UGT recuerda en la Asamblea que "la verdadera agilidad administrativa requiere dotar a la Administración de recursos suficientes"

"La verdadera agilidad administrativa requiere dotar a la Administración de recursos humanos y materiales suficientes, y no sólo modificar plazos o trámites". Así de clara se mostró este martes por la mañana la secretaria general de UGT Región de Murcia, Francisca Sánchez Salmerón, durante su intervención en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional, reunida para iniciar el proceso de audiencias legislativas del Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa.

El sindicato, no obstante, reconoció "el impacto positivo que puede tener sobre la economía y el empleo, con carácter general, la simplificación de los procedimientos administrativos". Asimismo, Sánchez reclamó a los diputados de todos los grupos parlamentarios "la creación de mecanismos de colaboración permanente con los representantes de los empleados públicos para identificar y solucionar trámites superfluos de manera eficaz".

La mañana comenzó con la comparecencia del presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, quien mostró su respaldo a una norma que considera "clave para impulsar la competitividad, atraer inversiones y genera empleo en la Región".

Para Croem, esta nueva ley supondrá un "cambio de paradigma en la relación entre empresas, autónomos, ciudadanos y administración", al eliminar duplicidades, reducir cargas burocráticas y agilizar trámites que actualmente ralentizan el desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales. López Abad recordó el "papel decisivo de Croem" en la elaboración de esta legislación, liderando un proceso de diálogo permanente con más de cuarenta organizaciones sectoriales y asociaciones empresariales de la Región, a la vez que confirmó su compromiso para "asumir un papel activo para garantizar que la Ley de Simplificación Administrativa sea un éxito y se aplique de forma real y efectiva", para lo que pondrá en marcha "un plan específico de formación dirigido a sus organizaciones sectoriales, asociaciones empresariales, empresas y autónomos, con el objetivo de explicar el alcance de la norma, detallar sus beneficios y facilitar su correcta implementación".

A continuación, compareció también el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez Muñoz, quien valoró positivamente la incorporación en el texto del proyecto legislativo de "algunas mejoras en el ámbito urbanístico" que entiende que "van a ayudar a mejorar la eficiencia de nuestras Administraciones", mejorado el procedimiento de las licencias con la incorporación de las entidades colaboradoras (ECUS), la licencia básica y mejorando la declaración responsable.

"También introduce mejoras en la coordinación y tratamiento de los informes sectoriales, ordena mejor las evaluaciones ambientales e introduce la idea del silencio positivo", agregó. No obstante, Blázquez lamentó que, aunque esta iniciativa legislativa "va en la buena dirección", no es suficiente y aún "habrá que hacer muchos más cambios si queremos solucionar el problema" de la vivienda.

Debate parlamentario

La diputada regional del Partido Popular María Casajús señaló que, "a pesar de la demagogia de la izquierda, es una ley buena para el conjunto de los ciudadanos: para las familias que esperan una vivienda, para los emprendedores que necesitan licencias y para los ciudadanos que exigen eficacia".

"Aunque la izquierda pretenda confundir y engañar, esta ley no abriría la puerta a una desprotección urbanística", aclaró Casajús, ya que "los planes urbanísticos seguirán requiriendo los mismos informes sectoriales, la legislación estatal y europea sigue plenamente en vigor y los ayuntamientos siguen siendo la autoridad competente en materia de planeamiento".

Vox reclama "coordinar y, en su caso, eliminar informes sectoriales redundantes" y "agilizar licencias"

El diputado del PSOE Alfonso Martínez aseguró que su grupo comparte el objetivo de agilizar, pero reclamó "medios humanos y materiales suficientes en la Administración" para que la simplificación "no traslade el problema a los funcionarios ni recorte garantías". Defendió "el interés general, el medio ambiente y el patrimonio" y preguntó si la ley "ayudará efectivamente a aliviar el acceso a la vivienda", proponiendo, entre otras medidas, "regular el uso turístico, actuar sobre grandes tenedores y promover vivienda protegida y tasada".

Virginia Martínez, de Vox, respaldó la desregulación "como esencial" para reducir "costes y tiempos" y pidió que la ley "se implemente de verdad", con "seguimiento y evaluación periódica", recordando que "la aplicación de anteriores normas fue insuficiente". Asimismo, reclamó "coordinar y, en su caso, eliminar informes sectoriales redundantes" y "agilizar licencias" para equiparar a la Región con territorios más rápidos en tramitación.

Para Podemos, la norma está "atada y bien atada por PP y Vox, dos perros con el mismo collar que trabajan para el mismo amo", en referencia a la Croem

La portavoz parlamentaria de Podemos, María Marín, afirmó que la nueva Ley de Simplificación Administrativa "parece hecha al dictado de la patronal", De hecho, aseguró que la norma está "atada y bien atada por PP y Vox, dos perros con el mismo collar que trabajan para el mismo amo", en referencia a la Croem. Para la formación morada, esta legislación "solo beneficia a los grandes tiburones del sector inmobiliario y a las multinacionales del agronegocio, que son los que llevan años presionando para adelgazar cualquier evaluación ambiental y favorecer sus pelotazos".