Manuel Campos, un lorquino en ‘Asuntos Internos’ del Ministerio Fiscal

Desde el 15M no se hablaba tanto en España de corrupción, pero los audios de la Guardia Civil que implican a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, respectivamente, en mordidas en contrataciones de obra pública han vuelto a remover el escenario político. Para atajar esta lacra, se aprobó en 2023 la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por lo que se debe implantar en todos los órganos del Estado un sistema que facilite las denuncias de infracciones normativas. El Ministerio Público ya tiene a su responsable: el lorquino Manuel Campos.

«Es una especie de Asuntos Internos que se constituye como el canal preferente de recepción de comunicaciones en las que se informe sobre la comisión por parte de los miembros de la carrera fiscal de acciones u omisiones que puedan constituir delito o infracción administrativa grave o muy grave», señala el fiscal del Tribunal Supremo.

Los denunciantes solo tendrán que acudir a un buzón que figura en la web institucional fiscal.es, aunque también podrán hacer llegar sus denuncias por correo postal en sobre cerrado que se dirigirá a la atención del responsable del sistema, Manuel Campos, que ya dispone de los funcionarios de apoyo y de los medios materiales necesarios para iniciar sus pesquisas. Una vez admitida a trámite, «se llevarán a cabo cuantas actuaciones se estimen precisas para la verificación de la información y la toma de decisión sobre la calificación jurídica de los hechos», explica. Esto es importante porque, hasta el momento, ninguna de las trece denuncias que se han hecho en el ámbito del Ministerio Fiscal desde el 7 de febrero de 2025 hasta el 25 de junio de 2025 ha sido admitida por no afectar, precisamente, al ámbito interno de la Fiscalía. «Aunque se ha ordenado la remisión de testimonio a las autoridades competentes para su conocimiento e investigación», matiza Campos.

Su cargo tiene "independencia funcional" y no recibe instrucciones de superiores

Por supuesto, el acceso al procedimiento es restringido y la identidad del informante queda protegida, requiriendo el acceso a las actuaciones autorización judicial. Las medidas de protección del informante consisten, fundamentalmente, en la protección de sus datos personales e identidad, prohibición de represalias y la adopción de algunas de las siguientes medidas de apoyo: información y asesoramiento, asistencia jurídica en los procesos penales y civiles y apoyo financiero y psicológico si fuese necesario. «Todo ello, con independencia de la asistencia que pudiera corresponder al amparo de la Ley de asistencia jurídica gratuita, para la representación y defensa en procedimientos judiciales», añade.

Fue el Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz, quien designó a Campos, fiscal con más de veinte años de antigüedad en la carrera, como responsable del Sistema Interno de Información del Ministerio Público en febrero de este año, si bien el decreto se conoció hace unos días. Él, que fue consejero de varias carteras en dos de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel (entre 2010 y 2014), subraya que desempeña su cometido con «absoluta independencia funcional», no pudiendo recibir ningún tipo de orden o instrucción de sus superiores jerárquicos «ni de cualquier otra autoridad».

Los denunciantes podrán llegar a disfrutar de apoyo psicológico si fuese necesario

Otra de las finalidades que se busca con la creación de estos protectores de los denunciantes es «fomentar la cultura de la información como instrumento para prevenir y detectar amenazas al interés público posibilitando su corrección con prontitud».

¿Son los fiscales objetivos a corromper por parte de los corruptores? Campos lo tiene claro: «La corrupción es posible como en cualquier otro ámbito de la Administración, pero nuestra organización y el principio de unidad de actuación la hacen muy difícil», asegura.