un nuevo capítulo, con la desobediencia civil en el horizonte como medida de presión frente a un proyecto ministerial que los colectivos locales consideran perjudicial e irreversible.