La Asamblea enmendará la cuarta Ley de Simplificación del Gobierno regional y su decreto para los VTC

La cuarta Ley de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia, aprobada por el Consejo de Gobierno hace un mes, ya está en manos de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, que no la dejarán tal y como quería el Ejecutivo de Fernando López Miras y el Partido Popular a través de la presentación de enmiendas. El decreto-ley, por tanto, acabará convertido en proyecto de ley.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó durante su intervención que "esta ley nace con un objetivo firme: facilitar la vida a quienes emprenden, invierten y crean empleo en nuestra Región".

"Esta ley no elimina garantías, elimina trabas innecesarias"

Marisa López Aragón

— Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

La ley, señaló, introduce medidas como la generalización del silencio administrativo positivo, la ampliación del número de actividades que pueden iniciarse con declaración responsable, la reducción de la carga documental en más de un millón de documentos o la posibilidad de presentar informes o certificados emitidos por técnicos homologados ante la administración agilizando la resolución de expedientes sin perder el control público. Además, incorpora avances como la licencia básica, que permitirá en un mes saber si un edificio de viviendas es viable urbanísticamente, y permite implantar hoteles en suelos residenciales y clasificar suelo industrial.

Por otro lado, la consejera manifestó que "simplificar no es desproteger". De hecho, subrayó que "el control permanece y se refuerza con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros". "Esta ley no elimina garantías, elimina trabas innecesarias", remarcó. 

Los comercios de hasta mil metros cuadrados podrán iniciar su actividad con una mera declaración responsable

El PSOE describió el decreto-ley como un "atentado a la función pública y a la preservación de nuestro patrimonio cultural", puesto que están "privatizando el ejercicio y la obligación de los servicios públicos". El diputado Alfonso Martínez Baños criticó las "autolicencias" que se regulan con la norma, así como la "concesión de licencias problemáticas por silencio administrativo".

"Este principio no puede ser compatible con la desregulación que se persigue con este decreto-ley", explicó. Asimismo, afeó a la consejera que, a partir de ahora, "cualquier proyecto económico que interese, por la razón que sea, al Gobierno regional, será declarado de interés estratégico, con los beneficios que eso conlleva".

"El principio de silencio administrativo no puede ser compatible con la desregulación que se persigue con este decreto-ley"

Alfonso Martínez Baños

— Diputado GPS

Vox, uno de los partidos que más insistió en la aprobación de esta ley, ya advirtió hace semanas de que optaría por esta fórmula parlamentaria. La diputada Virginia Martínez, anunció que presentarán las enmiendas que crean oportunas "siempre consensuadas con el sector productivo" y además, se abrió a apoyar las de otros partidos "que realmente sean positivas y necesarias para la región de Murcia".

"Esta Ley de Simplificación es el primer paso para un proyecto mayor de desregulación que este país y esta región necesitan. Los ciudadanos no pueden seguir perdiendo el tiempo y oportunidades yendo de ventanilla en ventanilla para cumplir trámites interminables. Necesitamos menos regulación, más agilidad administrativa, menos despilfarro y más bajadas de impuestos. Necesitamos en definitiva menos socialismo y más libre mercado y con eso sí que seremos la mejor tierra del mundo", sentenció la diputada de Vox.

"Los ciudadanos no pueden seguir perdiendo el tiempo y oportunidades yendo de ventanilla en ventanilla para cumplir trámites interminables"

Virginia Martínez

— Diputada GPV

Podemos denunció que "los verdaderos redactores de esta ley" son los poderes económicos, mencionando al Grupo Fuertes o al Grupo Orenes. Su portavoz, María Marín, dijo que esta norma beneficia a los constructores, puesto que acaba con las evaluaciones ambientales simplificadas para recalificar suelos no urbanizables; y a aquellos que quieren destruir patrimonio cultural, ya que se elimina el silencio administrativo positivo en los expedientes de protección cultura. "Es una cláusula anticine Rex Vivo", agregó. Su compañero en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, se preguntó "dónde está la necesidad extraordinaria" para tramitar esta ley como decreto, denunciando que la intención del Ejecutivo es "someter el interés general al interés económico".

