Se vende piso con garaje y ocupa

Pocas veces el mercado inmobiliario ha estado tan complicado como en los últimos años. Con una alta demanda y una oferta que no la satisface y a la que cada vez menos personas pueden acceder por los elevados precios, la vivienda se rige como una de las principales preocupaciones de los españoles, tal y como reflejan los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y, como suele ocurrir, en toda situación desesperada aparece quien intenta sacar provecho de ella. Aunque representan un porcentaje bajo del total de viviendas disponibles, en la Región de Murcia actualmente hay 534 inmuebles a la venta en el portal Idealista por un precio muy inferior al del mercado al anunciarse como ocupados ilegalmente.

No se pueden visitar los inmuebles y en la mayoría de casos solo hay imágenes de la fachada

Algunos de ellos se presentan como una «gran» o «única» oportunidad inmobiliaria. Pisos, casas de huerta e incluso chalets con garaje y más de dos habitaciones, características no tan comunes hoy en día en el sector, se ofrecen por menos de 30.000 euros o, los más nuevos, por un coste de entre 120.000 y 150.000 euros, cuando normalmente podrían valorarse por el doble. El motivo de estos significativos descuentos es que la casa se vende con la condición de que está ocupada de forma irregular y no se puede visitar previamente. Además, en la mayoría de casos, solo muestran una foto del exterior de la construcción, por lo que no se pueden ver imágenes del interior y el potencial comprador apenas va a conocer la vivienda.

Son inmobiliarias, principalmente las asociadas a bancos como Solvia o Servihabitat, y fondos de inversión los que venden este tipo de inmuebles. La venta de estas casas está respaldada por la Ley si la promotora deja reflejado en el contrato que dentro hay ocupas y, en tal caso, la mercantil no estaría incurriendo en una irregularidad. En la mayoría de casos llevan a cabo la transacción y dejan en manos del nuevo propietario el proceso de desalojo, ya sea a través de los tribunales o recurriendo a una empresa dedicada a estos fines. Si bien los precios de compra son bajos, los posibles costos legales, de desalojo y de reparación pueden reducir significativamente la rentabilidad de la inversión. A esto hay que sumarle la carga emocional que puede acarrear expulsar de la vivienda a quienes la habitan, que suelen ser los antiguos propietarios, quienes ya no pueden afrontar la deuda hipotecaria.

Sobre los potenciales compradores de estas viviendas, en gran parte son empresas del sector o particulares que cuentan con un gran capital y no van a a usar el inmueble como residencia, sino para reformarlo y volver a sacarlo al mercado. O bien usuarios cuya economía solo les permite adquirir una casa de estas características.

«Aumentamos la oferta»

Germán Domenech, economista responsable de Orenes Property Fund, fondo de inversión que comercializa activos ocupados ilegalmente en la Región a través de portales como Idealista, asegura a esta redacción que con esta práctica «aumentamos la oferta de vivienda solucionando los problemas legales». Su empresa tutela y acompaña a los nuevos propietarios en el proceso judicial, y para él resulta «fundamental» valorar en qué fase de ejecución hipotecaria se encuentra el inmueble. «Conviene que esté en la fase final y que los ocupas no sean personas en situación vulnerable o antiguos deudores», indica, ya que «así los tiempos se acortan y hay mayor garantía». Además, apunta que «el 50% de las casas que manejamos están vacías, los deudores fallecieron».

Según explica Domenech, este tipo de viviendas se concentran en las periferias de las ciudades, en el caso de Murcia en zonas como Espinardo, El Palmar o Alcantarilla. Sostiene que nota un aumento de clientes interesados «porque el parque inmobiliario está bajo y la demanda es muy alta». «Hay compradores a los que no les queda otra», afirma.

«Instrumentalizan a personas necesitadas y las ponen en contra»

El Sindicato de la Vivienda de Murcia critica esta práctica en el sector inmobiliario y alerta de que en primer lugar hay que constatar si realmente la construcción a la venta está ocupada irregularmente. «Porque eso lo tendrá que dictar un juez, no una inmobiliaria», indica Pablo Vidal, portavoz de la asociación, a esta redacción.

Asimismo, señala que «la realidad es que estas casas no están en el mercado para ampliar la oferta y satisfacer la necesidad que tenemos todos de tener un techo para dormir, la realidad es que están en el mercado para que especuladores acaparen más viviendas y continúen haciendo negocio con ellas». Vidal cuestiona quién es el objetivo que va a comprar estas casas, que no son visitables ni hipotecables. «¿Una persona que necesita una casa para vivir va a comprarla sin verla, sin hipoteca?», se pregunta. 

Además, en el caso de que este fuera el caso, «están instrumentalizando a personas necesitadas y las enfrentan. El comprador estaría en una situación parecida al supuesto ocupa», pone de relieve. Por ello, plantea qué es más importante, «si la necesidad de las personas de tener un lugar donde vivir o los intereses de un fondo de inversión con capital extranjero, que a través de sociedades pantalla y empresas van haciendo el juego para echar a la gente de sus casas». 

Por último, recuerda que el foco del problema de la vivienda no está en la ocupación. «Nos están presentando que el problema es que las casas están ocupadas y hay otros muchos como los precios, como las ayudas al alquiler que no llegan o el hecho de que tengan que alargar el aval joven hasta los 40 años», concluye.