Los menores migrantes pagan el pato de los presupuestos con Vox

Pasaban las diez y media de la mañana de ayer cuando el presidente de Vox, Santiago Abascal, ponía los Presupuestos de la Región de Murcia, en plena tramitación en la Asamblea Regional, en peligro. «Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos... o tendrán que aprobarlos con el PSOE». Se refería a la orden publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado sábado por la que la Consejería de Economía y Hacienda cedía competencias a la Consejería de Política Social para que adquiriera «varias viviendas para instalar centros públicos de acogimiento de menores, en base a los criterios y créditos procedentes del Plan Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia».

Minutos después, era el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, el que insistía en la amenaza, y añadía: «Si la consejera no rectifica, pediremos su dimisión de manera inmediata».

Conchita Ruiz, responsable de Política Social, Familias e Igualdad, aparecía hora y media después en sus redes sociales con un mensaje sorprendente: «La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder».

Antelo obliga a la consejera de Política Social a rectificar de inmediato: "No volverá a suceder"

Fue ella misma la que informó hace unos meses sobre la intención del Ejecutivo murciano de cerrar grandes centros de acogida, como el Rosa Peñas de la pedanía murciana de Santa Cruz, para trasladar a estos menores a entornos más familiares. «Centros así no son el mejor lugar para que un niño crezca», subrayó Ruiz en sede parlamentaria, añadiendo que «la Unión Europea, Unicef y su propia ministra de Infancia y Juventud apuestan por una clara transformación en la atención a los menores».

A nadie se le escapa que la decisión de cerrar el hogar de protección Rosa Peñas es uno de los peajes por los que el Gobierno autonómico tiene que pasar para que Vox apoye las cuentas de la Comunidad de este año. 

La polémica estalla después de que la Comunidad ya pactara el cierre del centro de Santa Cruz

Evidentemente, si se cierra un centro en el que viven más de sesenta menores, habrá que darles cobijo en otro lugar porque es del todo ilegal dejar en la calle a niños, niñas y adolescentes desprotegidos. La solución por la que optaba el Ejecutivo autonómico es adquirir nuevos inmuebles para acogerles en un entorno más familiar. Vox, sin embargo, apuesta por otra salida. «El PP debe salir y decir claramente que pondrá en marcha las políticas para devolver a los menas —acrónimo de menores extranjeros no acompañados— a sus países de origen a través de convenios. Si el PP no cumple, votaremos que ‘no’ al presupuesto. Vox no estafa a sus electores, la vivienda con prioridad nacional», subrayó el líder de Vox en la Región, pasando por alto que la Comunidad Autónoma no diferencia entre nacionalidades en los hogares de protección de menores y que en estos conviven españoles y migrantes.

Un modelo familiar para desterrar a los grandes centros de menores como el de Santa Cruz

«Reagrupación familiar»

Este colectivo tan desfavorecido volvería a ser noticia a primera hora de la tarde, con la presentación de los presupuestos de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, puesto que Marcos Ortuño anunció que el Gobierno regional tendrá entre sus objetivos de este año la firma de convenios con terceros países para facilitar la deportación de menores migrantes, tal y como le recordaba Antelo horas antes.

En concreto, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, anunció que, junto a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, pondrán en marcha un «comité técnico para establecer los mecanismos necesarios para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados».

Ortuño intentó calmar a la oposición asegurando que «el Gobierno regional siempre cumplirá la ley»

Después, Marcos Ortuño subrayó que la acción exterior del Gobierno murciano «no se limita a lo institucional», sino que «es educativa, científica, cultural, técnica y emocional».

La exigencia de Vox al Gobierno regional para que impulse políticas de «reagrupación familiar» viene de septiembre de 2024, cuando, a las puertas del centro de menores de Santa Cruz, Antelo señaló que «hay que destinar recursos para devolverlos, no para traerlos». De hecho, explicó que esa medida ya se llevó a cabo en Murcia con los familiares de las trece personas que perdieron la vida en el incendio de dos discotecas en la zona de Atalayas en octubre de 2023. 

Sin embargo, cabe destacar que en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos autonómicos no aparece punto alguno sobre «reagrupación familiar». Sí que están otros como el ya mencionado cierre del centro de Santa Cruz, la puesta en marcha «con carácter inmediato» de un protocolo para determinar la edad de los inmigrantes ilegales «que se autoperciben como menores», la eliminación y tramitación de devolución de las subvenciones a aquellas oenegés que «colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico de personas, la trata de blancas o explotación infantil», y otro sobre el compromiso del Gobierno regional a, en el ámbito de sus competencias, no desarrollar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que forma parte de un convenio estatal entre Marruecos y España. 

El centro de menores de Santa Cruz cerrará después del verano

Ante los comentarios de algunos de los diputados durante el debate sobre sus presupuestos, Ortuño se limitó a decir que «el Gobierno regional siempre cumplirá la ley». Este miércoles a primera hora de la mañana (8.30 horas) comparecerá en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, que seguro que tendrá que dar cuenta de lo ocurrido ayer. Desde su Consejería se prefirió no hacer comentarios a esta Redacción ante la sonada rectificación a petición de Vox.

"López Miras se arrastra"

El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, insistió de nuevo en su ofrecimiento al PP para sacar adelante las cuentas, «un acuerdo sin líneas rojas para aprobar unos presupuestos centrados en los problemas reales de la ciudadanía, para liberar la Región del delirio y el chantaje permanente de Vox». Finalmente, lamentó que López Miras tardara menos de dos horas en «obedecer sin rechistar al último delirio de Vox», enfatizando que «su sumisión es total».

Para la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Carmina Fernández, «hemos asistido a uno de los capítulos más bochornosos del gobierno de López Miras», subrayando que «la ultraderecha amenaza y López Miras se arrastra». 

«Ya sabemos el precio de los presupuestos de la Región de Murcia: los derechos humanos», sentenció la portavoz de Podemos, María Marín, que anunció una «movilización masiva».

El portavoz del PPRM en la Cámara, Joaquín Segado, dijo que «el PSOE, que ha pactado con el mismísimo diablo para mantenerse en el poder, es el menos indicado para dar lecciones sobre acuerdos». Además, aseguró que «el supuesto ofrecimiento de Lucas para pactar los Presupuestos no es más que una pose y una trampa».