"Sirve a la economía productiva, no a trabas improductivas, y sirve al interés general"

María Casajús

— Diputada GPP

El PP fue el único partido que optaba por aprobar la norma tal y como llegó del Palacio de San Esteban. María Casajús subrayó que con esta ley gana el autónomo, "que no tendrá que esperar meses para abrir su negocio"; el joven emprendedor, "que no se verá obligado a ir a Valencia o a Madrid para poder emprender"; el funcionario, "que podrá ejercer su trabajo con mayor eficacia"; y la familia, "que no se desesperará con la tramitación de una licencia".

"Sirve a la economía productiva, no a trabas improductivas, y sirve al interés general. No hay intereses corporativos ni hay fantasmas ideológicos", aseguró.

Protección del taxi

Los grupos parlamentarios también podrán cambiar el Decreto-Ley por el que se modifica la ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi, puesto que la norma fue convalidada pero para tramitarse como proyecto de ley.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, valoró que la convalidación del decreto-ley "permitirá dotar de un marco legal claro a los servicios de transporte urbano e interurbano de VTC y favorecerá una convivencia equilibrada con el sector del taxi".

"El decreto-ley favorecerá una convivencia equilibrada con el sector del taxi"

Jorge García Montoro

— Consejero de Fomento e Infraestructuras

La regulación básica para el servicio urbano de VTC deberá ser desarrollada por los ayuntamientos a través de sus ordenanzas municipales. Estos podrán fijar limitaciones a la actividad de estos vehículos. Se fija una moratoria de dos años desde la entrada en vigor del decreto hasta que los consistorios aprueben sus normativas municipales. Además, incorpora una limitación específica para los precios en situaciones de alta demanda, estableciendo que el precio final del trayecto no podrá duplicar el precio ordinario ofertado para ese mismo recorrido por la empresa operadora o intermediaria.

Además, el consejero resaltó que "se solventa el vacío legal que existía tras la modificación de la normativa estatal, que limitaba a los VTC al transporte interurbano sin aportar un marco para el ámbito urbano", y añadió que así se da "un paso adelante para garantizar que los servicios de VTC se presten con unas reglas claras, respetuosas con el medio ambiente y coherentes con la planificación urbana".

Los VTC no podrán cobrar más del doble en la Región cuando haya alta demanda

El diputado socialista Miguel Ortega espera así poder incorporar garantías jurídicas que protejan al sector del taxi y eviten un "modelo de transporte dictado por las grandes plataformas". Ortega recordó que el Gobierno regional lleva desde 2022 con las competencias para regular los VTC y, sin embargo, "ha esperado a que la moratoria caducara y a que el sector, desesperado, reclamara soluciones una y otra vez".

José Luis Álvarez-Castellanos, de IU, lamentó que el decreto no dé respuestas a los problemas del sector, "no regule nada" y "pase la pelota a los ayuntamientos". Su intención es plantear enmiendas como el establecimiento de ratio de VTC y limitación de tarifas abusivas y derechos laborales de los trabajadores.

Desde Vox, Ignacio Arcas tildó el decreto-ley del Ejecutivo "de auténtica chapuza" y criticó que el Gobierno regional se limite a "poner la pelota en el tejado de los ayuntamientos". "Nunca esperamos que su mayor aportación a la realidad del VTC y el taxi fuera escurrir el bulto y dar un periodo de 24 meses a los ayuntamientos para redactar las ordenanzas correspondientes", le indicó al consejero.

Antonio Landáburu, del Partido Popular, dijo que su formación "no va a permitir que los trabajadores del taxi, ni los del VTC ni los ciudadanos de que cada día usan estos servicios sigan siendo víctimas de la desidia, el abandono y la corrupción de un gobierno socialista agotado y sin rumbo". Aseguró que el PP cree en la "autonomía local" y en el diálogo con los sectores afectados.