El Ayuntamiento de La Unión remitirá a la Fiscalía el informe policial sobre la toxicidad de las arenas de Portmán

El senador del Partido Popular Francisco Bernabé y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, comparecieron este miércoles en la sede del PP en Murcia para denunciar lo que califican como un grave riesgo para la salud de los vecinos de la Sierra Minera derivado de la situación de la Bahía de Portmán. La denuncia se apoyará en un informe de la Policía Científica, elaborado después de que el PSOE denunciara a Bernabé por entregar a la ministra Sara Aagesen una bolsa con arenas de la bahía en el Senado. Los análisis confirmaron la presencia de metales pesados, entre ellos arsénico y plomo, con capacidad de causar daños a la salud por simple inhalación. El documento, subrayaron, será remitido a la Fiscalía para que valore posibles responsabilidades.

Bernabé recordó los hechos ocurridos el pasado 20 de mayo en Madrid, cuando cientos de vecinos viajaron a la capital para protestar frente al Ministerio para la Transición Ecológica y depositaron 35 sacos de arena de Portmán, uno por cada año transcurrido desde el cese de los vertidos en 1990. Ese mismo día, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el parlamentario popular pidió a la ministra Aagesen que reconsiderase su decisión de renunciar a la regeneración de la bahía para optar por el sellado de los estériles.

El senador explicó que, tras la negativa de la ministra, realizó un gesto simbólico: entregó una pequeña bolsa cerrada con arena de Portmán en el escaño de Aagesen. Según relató, ese acto motivó que el PSOE lo denunciara ante la Policía Nacional por supuestamente “atentar contra la salud de la ministra y de quienes la acompañaban con materiales tóxicos y contaminantes”.

La Policía Científica analizó el contenido de la bolsa y confirmó que las arenas contenían metales pesados. No obstante, un segundo informe, elaborado por el Departamento de Toxicología de la Universidad de Murcia, concluyó que al encontrarse en una bolsa sellada no existía riesgo alguno para los senadores ni para la ministra.

“Es la primera vez que un cuerpo del Estado certifica que en Portmán se puede estar cometiendo un delito contra la salud pública”, subrayó Bernabé, quien destacó que el asunto ya ha pasado por la mesa del Senado y que la denuncia en su contra quedó archivada.

Sobre el traslado de los informes a Fiscalía, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, aseguró que la inacción del Gobierno desde que se paralizaron las obras en 2018 "puede estar suponiendo un grave perjuicio para la salud de nuestros vecinos”. En su opinión, la exposición continuada a metales como el plomo y el cadmio, presentes en la bahía, así como su arrastre por el mar Mediterráneo, podrían estar afectando a miles de habitantes de la comarca, cerca de 40.000 vecinos, calcularon.

Zapata recalcó que el Ayuntamiento ve “razonable” oponerse tanto al sellado propuesto por el Gobierno como a la paralización del proyecto de regeneración. Anunció, además, la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico en el que los grupos municipales podrán posicionarse públicamente sobre esta cuestión.

Tácticas dilatorias

Preguntado sobre a quién va dirigida la denuncia en la Fiscalía, el alcalde precisó que se presenta contra el Ministerio para la Transición Ecológica. A su juicio, la responsabilidad deriva de una “omisión deliberada” en la ejecución de las obras de regeneración, acompañada de tácticas dilatorias para justificar la paralización. “En 2018 se detiene el proyecto alegando motivos técnicos y una revisión para adecuarlo, pero lo que en realidad se hace es encargar un estudio de alternativas donde, por primera vez, se plantea sellar los estériles en la bahía”, denunció.

Zapata recordó que dicho estudio se presentó en octubre de 2023 y que el pronunciamiento oficial no llegó hasta abril de 2025, casi año y medio después. “Se dilató maliciosamente la regeneración ambiental y, mientras tanto, se ha puesto en peligro la salud de los vecinos”, afirmó. Y concluyó: “Si esa dilación meditada con el ánimo de no tomar una decisión puede tener algún tipo de responsabilidad criminal, habrá que perseguirlo. Y quien tiene la obligación de hacerlo, bien de oficio o a instancia del Ayuntamiento de La Unión, es la Fiscalía”.

Por su parte, el secretario general del PP regional, José Miguel Luengo, reforzó el mensaje de Bernabé y Zapata subrayando el compromiso histórico de su partido con la regeneración de Portmán. Recordó que fue un Gobierno popular el que impulsó las obras en 2015, antes de que el PSOE las paralizara al llegar al poder. En su opinión, la paralización demuestra que la llamada 'transición ecológica' “no es tal, sino una transición ideológica”.

Luengo insistió en que lo que se considera uno de los mayores desastres ecológicos del Mediterráneo podría convertirse en el proyecto de recuperación ambiental más importante de la zona. Criticó que el Ejecutivo central trate el asunto como un problema económico, cuando “lo que está en juego es la seguridad de los más de 40.000 vecinos de la Sierra Minera”.

El dirigente popular sostuvo que la acción simbólica de Bernabé en el Senado “ha aportado claridad” al debate y evidenciado el peligro que supone la inhalación de partículas contaminantes para la población local. Además, pidió que el nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, defina si será “un aliado reivindicativo” en defensa de la regeneración o “un enviado de Pedro Sánchez para avalar castigos a la región”.