Los regantes del Tajo-Segura aseguran que elevar el caudal del Tajo no tiene beneficios ambientales

Sólo quedan tres oportunidades judiciales para frenar la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de cercenar a la mitad, 105 hectómetros cúbicos al año, los envíos del Trasvase Tajo-Segura para el regadío del sureste para el año 2027. En este sentido, las pocas esperanzas que quedan para evitar el hachazo están depositadas en los tres recursos que siguen pendientes de resolución contra el Plan del Tajo: el presentado por el Gobierno regional, otro de la Diputación Provincial de Alicante, y el del Sindicato Central de Regantes, que este jueves ha sido analizado en su Junta General Ordinaria celebrada en el salón de actos de la Cámara de Comercio en Murcia. Aunque el Supremo ya ha tumbado varios recursos, entre ellos los presentados por los Gobiernos de Andalucía y Comunidad Valenciana, el equipo jurídico de los regantes confía en conseguir sus objetivos.

La abogada contratada por el Scrats que ha presentado el recurso, Isabel Caro-Patón, ha explicado que demanda consiste a grandes rasgos en señalar la contradicción que hay entre el Plan Hidrológico del Tajo y el del Segura, que se aprobaron en un mismo real decreto del Gobierno de enero del 2023. Caro-Patón recordó que el plan del Segura parte del reconocimiento de que se trata de una cuenca deficitaria, donde no hay agua suficiente para satisfacer todas las demandas, “pero que, en todo caso, se va a contar con un volumen de agua que va a provenir del plan hidrológico del Tajo, que son 295 hm³; por el contrario, el plan del Tajo, que se aprobó a la vez, no incluye esos 295 hm³ dentro de las asignaciones”.

Por todo ello, según la letrada, es “abiertamente contradictorio que haya un plan que diga que van a llegar al Segura esos hectómetros cúbicos y otro, el del Tajo, que dice que no hay asignaciones y que no tiene por qué incorporar esos usos en su ámbito de planificación”.

Sobre las diferentes pronunciaciones que ha hecho el Tribunal Supremo sobre el establecimiento de los nuevos caudales ecológicos del Tajo, la abogada sostiene que el tribunal se ha limitado a decir que esos caudales “están bien puestos”. Sin embargo, lo que defiende la demanda de los regantes es que esos caudales ecológicos “no han sido bien calculados desde el punto de vista técnico”. Tras recordar que cuanto más altos sean esos caudales, menos reservas habrá en los embalses y menos agua podrá ser trasvasada, Caro-Patón defendió que es contrario a derecho que se hayan establecido unos caudales tan altos, “sin analizar cuál es el beneficio ambiental” que se va a obtener en la cabecera o las “repercusiones económicas sociales, ambientales y sociales que esa reducción del volumen trasvasada va a tener en la cuenca del Segura”.  En definitiva, añade la abogada, no se puede tomar una decisión de esta envergadura de manera arbitraria, sin ofrecer alternativas y sin un análisis coste-beneficio.

La demanda de los regantes sí incluye un análisis técnico, realizado por especialistas nacionales, que argumenta que los problemas ambientales en el eje del Tajo “no dependen de que circule más o menos caudal, sino de otras variables, como la contaminación derivada de depuradoras de Madrid”. Ese estudio concluye que el beneficio ambiental del incremento de caudales es “prácticamente inapreciable”.  Por otro lado, la letrada advierte que nadie entiende la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura a analizar estos supuestos beneficios ambientales.

Preguntada por las posibilidades de que el alto tribunal estime el recurso presentado, Isabel Caro-Patón señala que su equipo cree en el trabajo que ha realizado “y creemos en toda la argumentación jurídica que lo sustenta. Nosotros lo que vemos es que las primeras sentencias no han tenido en cuenta todas toda la problemática en su conjunto”. Como ejemplo, expuso que en la primera sentencia que tumbó un recurso contra el plan del Tajo venía a decir que no importaban los recortes del Trasvase “porque ya está el complemento de las aguas desaladas, pero eso no es así, el tribunal no lo entendió bien, porque evidentemente la desalación es otro recurso adicional, pero no es una alternativa”. En su opinión, hay determinados aspectos que el tribunal no ha tenido en cuenta, entre otras cosas, por la complejidad de la planificación hidrológica. 

Seguirán las protestas en verano

Por su parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha puesto el foco en la desigualdad que generan estos dos planes de cuenca y ha insistido en que mantendrán las protestas por los recortes de los envíos, quizá con un perfil más bajo durante el verano.

Además, señaló que han presentado alegaciones al plan de cuenca del Segura en lo referente a las limitaciones del uso de las aguas subterráneas. Esas limitaciones, unidas a los recortes en los envíos del trasvase y las "promesas incumplidas" sobre la construcción de nueva plantas desoladoras, la mejora en la interconexión de las mismas, y el abaratamiento de los costes a través de las energías renovables, sostiene, va a afectar a todos los usuarios de la cuenca y podría llevar a mermar a la mitad la agricultura del levante.