Tribunales
Multitud de juicios suspendidos en la Región en el primer día de la "huelga por dignidad" de jueces y fiscales
El paro, que deja salas de vistas desiertas y abogados enfadados porque no les avisaron con tiempo, está respaldado por cinco asociaciones, que aseguran que más de un 80% de los profesionales lo han respaldado en Murcia

Sala de vistas vacía y cartel anunciador de la huelga, este martes en la Ciudad de la Justicia de Murcia. / Israel Sánchez
'Con motivo de la huelga de jueces y fiscales, el día 1 de julio de 2025 se suspenden las visitas de la sala 4.2.C del Juez de Adscripción Territorial (JAT) Civil de Murcia'. Es lo que se leía, con letra Comic Sans, en el folio pegado a la puerta de una de las salas de visitas ubicada en el sótano de la Ciudad de la Justicia de Murcia este martes, el primero de los tres días de huelga convocados en toda España, también en la Región, por cinco asociaciones de jueces y fiscales.
Convocaban todas, menos las dos de sensibilidad más progresista. El motivo: protestar por los proyectos legislativos del Gobierno de Pedro Sánchez, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Los profesionales tienen claro que estos cambios previstos buscan afectar a su independencia y este martes en Murcia subrayaban que paran "por dignidad".

Un hombre sentado en un banco en el acceso al Juzgado de Guardia, en la planta baja de la Ciudad de la Justicia de Murcia. / Israel Sánchez
El primer día de huelga se saldaba con centenares de actuaciones suspendidas (o aplazadas sin fecha) en la Región, miles en el conjunto de España.
Diez menos cinco de la mañana. Calor asfixiante y trasiego normal en la Ciudad de la Justicia de Murcia. Una personas salen del Registro Civil con documentos en la mano. A la pregunta de si saben que jueces y fiscales están en huelga, coinciden: "No, no lo sabía". Y a la de si saben por qué protestan, también: "No lo sé, pero supongo que por Pedro Sánchez".
“Me hacen venir para nada, parecen que me van a suspender, la fiscal se lo está pensando", se queja un abogado
Cabe recordar que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) respaldan hacer huelga los días 1, 2 y 3 de julio.
Al mediodía, las asociaciones hicieron públicos datos, provisionales y no oficiales, que hablaban de un seguimiento del paro de más del 83% de los magistrados en la Ciudad de la Justicia. "De un total de 61 jueces, han hecho huelga 51", apuntaron.
Abogados damnificados
Los profesionales de la abogacía determinaban en este primer día de paro que ellos eran «un daño colateral» de la situación. Como ha pasado en otras movilizaciones (como la de los secretarios judiciales), habían pedido que, por favor, se les avisase con tiempo de que el juicio que tenían fijado se iba a suspender, a fin de evitar desplazamientos.
«Desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se han llevado a cabo reuniones con los representantes de las asociaciones judiciales con la finalidad de que pueda conciliarse adecuadamente el ejercicio individual de cada juez y jueza a participar en la medida prevista con la comunicación anticipada de las consiguientes suspensiones e incidencias en los actos procesales a las partes concernidas», se comunicó a los profesionales del Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia en la víspera de la huelga. El día en sí, pasó lo que esperaban: se suspendieron actuaciones y no les habían avisado de antemano.
El paro coincide con la puesta en marcha en la Región de los ocho primeros tribunales de instancia, contemplados en la ley de eficiencia de la Justicia, que entran en funcionamiento para integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial.
Su comienzo, en Caravaca de la Cruz, Cieza, Jumilla, Molina de Segura, Totana, San Javier y Yecla, se ve afectado, lógicamente, por el paro de jueces y fiscales
Listado de quienes paran
A pesar de que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el fiscal general del Estado, el imputado Álvaro García Ortiz, sostienen que la huelga no tiene respaldo normativo, los convocantes defienden su derecho a ejercerla y asumen que su sueldo se verá afectado como ocurre con cualquier trabajador que hace huelga en España.
El Ministerio de Bolaños ha pedido tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General que cada día en el que estén convocados estos paros le informe, antes de las dos de la tarde, de quienes son los jueces y fiscales que no acuden a su puesto de trabajo. El fin: conocer el seguimiento de la huelga y detraer el salario de quienes la secunden.
En el caso de Murcia, muchos profesionales acudieron a sus puestos de trabajo y, a las diez y media de la mañana, algunos tenían claro que secundarían la huelga, pero que tendrían que ocuparse de asuntos que no podían ser aplazados de ninguna forma. Asuntos graves que implicaban, por ejemplo, a menores de edad. Así que se dio el caso de jueces y fiscales que estuvieron en sus despachos, pero «a medio gas», como comentó uno de ellos.
Daños colaterales
“Me hacen venir para nada, parecen que me van a suspender, la fiscal se lo está pensando", se queja un abogado, echando un cigarro en el exterior de los juzgados. “Están suspendiendo en Familia y todo y no avisan", añade otro letrado.
Antonio Casado Mena, penalista, opina al respecto que "el derecho a la huelga es un derecho fundamental e individual, pero, mientras los jueces se lo autoreconocen, se les niega a los abogados de oficio". "Y eso no parece ni justo ni equitativo ni solidario", manifiesta.
Otro abogado, José Manuel Hernández Benavente, explica que "las reivindicaciones que realizan jueces y fiscales son legítimas y justas: el problema son los daños colaterales de la huelga". "Yo tenía este martes un juicio en Molina que llevaba esperando señalamiento casi dos años, menos mal que, extraoficialmente, nos han dicho que se suspendían", destaca.
No obstante, se queja de que "en otros juzgados te obligan a desplazarte con partes, testigos y peritos, para decirte en la propia sala que se suspende, cuando se sabía desde hace días que el juez o fiscal haría huelga".
"Si la razón última de la huelga es la de proteger al Estado de Derecho y garantizar la separación de poderes, debería saludarse esta iniciativa, cuanto menos, con simpatía, a pesar de las molestias que al conjunto de la ciudadanía pudiera puntualmente ocasionar", considera el letrado Eloy Ferrández.
"Convendría, no obstante, que este derecho a la huelga encontrase desarrollo normativo específico en el ordenamiento jurídico que dote de certidumbre en relación a su alcance y en lo que respecta a estos importantes operadores jurídicos", puntualiza.
Su colega José Manuel Muñoz apostilla que a él le parece "bien" la normativa "que permita el acceso a la judicatura no sólo a los opositores, que pueden saberse muy bien las leyes pero que no tienen ni idea en su aplicación". "Además debe de garantizarse el acceso a la judicatura de todo el que quiera, para evitar la politizacion de la justicia", deja claro.
No solamente se están suspendiendo juicios: se están parando divorcios. "Estamos estrenando el mes de julio y esta gente no se puede separar", comenta una profesional.
Por municipios
En San Javier, por ejemplo, seis de los siete jueces han parado. En Cieza, pleno: cuatro de cuatro. También en Mula: pararon dos de dos. En el caso de Molina de Segura, siete de los ocho profesionales secundaron la huelga, siempre según los datos que manejaban las asociaciones convocantes.
En el caso de la ciudad portuaria de Cartagena, las asociaciones paro calculan que el seguimiento fue cercano al 80%.
La huelga llega tras la concentración de miles de personas que tuvo lugar el sábado frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales.
Consideran que los cambios, que incluyen un examen escrito en los procesos de oposición y la regularización de los jueces y fiscales sustitutos, además de un impulso al denominado cuarto turno no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
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