El Ministerio presiona a Murcia para que garantice el aborto

La Región de Murcia sigue derivando la gran mayoría de los abortos a clínicas y centros concertados. Ante esta realidad, que también se repite otras comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad ha dado un golpe en la mesa este jueves y ha enviado una carta a todos los consejeros de Salud, entre ellos el murciano Juan José Pedreño, exigiéndoles que cumplan la ley y que en caso de vulneración actuará por la vía legal.

Los últimos datos publicados correspondientes a 2023 muestran que en la Región de Murcia se derivaron más del 99% de las interrupciones del embarazo a clínicas concertadas y para ello la Consejería de Salud se excusa en la alta tasa de objetores de conciencia que existe entre las plantilla de ginecólogos de los hospitales murcianos. No obstante, los propios datos oficiales presentados en más de una ocasión en la Asamblea Regional muestran que este supuesto déficit de profesionales dispuestos a realizar una interrupción del embarazo no es tal, ya que en el registro de objetores sólo había a final del pasado año 2024 un total de 39 facultativos de distintas especialidades en toda la Región.

En este caso, ha sido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha enviado el escrito en el que insiste en la necesidad de garantizar el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud. Recuerda, además, que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, junto con el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, que la desarrolla, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva, regular las condiciones para la IVE y establecer las obligaciones de los poderes públicos para garantizar a la población el mayor nivel posible de salud y educación sexual.

La sanidad regional deriva más del 99% de los abortos a centros y clínicas concertadas

Padilla sostiene que "pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de esta normativa, muchas mujeres siguen encontrando barreras geográficas, administrativas u organizativas que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud". Por ese motivo, el Ministerio de Sanidad elaborará un informe, sobre la base de los datos presentados por las comunidades autónomas, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, y analizar si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos.

Será a partir de los resultados recogidos cuando el Ministerio valore el inicio de procedimientos legales frente a aquellas comunidades autónomas que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley.

En primera instancia, y en función de la gravedad de los incumplimientos detectados, la Alta Inspección del Estado enviará requerimientos formales a las administraciones autonómicas afectadas. Estos requerimientos solicitarán información detallada sobre las medidas que están aplicando o prevén aplicar para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente.

En caso de que las respuestas no resulten satisfactorias, el Ministerio de Sanidad adoptará las medidas legales oportunas, dentro del marco normativo, para asegurar que se cumple el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. "Este procedimiento se enmarca en la responsabilidad del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud", indican desde el departamento que dirige Mónica García.

25 interrupciones en centros públicos murcianos

Las cifras de 2023 muestran que de las 3.682 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaron ese año en la Región de Murcia, sólo 25 tuvieron lugar en un centro público frente a las 3.654 que se contabilizaron en hospitales y clínicas privadas. Esa cifra ya suponía un avance frente al único aborto que se realizó en 2021 en un hospital público de la comunidad autónoma. Esta atención sanitaria a las mujeres se sigue derivando a centros concertados en la Comunidad en más de 99% de los casos, en contra de lo que marca la última reforma de la Ley del Aborto y de la instancia enviada ya en 2023 por el Ministerio de Igualdad a las comunidades recordándoles la obligación de facilitar el acceso a esta prestación en centros de titularidad pública.