La Comunidad reclama que las cofradías pesqueras accedan a fondos europeos

El sector de la pesca regional atraviesa un momento especialmente delicado. A las exigencias europeas (cupos más sostenibles) para mantener los 130 días de trabajo al año, se une la escasa cuota de capturas de gamba roja que ha establecido el Gobierno de España.

Por todo ello, el Gobierno regional ha movilizado todos sus recursos para conseguir en Europa una reforma de la Política Común de Pesca que además de defender una pesca sostenible, comprometida con el estado de los fondos y las especies, también esté comprometida con el futuro de la actividad y del sector, cada vez más amenazado.

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, participó esta semana en Bruselas en la jornada sobre ‘El futuro de la pesca en el Mediterráneo Occidental: hacia una pesca económicamente sostenible y unas comunidades costeras prósperas’.

«La pesca de arrastre no puede seguir siendo demonizada, no es una pesca industrial», señala Vera, que explica que las pesquerías del Mediterráneo «son de mareas diarias, vuelven a puerto cada día, es una pesquería litoral, conceptual y operativamente muy alejada del concepto de ‘pesca industrial’ que la UE atribuye a todos los barcos de más de 12 metros de eslora».

La pesca de arrastre de la Región de Murcia no puede seguir siendo demonizada, no es una pesca industrial

Juan Pedro Vera

— Director de Producción Pesquera

Por ello, el director de Producción Pesquera sostiene que el Mar Mediterráneo necesita una política común de pesca propia, que avance en la regionalización, «consensuada con todos sus Estados ribereños», con iniciativas continuas que acerquen posiciones que permitan una protección de los recursos pesqueros.

«Ni todas las pesquerías, ni todas las especies pesqueras requieren los mismos planes de gestión. Una cogestión pesquera donde estén representados pescadores, administraciones públicas, científicos y sociedad civil debería ser la piedra angular donde se deberían apoyar los planes de gestión», señala Juan Pedro Vera.

En cuanto a las limitaciones que se establecen para que los recursos sean sostenibles, Vera asegura que se trata de una obligación de las administraciones públicas, «pero la recuperación del recurso no se puede hacer mediante traumas sociales que conllevan: cierre de empresas y pérdidas de empleo que conducen a una desestabilización socioeconómica de la costa».

Entre las demandas que el Gobierno regional ha trasladado a la Unión Europea destaca la necesidad de promover «un diálogo pausado, extenso y que escuche a un sector pesquero que no es el problema, al contrario, es la herramienta clave para reconducir esta política pública», señalan otras fuentes autonómicas.

Además, se ha pedido una revisión de los procedimientos de evaluación de pesquerías y el uso de los datos de evaluaciones pesqueras más actualizados, «generando protocolos actualizados y basados en las mejores técnicas disponibles en materia de evaluación».

Otras de las reclamaciones del Gobierno regional pasan por reconocer a las Cofradías de Pescadores como organizaciones del sector pesquero español. «No pueden quedar fuera de las ayudas públicas de la UE, porque son la base social del sector, corporaciones de derecho público que van más allá de la elaboración y ejecución de planes de captura y comercialización, al ser uno de los pilares sociales y económicos de la pesca».

En este momento, aclaran desde la Comunidad, las cofradías de pescadores de la Región de Murcia solo tienen ayudas directas que se otorgan desde el Gobierno regional. Sin embargo, defienden estas fuentes, son entidades de derecho público que deberían ser apoyadas con dinero procedente del Fondo Europeo Marítimo (FEMPA).

«Las cofradías también sufren los efectos de las paradas y las limitaciones de pesca porque se financian con la venta de pescado y ese dinero no llega cuando no se faena en las costas», advierte la Comunidad, que sostiene que poder acceder a estas ayudas «puede permitirle paliar la falta de ingresos que sufren durante estas paradas».

Por último, desde la Consejería que lidera la consejera Sara Rubira también se ha pedido a la UE que favorezca las iniciativas dirigidas a potenciar la acuicultura y a la consolidación y modernización de las instalaciones, «a través de un modelo integrador, que surja desde las regiones, y defina un marco de simplificación administrativa que sea atractivo para el sector empresarial, activando la competitividad de un sector que hoy por hoy no puede competir con países terceros».