Informe

El CES advierte de que el recorte del Tajo-Segura ocasionará una "importante pérdida de empleo, no solo agrario"

"Ni un hectómetro cúbico menos del Trasvase hasta que no haya un hectómetro cúbico más de agua desalada o de otro tipo", subraya el organismo

Presentación de la Memoria Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia este viernes.

Presentación de la Memoria Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia este viernes. / J. F. C.

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

El Centro Económico y Social (CES) de la Región de Murcia advirtió este viernes de que la reducción de la oferta hídrica a partir del año 2027 por la reciente modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura tendría un impacto "inmediato sobre el regadío hortofrutícola y ocasionaría una "muy importante pérdida de producción y empleo, no sólo agrario sino en la mayor parte de los sectores por los efectos indirectos que genera la agricultura".

Así se explica en las consideraciones de la Memoria Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia de 2024, presentada este viernes por José Antonio Cobacho, presidente del CES; Teresa Fuentes, secretaria general del CC OO; Paqui Sánchez, secretaria general de UGT; Ramón Avilés, secretario general de Croem; y Juana Pérez, presidenta de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 'Thaderconsumo'.

Reclaman "más contraste técnico, menos opacidad y, sobre todo, más flexibilidad" en la implantación de las nuevas reglas de explotación

Cabe recordar que el recorte del Trasvase supondría la rebaja gradual y progresiva de las aportaciones para regadío de hasta en un 50% a partir de 2027, lo que "agravaría un problema ya grave dado el déficit estructural de la cuenca del Segura".

Además, desde el CES cuestionan la cuantificación de los caudales ecológicos del Tajo sobre los que se apoyan las nuevas reglas de explotación: "Se reclama más contraste técnico, menos opacidad y, sobre todo, más flexibilidad en su implantación".

Señalan que la disminución de las aportaciones de agua para regadío no debiera ser efectiva en tanto no se dispongan de caudales equivalentes provenientes de la desalación a precios asumibles. "Ni un hectómetro cúbico menos del Trasvase hasta que no haya un hectómetro cúbico más de agua desalada o de otro tipo", sentencian en las consideraciones.

Indican que la entrada en funcionamiento de las nuevas desaladoras sería "varios años después" del recorte, "cuando el deterioro socioeconómico y laboral fuese ya irreversible"

Sobre las dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja anunciadas por el secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, hace unas semanas, subrayan que "hay sobradas evidencias" de que "su entrada en funcionamiento sería varios años después de 2027, cuando el deterioro socioeconómico y laboral fuese ya irreversible".

Estas amenazas podrían dar al traste con la tendencia de crecimiento del sector primario, aunque los logros del último bienio no compensan la regresión que se produjo en 2022, que se achaca a un mal año hidrológico, a factores meteorológicos y al extraordinario aumento de los costes de producción, lo que se revierte dos años después.

Directiva Marco del Agua

El CES también alertan de que la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la UE, encaminada a acabar con una parte de las extracciones de los acuíferos en aquellas masas de agua que se encuentren sobreexplotadas o en mal estado químico, tendrá efectos socioeconómicos parecidos a los causados por el descenso de agua proveniente del Trasvase. "En los últimos años, se han acrecentado las masas de agua subterránea en buen estado, un proceso que, de aprobarse la moratoria, proseguiría en aquellas que no hayan alcanzado tal estado en concurrencia con la explotación agraria, bien con la reorientación de cultivos, bien con aportaciones de agua desalada", explican. Por tanto, creen que sería conveniente acordar una moratoria en su entrada en vigor.

Tirón de orejas por la retirada de subvenciones directas a sindicatos y patronal

El CES se congratula por el recientemente anunciado acuerdo de Presupuestos entre el Partido Popular y Vox en la Región de Murcia, puesto que "favorece el progreso de la economía regional" y "permitirá poner en marcha actuaciones necesarias hasta ahora postergadas por la prórroga presupuestaria".

Denuncia que el procedimiento seguido para aprobar la Ley de Participación Institucional "resquebraja la solidez democrática"

Sin embargo, lamenta que "algunas de las bases del acuerdo puedan suponer el debilitamiento de políticas básicas para la cohesión social y menoscaben el diálogo social". Se refiere abiertamente a la modificación de la Ley de Participación Institucional, una norma que, recuerdan, fue "aprobada en su día para favorecer el ejercicio del precepto constitucional que faculta a las organizaciones sindicales y empresariales para el ejercicio de la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios". Con la reforma sacada adelante hace diez días por exigencia de Vox, se eliminan las subvenciones directas a CC OO, UGT y Croem para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones.

El CES critica que PP y Vox optaran por sacar adelante la modificación en lectura única cuando no había "urgencia o "excepcionalidad" y, por consiguiente, "sin el proceso de asesoramiento de los órganos consultivos y departamentos jurídicos que, junto a la participación social, son habituales en los procesos de tramitación de las disposiciones legislativas".

De izda. a dcha., Juana Pérez, Paqui Sánchez, Teresa Fuentes, José Antonio Cobacho y Ramón Avilés.

De izda. a dcha., Juana Pérez, Paqui Sánchez, Teresa Fuentes, José Antonio Cobacho y Ramón Avilés. / Israel Sánchez

"No hay duda de que el procedimiento seguido resquebraja la solidez democrática", sentencia.

A nivel político, el Consejo demanda que la escena política "aminore los enfrentamientos y opte por los acuerdos, al menos en las cuestiones esenciales para el desarrollo regional", si bien reconocen que «no es un momento propicio, desde luego".

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