La ruina de los agricultores murcianos y la falta de planificación territorial “enlosa” la ‘huerta de Europa’ con placas solares

SOS Rural ha denunciado la implantación “perversa”, “arbitraria” y “desordenada” de la energía fotovoltaica en la Región de Murcia, un proceso que beneficia a grandes empresas —que ocupan tierras fértiles de gran importancia para las economías locales— aprovechando la ruina a la que los políticos están condenando a los agricultores murcianos, quienes arrendan sus tierras a 25 años bajo presiones y mediante contratos leoninos cargados de letra pequeña —como la referente a la responsabilidad de los agricultores de hacerse cargo de la limpieza del terreno al final de la vida útil de las instalaciones—. “Las grandes compañías se aprovechan de la sentencia de muerte a la que el Gobierno murciano ha condenado con sus políticas a los trabajadores de la huerta de Europa”, denuncia Daniel Ruiz, portavoz de SOS Rural en Murcia, tras la publicación del estudio científico Cambios en el uso del suelo debido al desarrollo de la energía solar fotovoltaica en la Región de Murcia (España), impulsado por la Universidad de Murcia (UMU).

Así, esta plataforma independiente en defensa del medio rural alerta de que la burbuja de las fotovoltaicas está provocando un impulso precipitado de proyectos en la región, que no van acompañados de una evaluación real del potencial espacial, de un mapeo de zonificación adecuado o de instrumentos regulatorios específicos en materia de ordenación del territorio. “La instalación de placas solares sin una buena estrategia de planificación territorial, a través de mapas de idoneidad, provoca daños irreparables en terrenos de regadío y de secano con alta capacidad productiva que se eliminan, amparándose en la ley del Mar Menor, abocando al entorno de la mayor laguna salada de Europa a convertirse en una pila gigante forrada de placas solares”, argumenta el portavoz regional de SOS Rural.

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La Región de Murcia, que cuenta con una alta radiación solar —con más de 3.000 horas de sol al año—, está viendo cómo grandes empresas se apoderan de extensas áreas de suelo, provocando cambios en su uso. “Las tierras agrícolas de regadío, de secano y forestales se están reduciendo a un ritmo cada vez más acelerado y se están reemplazando por áreas de paneles fotovoltaicos”, lamenta Ruiz. En este sentido, más de 165.000 hectáreas han dejado ya de cultivarse entre 2014 y 2023, si bien se espera un aumento en el ritmo de esta transformación para cumplir con los objetivos de la Unión Europea (UE) para 2030, que transformarán más de 300 km2 de tierra de la región —que cuenta con un total de 11.313 km2—. Eso significa que más de 30.000 hectáreas —el 2,65% del total del territorio— pasarán del uso rural a industrial — según los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia—. 

Graves consecuencias

Ante la gravedad de la situación, la Región de Murcia ha mostrado una fuerte oposición a las grandes instalaciones —propiedad de macroempresas energéticas que, además, las gestionan— que, ante la arbitrariedad y el desequilibrio de su instauración, dejan inservibles de por vida terrenos fértiles, generando problemas sociales, económicos y medioambientales sin repercutir ningún beneficio a las comunidades locales. “La implantación de la energía solar debe ser una realidad, pero no así, y por eso los ciudadanos rechazan la instalación de parques solares fotovoltaicos que ocupan nuestras tierras más fértiles, como sucede con las zonas de cultivo de regadío modernizado intensivo de Puerto Lumbreras, y defienden el patrimonio medioambiental y paisajístico de nuestra región”, resalta el portavoz regional de SOS Rural.

En este sentido, estos grandes proyectos solares desarrollados sin una adecuada planificación territorial en la Región de Murcia han causado cambios extremos en el uso del suelo murciano, generando un nuevo paisaje en antiguas tierras de regadío, horticultura, huertos o secano bajo el criterio básico de las grandes empresas de encontrar un fácil acceso a las principales carreteras y a la red eléctrica.

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Asimismo, este cambio arbitrario en el uso del territorio genera otros graves problemas, como la cementación de los suelos a consecuencia de la sequedad y de la falta de vegetación, lo que provoca una escasa permeabilidad que incrementa de manera extrema el riesgo de escorrentías. “El destino del entorno del Mar Menor es eliminar los cultivos para tabicarlo todo, enlosar el suelo, impermeabilizarlo, que se compacte y lograr así, entre otros muchos despropósitos, que se produzcan arrastres constantes”, advierte Ruiz. Ante esta realidad, SOS Rural ha iniciado un procedimiento de denuncia ante la Unión Europea (UE) por la vulneración del Pacto Verde Europeo, ya que el sellado del suelo incumple la Ley de Vigilancia del Suelo y la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo.    

“La instauración de la energía solar fotovoltaica sólo será exitosa si se integra de forma óptima en el territorio y en la sociedad, a través de una planificación adecuada, contribuyendo a su desarrollo y evitando dañar áreas con alto valor agrícola, natural o cultural”, recalca Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

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